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Una cooperativa de vivienda autogestiva y de ayuda mutua en Rosario frente a la crisis habitacional

Aquí se constituye y coproduce la cooperativa La Creciente. Mientras cooperan preservando limpio  este lugar, se acuerpan y organizan imaginando que hay otros modos posibles de construcción de la  vivienda digna. Esta imaginación política cotidiana alcanza una política de cuidados socio comunitarios

Por Ruth Sosa/ Colegio de Profesionales de Trabajo Social 2da.Circ.Santa Fe

Atravieso con la línea 142 una larga distancia desde el extremo Oeste hacia el Sureste de la ciudad  de Rosario. Avenida Argentina al 5700, Parque Regional Sur, Barrio Saladillo Rosario. Un pedacito de  territorio tranquilo en el que el canto de los pájaros y las copas de añejos y frondosos árboles, movidas  por la brisa, interrumpen silencios. En esta geografía apacible, se emplaza un edificio de tres plantas  con ladrillos amusgados, teñidos por el óxido que destilan esas aberturas sin ventanas. Una  construcción prominente expuesta al abandono. En el corazón de esta vieja edificación, un amoroso  y cálido recinto preparado para encuentros, conversas, y para necesidades básicas tan vitales como  calentar el agua para el mate o para ir al baño. Condiciones mínimas y necesarias para habitar días prolongados de reuniones para decisiones importantes de la cooperativa; la que se congrega  asiduamente a sus socias y socios. Un grupo diverso e intergeneracional. En esas conversas se  hilvanan retazos para un hábitat tramado con hilos de solidaridad y enredos de cooperación. No podía  faltar una estética en la pared, a modo de mapa de nuestra ciudad, en el que se plasma un tejido de  luchas, resistencias y “re-existencias” de causas justas que abrazan nuestros movimientos, comunidades y pueblos. 

Aquí se constituye y coproduce la cooperativa La Creciente. Mientras cooperan preservando limpio  este lugar, se acuerpan y organizan imaginando que hay otros modos posibles de construcción de la  vivienda digna. Esta imaginación política cotidiana alcanza una política de cuidados socio comunitarios. 

La Creciente logró construir, por ayuda mutua, un salón de uso comunitario en el área de ingreso al  terreno. En palabras de una de sus integrantes, Silvina Grodziñski, “un lugar en el que ensayamos  imaginaciones de lo que materialmente necesitamos para vivir como queremos. Y lo gestionamos  políticamente ante el gobierno local, provincial y nacional. Así accedimos al suelo con una figura  dominial que encuadrara jurídicamente nuestras prácticas de habitar y producir socialmente hábitat”.  Entre sus múltiples propósitos, el lugar se piensa como un espacio socio-comunitario para las infancias  abierto a todo el barrio. Siguiendo el relato de Silvina, para lograr este espacio tuvieron que moverse  “entre las fisuras de la burocracia, que tienen nombre y apellido, y permiten construir puentes en lugar  de mostradores; acuerpando saberes, en horas y horas de completar planillas y formularios; dibujar  planos, hacer notas y reuniones, enviar mensajes insistentes”. A la par de “recibir promesas que se  cumplían en infinidad de semanas próximas”. En estos trajinares, la cooperativa logró que el Plan  Argentina Hace, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, arribara a la  Municipalidad de Rosario para construir entre este grupo cooperativo y el de TecyPro el salón de uso  comunitario. Previamente, la cooperativa, en jornadas de ayuda mutua, había adecuado un sector  para que sirviera como obrador. La cuestión es que los tiempos se fueron dilatando, junto al proceso  hiperinflacionario que transitamos, y la obra no pudo concluirse. Y al desaparecer el Ministerio de  Obras Públicas, se fueron borrando los puentes amenazando la propia historia construida como  cooperativa. Se dio de baja el proyecto por no estar completado y el Municipio debe devolver a Nación  la inversión realizada. Entre algunas de las cosas pendientes, quedan las mejoras en el alumbrado  público, en la red de aguas y de veredas en toda la cuadra, así como el tema cloacas. 

