Carina Ortiz
Tiene 36 años, vive en Villa Gobernador Gálvez y tenía una yegua. El animal se encontraba en muy mal estado, tenía algunas partes del cuerpo infectado, y su deterioro físico no le permitía caminar. Murió a fines de julio de 2017. Personal municipal la había retirado del lugar pero los esfuerzos por salvarla fueron en vano. Su dueña fue imputada por maltrato animal y ahora logró que se suspenda el juicio en su contra por el plazo de un año. En caso de que cumpla con las reglas de conducta impuestas, entre ellas donar 350 pesos por mes a una institución, no le quedará la anotación penal en su prontuario.
Paola E. tenía una yegua mestiza, alazán de 1,50 de alzada en su casa de la vecina localidad. El animal no tenía los cuidados requeridos. Médicos veterinarios constataron heridas de vieja data en todo el cuerpo, algunas de ellas estaban infectadas y eran profundas, incluso las lesiones llegaron al punto de no permitirle caminar.
La intervención de otra mujer hizo que el hecho no quedara en la nada: presentó una denuncia acompañada de varias fotografías del animal a fines de junio de 2017; al mes siguiente el equino falleció.
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Tras la denuncia se inició una investigación. Intervino personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) villagalvense, hubo informes de la subsecretaría de Control y Convivencia Ciudadana sobre el mal estado general de la yegua y de dos veterinarios, uno de ellos del 24 de julio (cinco días antes de la muerte), donde constataron evidentes signos de maltrato animal. La yegua salió de la custodia de la mujer pero su estado general era tan malo que murió el 27 de ese mes.
Paola E. fue imputada por la fiscal Mariela Oliva, quien le atribuyó el delito de maltrato animal encuadrado en la llamada ley Sarmiento, la 14346, artículo 2, inciso 1. En esa oportunidad la sospechosa dijo que el animal era de su hija, añadió que estaba lastimada porque la había golpeado otro animal y que no la maltrató. Aseguró que se la llevaron en un tráiler con vida y que no tuvo que ver con la causa de su muerte. Pero el caso siguió adelante.
Este martes, en una audiencia de suspensión del juicio a prueba, la fiscal Mariela Oliva con acuerdo con el defensor José Girado presentó ante el juez Héctor Núñez Cartelle un pedido de probation. Dijo que en el caso de resultar una futura condena, a la mujer le correspondería una sanción de cumplimiento condicional, a lo que sumó que la imputada no tiene antecedentes condenatorios, por lo que solicitó la suspensión de la causa por un año y el cumplimiento de reglas de conductas entre ellas fijar domicilio, someterse al control de la Dirección de Asistencia Post Penitenciaria y hacer donaciones mensuales de 350 pesos por 12 meses a una institución.
En el caso de que Paola E. cumpla con las reglas de conducta impuestas por el plazo de un año la acción penal se extingue.
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