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Destrucción en las islas activa reacción rosarina

Por Claudio de Moya.- “El Paraná no se toca” denunció así a empresario rosarino por el terraplén con que secó importante arroyo.

Casi como una paradoja, fue un velatorio el que hizo nacer otra vez la atención pública sobre las amenazas al ecosistema de islas, sin que esta vez mediara el molesto humo de las quemas de pastizales sobre la ribera urbanizada del río marrón. Al cabo de un raid en kayak, el colectivo de autoconvocados “El Paraná no se toca” puso en escena la “muerte” del arroyo De la Cruz con la colocación de una corona sobre su cauce ahora seco, y en el mismo acto denunció al ganadero rosarino que volvió a levantar el extenso terraplén responsable no sólo de taponar ese histórico paso para los pescadores, sino también de “partir al medio” todo el sistema de escurrimiento de aguas a lo largo de 12 kilómetros de territorio insular. Hace 10 días presentaron la inquietud a la Municipalidad de Victoria (Entre Ríos), con jurisdicción en esos territorios, y la semana pasada obtuvieron un pronunciamiento en el Concejo de Rosario.

El intento de ofrecer cobertura legal centenaria a un gigantesco emprendimiento de monocultivo en las islas, más las desaprensivas actividades empresarias que se expanden en ese territorio a caballo de los deficientes controles estatales, fueron, junto a la posibilidad que ofrecen los nuevos soportes de comunicación, la trama de la que emergió “El Paraná no se toca”. El singular grupo superó, a poco más de dos meses de su primera convocatoria por Facebook, los 2.500 colaboradores en la red social, y consiguió instalar así una masa crítica de voluntades en torno a la necesidad de preservar cientos de miles de hectáreas de humedales.

Lo que se empeñan en exponer desde hace años numerosas organizaciones ambientalistas de Santa Fe y Entre Ríos es puesto otra vez sobre el tapete por los autoconvocados. El Paraná es más que la Hidrovía y los negocios portuarios del complejo agroindustrial, el soporte para las ganancias de emprendimientos náuticos y turísticos o las de los frigoríficos de pescado. Aloja, a lo largo de sus últimos 300 kilómetros, parte del corredor de humedales más grande del planeta, que se extiende desde el Mato Grosso brasileño hasta el Río de la Plata. Lo que se ve frente a Rosario corresponde a la transición entre las regiones denominadas Delta Superior, que arranca a la altura de la ciudad entrerriana de Diamante, y Delta Medio, que se extiende hasta la bonaerense de Baradero.

Con base en Rosario, los integrantes de “El Paraná no se toca” aclaran sin embargo que no reconocen otra frontera geográfica o política que no sea la contribución a la defensa de este reservorio de diversidad biológica amenazado por el avance de las lógicas puras de mercado, proceso que en gran medida se monta en el desconocimiento sobre la importancia de ese dinámico y a la vez frágil ecosistema.

Biólogos, docentes, pescadores deportivos, abogados, kayakistas, ambientalistas. Gente con diferentes oficios y trayectorias que conoce el río, lo recorre y lo quiere, comenzó a unirse hace poco más de dos meses para rechazar una ley entrerriana que habilitaba, por nada menos que 99 años, la concesión a un emprendimiento privado para la explotación arrocera en tierras fiscales de islas de los departamentos Victoria y Gualeguay. Esa actividad agropecuaria intensiva, que incluía el permiso para modificar la topografía del suelo contrariando legislación ambiental vigente, podía poner en grave riesgo el humedal, ya golpeado por otros emprendimientos “productivos” similares. El grupo, que se inspiró en la consigna del rechazo riojano a la minería a cielo abierto en Famatina, hizo visible el problema de tal manera que, junto a la presión de organizaciones ambientalistas de una y otra orilla del Paraná, consiguió finalmente que el gobierno de Entre Ríos diera marcha atrás con la normativa y abriera rondas amplias de consulta ciudadana para regular el uso del suelo de aquí en más. Ahora, con 2.530 seguidores activos en su página de Facebook y unos 30 integrantes que se reúnen una vez a la semana en Rosario, los “autoconvocados”, como se definen, se proponen enfocar la atención de los medios y las autoridades sobre otra de las amenazas al jaqueado ecosistema de humedales: la construcción de extensos terraplenes que modifican el patrón de escurrimiento de las aguas superficiales interiores y secan sus lagunas, lo que genera un pasivo ambiental de magnitud imprevisible sobre el patrimonio común para aumentar activos económicos particulares. Quienes aportan sus ideas e inquietudes a “El Paraná no se toca” se transformaron, además, en una novedosa red de información sobre lo que ocurre en un territorio muchas veces invisible para las autoridades: con las fotos que sacan en sus incursiones y suben a varios blogs, o las imágenes que insertan en la aplicación de internet Google map, ponen en evidencia, para el que quiera verlo, el avance depredador sobre una jurisdicción de 370 mil hectáreas de difícil –y también escasa– fiscalización.