Con estas metas, este grupo de cooperativistas que se acuerpan y se organizan por el sueño de un  lugar “seguro” para habitar. Aguardan una respuesta de las autoridades para dar continuidad a su  proyecto colectivo de alcance socio-comunitario. Digo lugar “seguro” pensando en las seguridades  que nos faltan con relación a poder habitar una vivienda digna en la que podamos desenvolvernos  como seres humanos junto a quienes convivimos. Ese abrigo que necesitamos como seres humanos para sentirnos abrazados en un entorno cuidado. Un derecho que está consagrado en nuestra  constitución nacional y que, sin embargo, un gran caudal de seres humanos se ve privados de esa  condición vital.

El proyecto que abraza La Cooperativa La Creciente no se trata del mero “sueño de la casa propia”.  Se trata de hacer posible un imaginario cooperativo y solidario que abraza el derecho de habitar la  ciudad. 

La crisis habitacional que vivimos en Rosario en los tiempos contemporáneos no es una cuestión  coyuntural ni mucho menos un problema local: pone en vilo al Estado, cuestiona profundamente los  modos tradicionales de construcción de políticas públicas interrogando a los agentes gubernamentales  como los principales agentes capaces de proponer proyectos, así como los modos de ejecutarlos y  llevarlos a cabo. 

Sabemos por experiencia cotidiana que alquilar en Rosario se viene tornando una hazaña cada vez  más difícil de ser afrontada por quienes vivimos de nuestro trabajo. En un modelo que golpea  neurálgicamente a las clases medias, quienes alquilan se están viendo inducidos a tomar deudas para  pagar su alquiler a la par que el mercado inmobiliario percibe una fuerte demanda de alquileres  residenciales. 

Una encuesta nacional de la organización de Inquilinos Agrupados expresa la dramática situación de  la población que alquila. Muestra que el 88,4% de quienes alquilan en Rosario tienen preocupación  por su situación habitacional dado que sus ingresos no podrán pagar la renta mensual. Es importante  tener presente que, tras la sanción del DNU 70/23, pagan alrededor de un 50% más que quienes  firmaron contrato bajo el régimen de la Ley de Alquileres. Con la derogación de esta ley, los contratos son más cortos y también más caros por efecto de la actualización que es mensual o trimestral;  actualización e inflación que no acompaña el régimen de los salarios.  

Ante estas circunstancias, que son cíclicas en nuestra historia argentina, La Creciente, una  cooperativa, sostenida desde hace más de una década de organización, resistencia y lucha, vienen  planteando una propuesta concreta a los diferentes estamentos del gobierno con la finalidad de  resolver el problema habitacional de quienes la integran. La cooperativa la constituye un grupo  heterogéneo de trabajadoras y trabajadores, profesionales, jubilados, con componentes  intergeneracionales. 

A diez meses del gobierno de Milei, experimentamos un inusitado ajuste predatorio, voraz y acelerado.  Un proyecto neoliberal, ortodoxamente economicista, cuyo resultado agrava la condición de ser clase  media trabajadora y a la vez empobrecida. Esta determinación va derivando en un hecho inédito ante  la imposibilidad para afrontar el pago del alquiler de una unidad habitacional de forma individual: hay  quienes hoy necesitan agruparse para cumplimentar un pago mensual de alquiler. No faltan familias o  personas jubiladas que, frente a las condiciones actuales, han tenido que mudarse a una pensión.  Durante la crisis de los noventa vimos el efecto de los “nuevos pobres estructurales”: un indicio de ello  eran las familias que se mudaban a casas localizadas en terrenos fiscales en las zonas periféricas de  la ciudad. En la actual coyuntura, estamos viendo cómo muchas familias nuevamente son empujadas  hacia los entornos periféricos de la ciudad. 

¿Cómo resolvemos la crisis habitacional que se agrava cada vez más aun cuando se dispone, como  en este caso, de “espacios ociosos” y que, sin embargo, no tienen accesibilidad económica para  acondicionarlo y habitarlo? ¿Cómo se construye una política pública de accesibilidad a quienes  necesitan un lugar para vivir y que proponen un proceso de construcción colectiva por ayuda mutua? 

