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Una denuncia que se renueva: corredores inmobiliarios sin matrícula

Según el Colegio de Corredores Inmobiliarios son más de 200 los agentes sin matrícula en todo el sur provincial. En su mayoría, son veteranos que no quisieron adaptarse a la ley sancionada en 2010 que regula la actividad profesional.


Un relevamiento del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe detectó que en el sur provincial más de 200 personas ejercen la profesión sin matrícula. En Rosario son 120 los comerciantes que trabajan en el mercado inmobiliario sin habilitación. La mayoría son veteranos del negocio que cuando en 2010 se sancionó la ley provincial que regula la actividad no se adecuaron a la norma. Según el presidente del colegio, Julio Farah, para resguardar los bienes y el patrimonio los ciudadanos deben operar con profesionales formados y controlados desde un punto de vista ético. “Cuando los sectores más humildes son estafados por una inmobiliaria no suelen hacer la denuncia. Muchas veces están estos comerciantes detrás de los engaños, quienes continúan ejerciendo la actividad”, explicó.

Ley 13.154

En 2010 la Legislatura provincial sancionó la ley 13.154, que estableció que cualquier persona que tuviese a su cargo una inmobiliaria debía tener título de corredor inmobiliario y estar matriculada. La norma habilitaba la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Bajo su tutela, nacía el Tribunal de Disciplina y Ética Profesional que se ocupa de juzgar la conducta de los corredores. En la evaluación rigen alrededor de 70 tipos de faltas y cuatro sanciones, que van desde el llamado de atención hasta el retiro de la matrícula.

Con la nueva ley todos aquellos que ejercían la profesión debieron profesionalizarse y colegiarse. Cabe aclarar que la norma no alcanza a las personas en relación de dependencia de las inmobiliarias, sino a los titulares. En el sur provincial fueron 1.300 los agentes que obtuvieron su matrícula, a los que se suman otros 500 en el norte santafesino. En Rosario, los profesionales trabajan en entre 600 y 700 inmobiliarias registradas legalmente.

Incumplimiento

Pero, según un relevamiento del Colegio, hubo un universo que no se adecuó a la norma. De acuerdo con Julio Farah, desde la institución detectaron más de 200 personas que en el sur provincial ejercen sin matrícula. De esos, alrededor de 120 están en Rosario. “Se trata de comerciantes que no quisieron adaptarse y que continuaron ejerciéndo en la ilegalidad, con todo lo que eso implica”, dijo Farah, y agregó: “Cuando alguien es estafado en un negocio inmobiliario no suele saber si la transacción fue hecha con un profesional. En los sectores más humildes la situación empeora porque cuando son víctimas de un fraude no lo denuncian, y pierden todos sus ahorros. Mientras, estas personas continúan ejerciendo la actividad sin tener matrícula, sin poder ser controlados por el tribunal ético”.

Se trata de comerciantes que trabajan como si fuesen una inmobiliaria con corredores habilitados: tienen locales que dan a la calle, ponen carteles en propiedades y hacen publicaciones en clasificados.

Los casos relevados por el Colegio serán presentados a la Justicia Penal rosarina, y se encuadran en los delitos de ejercicio ilegal de la profesión o usurpación de título, con penas de 15 días hasta un año de prisión. Sin embargo, esta no fue la primera vez que el Colegio denunció a los comerciantes inmobiliarios ilegales. En 2013, los profesionales presentaron a la Justicia 52 casos, que prescribieron con la implementación del nuevo Sistema Procesal Penal.

Proteger a la población

Según Farah, las denuncias en la Justicia tienen como fin que los comerciantes que ejercen de manera ilegal se adapten a la ley para que puedan ser regidos por las normas éticas de la profesión y se eviten las estafas. “No lo hacemos con el afán de cerrar inmobiliarias sino de proteger la calidad del servicio que se le debe brindar a la población. Muchas veces se carga contra las inmobiliarias sin saber que detrás de muchos engaños están este tipo de comerciantes. Lo que estamos cuidando es el proyecto de vida de los ciudadanos, que no sean víctimas a la hora de comprar un bien”, explicó, y agregó: “Le pedimos a la gente que, para resguardar sus bienes y su patrimonio, acudan a profesionales formados y controlados desde el punto de vista ético”.

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