La Justicia dejó sin efecto la medida cautelar otorgada a principios de julio pasado por el juez en lo Civil y Comercial Pedro Boasso. Allí se ordenaba a la Municipalidad de Rosario que se abstuviera de otorgar nuevas habilitaciones comerciales en el radio comprendido entre las calles Balcarce, Francia, Jujuy y Rivadavia.
A raíz de la presentación de numerosos comerciantes afectados, patrocinados por los abogados Marcos Peyrano y Froilán Ravena, este viernes se hizo una audiencia de conciliación con la participación de los vecinos demandantes y de la propia Municipalidad.
En el encuentro se acordó dejar sin efecto la medida cautelar que suspendiera en general el otorgamiento de nuevas habilitaciones. Y en su lugar solo se ordenó al municipio dar cumplimiento a la normativa vigente.
Esta resolución descomprime la situación y lleva alivio no sólo a los comerciantes afectados, sino también al Sindicato de Empleados Gastronómicos y a la Asociación Empresaria de Rosario, quienes se habían manifestado fuertemente en contra de la resolución que ahora quedó sin efecto.
Las partes destacaron que lo resuelto es el fruto de un acuerdo entre los vecinos demandantes, la Municipalidad y los comerciantes afectados, quienes habían comparecido como terceros en el juicio iniciado.
Todas las partes coincidieron en que la medida originaria había sido dictada en forma muy general, por lo que debía ser dejada sin efecto, opinión que también había expresado el fiscal del caso.
La resolución implica que quienes tenían su habilitación en trámite podrán continuar con ese proceso apegándose a la normativa y requisitos vigentes sin que exista prohibición o suspensión judicial.
Mal precedente
El fallo de ayer se da en el marco del conflicto entre vecinos y comerciantes que se viene dando en el barrio.
Los vecinos se quejan de los “constantes ruidos molestos que hay en la zona”. Por eso llevaron el caso a la justicia.
Para la Asociación Empresaria de Rosario, la decisión que había tomado Boasso ponía en riesgo la “seguridad jurídica para el sector comercial y, por ende, la previsibilidad de nuevos emprendimientos. Afectando así la continuidad y generación de fuentes de trabajo”.
“Entendemos la necesidad y atendemos a los derechos de los vecinos, y más allá de la facultad que sabemos que tienen el municipio y la Justicia de tomar este tipo de decisiones, es indispensable para la AER que los comercios funcionen en la marco de las normativas y que éstas sean respetadas”, dijo Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria.
En juego
En tanto, el presidente de la Asociación Civil Mercado Pichincha, Reinaldo Bacigalupo, dijo que están colaborando con todo lo que pide la Municipalidad.
“Este año hubo más inspecciones que nunca. Ni hablar de las horas extras de la Guardia Urbana Municipal (GUM), que desde hace cinco meses están en el barrio”, señaló el empresario.
Según Bacigalupo, la cautelar había trabado la apertura de cinco locales a corto plazo y otros 10 que ya habían hecho la compra del fondo de comercio y generado las marcas para empezar a funcionar en la zona.
En sus cálculos, eran unas 200 fuentes de trabajo las que esperaban por la decisión judicial de Boasso. “De los ya instalados, entre bares, heladerías y cafeterías, son casi 3 mil empleados los que hay contando la cadetería. Y otros 5 mil empleos indirectos vinculados a proveedores y distribuidores”, enumeró el empresario.
Los motivos
Con todo, Flavia es una de las vecinas que había pedido la intervención judicial. Contó que fue una decisión consensuada entre vecinos y vecinas al no tener una respuesta de la Municipalidad respecto a los reclamos que venían haciendo por ruidos molestos, peleas y música fuera del horario permitido.
Según dijo a El Ciudadano, mantuvieron reuniones a principio de año con autoridades municipales, pero nunca los volvieron a contactar.
“Nos dijeron que la intendenta iba a formar una comisión para evaluar las habilitaciones teniendo en cuenta el plano. Pero nunca nos llamaron de vuelta”, explicó la vecina.
“No estamos en contra del crecimiento de la ciudad, de su oferta cultural y gastronómica, o de las fuentes de trabajo atadas. Pedimos que respeten un horario de descanso durante la semana. En ese crecimiento no contemplaron a los vecinos que ya estábamos”, compartió Flavia.
Según los vecinos y vecinas, que establecieron redes sociales propias para el intercambio con la ciudadanía, los lugares más conflictivos son Jujuy entre Oroño y Alvear; Alvear entre Brown y Güemes; Callao y Güemes, entre otros.
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