Una construcción de tres plantas abandonada desde hace más de cuarenta años emplazada frente al  Parque Regional Sur, en el corazón del barrio Saladillo. El dueño había cedido a la Municipalidad de  Rosario esta propiedad pasando a conformar el fondo de tierras municipal. Pensando en un uso  legítimo de herramientas legales de política urbana que redireccione la utilización a las propiedades  ociosas, la Creciente viene tejiendo un proyecto de vivienda social. Así, la cooperativa nos propone  una política pública de hábitat sostenible. 

Este predio, el que –insistimos- se hallaba totalmente abandonado fue captado y abrazado por un  grupo de personas que comenzaron a pensar en un inédito viable: construir un hábitat que también  abrace a la comunidad de proximidad. Este espacio urbano aloja un significativo proyecto autogestivo,  con valores democráticos desde la pluralidad y desde la micropolítica de la cooperación y la  solidaridad, que resolvería el problema habitacional a 11 familias rosarinas. Este proyecto solidario no  sólo alcanzaría a estas familias, sino que se torna extensivo para el entorno de proximidad a través  de un proyecto ambiental y socio-comunitario. Esta matriz de organización autogestiva y de ayuda  mutua ya tiene antecedentes en otras latitudes con experiencias muy bien sucedidas en Uruguay,  Chile, Brasil, México, Canadá, Chicago-Estados Unidos, España y otros países de Europa. 

Integrada por familias y personas con recursos insuficientes para acceder a una vivienda, la  Cooperativa La Creciente, que representa al Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), elaboró un proyecto concreto, colectivo y de ayuda recíproca con el propósito de construir una solución a un  problema que afecta a una enorme masa de la población en nuestro país.  

Algo significativo de la cooperativa La Creciente es su laboriosa gestión en el circuito de las políticas  públicas: presupuesto participativo, fondo de tierras, coproducción del proyecto arquitectónico entre el  grupo cooperativo y el Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad y sus dependencias; la  gestión ante organismos de la Nación. Toda esta trayectoria cooperativa, que se traduce en su  capacidad de reconocimiento y diálogo acumulado a nivel nacional, consigue que la gestión nacional,  que es de diferente signo político que el del municipio, acceda a subsidiar el espacio comunitario a  través de la administración municipal. La cooperativa de viviendas define, aunque con resistencias, la  cooperativa de trabajo que llevaría adelante la obra del espacio comunitario. Esta condición, que  finalmente es aceptada, soporta el disciplinamiento burocrático pre-existente, que ha construido el  vínculo Estado-Cooperativas de un modo particular. 

La presentación ante el Concejo Municipal del proyecto fue diseñada cooperativamente por  profesionales del MOI. En éste se solicita la transferencia del inmueble que se concretó en 2018 con  el consenso de todos los bloques. Si bien se trataba de una cesión precaria que se renovaba  automáticamente cada dos años, parecía ser una meta en miras de la tenencia permanente.

En 2019, tras una sostenida labor de gestión y articulación con organismos locales y provinciales, y  previo a concluir la gestión del gobernador santafesino Miguel Lifschitz, se firma un convenio marco  para el financiamiento de las obras mediante la Dirección provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU).  En ese marco, conforme relata Silvina Grodziñski, se establecía la constitución de una mesa de trabajo  que debía convocar el gobierno local. Mediante este convenio, la municipalidad se comprometía a  transferir el terreno mediante un crédito asequible, mientras el gobierno provincial se comprometía a  financiar los costos de materiales y trabajo de obra. La cooperativa de vivienda administraría esos  recursos contratando una cooperativa de trabajo para su edificación, e incorporaría horas de trabajo  de ayuda mutua por parte de los usuarios de las viviendas a los fines de abaratar costos. Esos fondos  provienen del FONAVI, que en nuestras provincias se utilizan para viviendas sociales. Así, el gobierno  local financiaba el proyecto con un crédito accesible para pagar en cuotas y la cooperativa se  corresponsabilizaba en la construcción por ayuda mutua. El desafío es demostrar que esos mismos  recursos, administrados por los futuros usuarios, incorporando trabajo y eliminando el lucro en pos de  la construcción de una vivienda realmente adecuada a sus habitantes, pueden producir un hábitat  sostenible y digno. 