Con su convocatoria a través de Facebook y movilizaciones al Monumento a la Bandera, los autoconvocados contribuyeron a la derogación de la ley entrerriana 10.092 que creaba la sociedad anónima Arroz del Delta Entrerriano, sancionada por la Legislatura provincial el 16 de diciembre de 2011 y dada de baja el 9 de febrero pasado por el mismo cuerpo a instancias del gobernador Sergio Urribarri, quien volvió sobre sus pasos tras el amplio rechazo que cosechó la normativa. Decidieron entonces continuar con el grupo aportando a la defensa del extenso humedal isleño, regulador de las crecidas y bajantes del Paraná, fuente de trabajo para pescadores y pequeños y medianos productores y reservorio de numerosas especies ictícolas, de mamíferos y aves, además de hábitat para una amplia diversidad vegetal. Son alrededor de 30 los que se reúnen en el gimnasio de capoeira ubicado en avenida Alberdi y bulevar Avellaneda. Ya se verá si un proceso de crecimiento los obliga a otra forma organizativa, pero por ahora se empeñan en no institucionalizarse y mantener un funcionamiento horizontal con apenas la designación de dos voceros. Cada martes, a partir de las 20, debaten en torno a un amplio abanico de insumos: además de legislación y estudios académicos, cuentan con las denuncias, documentos e información que aportan sus 2.530 seguidores por internet, a quienes mantienen al tanto de cada decisión que toman. Es que, además, no tienen trazada una estrategia, sino que avanzan “paso a paso”. Y aclaran: nada está más lejos de sus intenciones que la reedición de una “pelea” entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos como la que distorsionó el trasfondo de la descontrolada quema de pastizales ocurrida entre marzo y noviembre de 2008, que no sólo afectó a Rosario con el humo que cubrió la ciudad sino que abarcó a un total de 280 mil hectáreas en todo el Delta del Paraná, más del 16 por ciento de su superficie. “El humedal no es de una provincia, es de todos”, enfatizan. Y para eso comenzaron a trabajar en conjunto con pares y ONGs entrerrianos y en especial de Victoria.

La última “puesta en escena” de “El Paraná no se toca” fue el velatorio del arroyo De la Cruz, que en conjunto con el Club Rosarino de Kayakistas retomó una propuesta del fallecido kayakista Adrián Bussi. Mediante una corona hecha con vegetación del lugar, expusieron simbólicamente la “defunción” del curso de agua taponado por el ganadero rosarino Enzo Mariani, dueño además del complejo náutico Henry Morgan, sobre avenida Colombres, cerca del balneario La Florida. “El primer cerramiento lo hizo en 2005. Se le abrió con una crecida y dos años después lo volvió a hacer, partiendo al medio todo el sistema de humedales de esta zona”, sintetiza Maximiliano, uno de los voceros del grupo.

Mariani endicó su campo, situado a unos 10 kilómetros de Rosario yendo por el puente Rosario-Victoria hacia Entre Ríos, y con ello interceptó el curso del arroyo De la Cruz, una bifurcación del arroyo Paranacito, paso histórico para los pescadores y fuente de la laguna del mismo nombre que supo ser un gran reservorio de sábalos. No se trata de una intervención menor: son 12 kilómetros de largo, cinco de ancho y dos de alto levantados a base de maquinaria pesada cuyo trazado puede verse en las fotos satelitales de Google. Hace diez días, el grupo le entregó a la Municipalidad de Victoria, que tiene jurisdicción y poder de policía sobre la zona, toda la documentación de esa “obra civil” utilizada por el ganadero para ingresar a su vivienda insular y trasladar su hacienda en camiones, aprovechando la cercanía de su propiedad con la conexión vial interprovincial. En la nota solicitaban información sobre la legalidad o no del terraplén. Se trata de una presentación firmada a título personal y de carácter administrativo. Pero sobre Mariani también pesa, y por el mismo motivo, una demanda judicial de su “vecino” isleño Jorge Montes.

Los autoconvocados esperan ahora la respuesta de Victoria para decidir cómo siguen, pero más allá de este caso puntual, se proponen relevar e informar sobre otras intervenciones similares. La abogada Victoria Dunda, la otra portavoz del colectivo conservacionista, aclara que no se plantean una posición ecologista radicalizada contra cualquier actividad productiva. Por el contrario, resalta que hay muchos emprendimientos sustentables que se podrían realizar en las islas sin poner en peligro ese hábitat, como sí lo hacen los avances de la agricultura basada en uso intensivo de agroquímicos o la ganadería a gran escala.

En Rosario, hubo eco en el Concejo por intermedio de Diego Giuliano, presidente del bloque Encuentro por Rosario. El edil presentó un pedido de informe al Palacio de los Leones para que lo haga extensivo a la Municipalidad de Victoria con el fin de notificar sobre la existencia o no de autorizaciones para el bloqueo de cursos navegables en los humedales del Paraná. Específicamente, el texto menciona “movimientos de suelos que importen el bloqueo de los cursos navegables del arroyo de La Cruz, La Zorra, Zanjón Ancho, Laguna de la Cruz y Boca de la Cruz”. La acción no es vinculante, ya que el territorio en cuestión pertenece a la jurisdicción entrerriana, pero aporta visibilidad sobre el problema desde la otra ribera del “pariente del mar”, como llamaron los guaraníes al río marrón.

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