La pandemia del Covid-19 fue un parteaguas en tanto interrumpió esta labor asociativa al punto que  el Concejo Municipal necesitaba saber qué había ocurrido con el convenio y las mesas de diálogo  entre el ejecutivo local, el provincial, el concejo y la cooperativa. El proyecto quedó trabado en las  estructuras administrativas. 

En 2021, tras las insistentes tramitaciones por parte de quienes integran la cooperativa, se consiguió  retomar el tratamiento con las autoridades. El intendente Pablo Javkin así como Silvia Frana, ministra  de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat Provincial, dieron su apoyo. 

En suma, este inédito proyecto cooperativo parece tambalear en dos posiciones: mientras la  Municipalidad espera que el gobierno provincial autorice el financiamiento, desde la Casa Gris parecen  aguardar la cesión formal del inmueble a favor de la cooperativa, lo que habilitaría otorgar el crédito,  hipotecando el predio como reaseguro del cobro. 

Quienes se vienen acuerpando y organizando como cooperativistas desean desarrollar su proyecto  en un marco de legalidad y así vienen insistiendo y persistiendo ante las puertas que se abren de  algunos legisladores pero que, cuando lograr trascender esa frontera los papeles que siguen la vía de  la legalidad parecen quedarse descansando eternamente en los cajones de la burocracia político administrativa. ¿Acaso estarán esperando que sea la propia “ciudadanía”, en este caso, este  movimiento grupal cooperativo que le pone el cuerpo y el corazón al proyecto ininterrumpidamente, la  que, cansada de tantas trabas -sin que les dé una respuesta fehaciente a semejante iniciativa y  organización de base- sean las que se atrevan a ocupar o usurpar para lograr mover algo de esa  legalidad? ¿Cómo mover reglas que quedan atrapadas, cuando no enquistadas en la inercia  burocrática político-institucional de la esfera gubernamental? 

Habitar es mucho más que ocupar un lugar. Habitar es hacer y hacerse desde y con el territorio.  Quienes integran la cooperativa La Creciente amasan con sus cuerpos un proyecto colectivo que  alcanza el ecosistema ambiental. Habitar es construir lazos solidarios y cooperativos junto al entorno. En sus procesos colectivos reflexivos, la cooperativa viene debatiendo cuestiones como “construcción  sin ladrillos”, proyectando formas de convivencias solidarias y de vinculación con el barrio. Con un cuidado sostenible del medio ambiente, con ahorro energético y con una cultura que abraza también  la cuestión climática. 

Quienes sostienen con su cuerpo y organización La Creciente tienen la convicción de que este  proyecto es viable. Necesitan que el Estado sea garante de este derecho para que el mismo pueda  plantearse como un imaginario político posible y esta experiencia pueda ser replicable a los efectos  de ir planteando una alternativa viable ante la crisis habitacional que se agrava en nuestros territorios. 

Habitar la ciudad es un derecho. Y esta grupalidad cooperativa propone una solución concreta que no  es nacida de la espontaneidad: la vienen rumiando y amasando desde 2012. Están proponiendo una  matriz cooperativa de construcción de hábitat como horizonte y sentido de habitar la vivienda digna.  Un sueño en el que confluye lo más singular y lo más colectivo. Tan sólo solicitan que el Estado sea  garante de este proyecto porque el cuerpo con disposición a la cooperación y la organización ya está  garantizado. Hoy este proyecto también se abre hacia una perspectiva agroecológica en el que el  entorno natural se potencia hacia una mirada ambiental. Si esta experiencia integral no constituye una  propuesta de política pública de hábitat sostenible, ¿cuáles serían entonces?

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