Hay un nuevo paisaje, superpoblado. Se construye con el incesante aumento de computadoras y piezas informáticas acusadas de obsoletas con creciente rapidez y donde además proliferan teléfonos móviles que ya son “viejos” antes de pagar su última cuota. También crece con la oferta constante de nuevos electrodomésticos, o alarmas de todo tipo cuya demanda es alimentada por el temor a la sobreexpuesta inseguridad. Sin cerrar la lista, se pueden agregar infinidad de “chiches” asiáticos de bajo precio y pronta falla. A escala global, y la Argentina no es la excepción, este vertiginoso aumento de equipos tecnológicos desató el dilema de cómo y dónde descartarlos cuando –cada vez a mayor velocidad– dejan de utilizarse. Así se llega al problema de los residuos eléctricos y electrónicos, una verdadera chatarra “de última generación” que en el país se genera a razón de entre 80 y 90 mil toneladas por año. Una basura compuesta por materiales altamente tóxicos que, si no reciben un tratamiento diferencial, suman otra seria amenaza al ya castigado medio ambiente y a la salud humana en cualquier barrio de la ciudad, y en cualquier ciudad del planeta.
Hace dos semanas, el Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto clave: “ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” es el nombre de la norma, que entre otras cosas obliga a las compañías que producen o ensamblan estos productos a hacerse cargo de su reciclado y correcta deposición al finalizar su vida útil. Este avance, después de tres años de discusión y fuertes lobbies empresarios en contra, tiene bastante que ver con Rosario. Desde la ciudad hubo una verdadera militancia en todos los frentes para que el proyecto salga de su letargo parlamentario: el Concejo Municipal, el Ejecutivo y ONGs locales enviaron cartas a las comisiones de la Cámara alta en las que se debatía la iniciativa para reclamar su urgente tratamiento.
Y ahora van por más: el Palacio de los Leones quiere que se legisle en sentido similar sobre los envases. Es que son otro dolor de cabeza para los municipios: como responsables de la recolección y disposición de la basura, terminan recargando sus presupuestos –y las tasas que pagan los vecinos– por culpa de los mayores volúmenes de plásticos, papel, cartón, vidrio o aluminio que inundan los contenedores. Un indirecto “subsidio” público a numerosas empresas que multiplican ganancias con estrategias de marketing refractarias a la mínima responsabilidad ambiental.
En Rosario también se consigue
“No es justo que los municipios tengan que afrontar el costo de la deposición y el reciclado de esos residuos que generan las compañías con sus políticas de venta de equipos de escasa vida útil, y que tienen grandes ganancias”. Lo dice Daniela Mastrángelo, secretaria de Medio Ambiente de Rosario, en apoyo a una ley de residuos electrónicos que recién ahora empieza a parecer posible. Y con la misma lógica, la funcionaria reclama una norma que también obligue a las compañías a financiar el recupero o destino final de los cada vez más numerosos envases y envoltorios con los que salen de fábrica sus productos.
Mastrángelo recuerda que el municipio ya afronta varias de esas responsabilidades “privadas” mediante los programas de separación de residuos sólidos, y que paga cada vez más por la mayor necesidad de rellenos sanitarios y de transporte a los que obliga ese creciente volumen de basura. El dinero extra proviene, aclara, de las tasas municipales que pagan los vecinos. A esto se suma el financiamiento de programas sociales que, a la vez, buscan mejorar la situación de los llamados recolectores informales de cartones y plásticos. Y los primeros sábados de cada mes, además, el Ejecutivo local recolecta productos eléctricos y electrónicos en desuso que envía –a costa de las arcas públicas– a una firma de San Lorenzo para su reciclado (ver aparte). Por eso, la secretaria celebra esta media sanción en el Senado nacional. Pero va por más: una ley de envases que remita a los mismos preceptos, y que tome por modelo a las varias que ya rigen en Europa. Ambas normas, dice Mastrángelo, “serán un incentivo para que las compañías incrementen la calidad ambiental de sus productos, y para reducir los costos de su reciclaje una vez terminada la vida útil”.
Una cuestión de Estado
El primer paso en este camino lo dio el Congreso nacional con el proyecto que firma el senador Daniel Filmus. Como Mastrángelo, desde el Taller Ecologista argumentan que el tratamiento de la chatarra tecnológica “supera las capacidades técnicas y económicas” de los gobiernos locales. Mirko Moskat, del equipo de Residuos de la ONG rosarina, explica que este tipo de residuos “es complejo, con presencia de muchos elementos tóxicos, y requiere para su tratamiento una infraestructura” costosa. “Varios municipios iniciaron campañas que terminan en un cuello de botella, como las de las pilas, porque en la Argentina no hay ninguna empresa que recicle un alto volumen de baterías comunes y alcalinas, que son las de mayor generación”, agrega el ambientalista. Lo mismo opina el edil Alberto Cortés, miembro de la comisión de Ecología del Concejo, quien admite que los esfuerzos locales pueden aspirar a generar conciencia ambiental con vistas a futuro, pero no a enfrentar el problema que amenaza el presente. Mastrángelo añade que no hay posibilidad de legislar localmente sobre estos temas, porque involucran a compañías radicadas en otros distritos o, aún, trasnacionales.
Al otro lado de la ley
El ambientalista Moskat destaca que “la norma aprobada en el Senado plantea que deben ser las mismas empresas que venden estos productos las que tienen que adoptar responsabilidades legales y financieras para la gestión de los residuos: tienen que poner plata por cada artículo que ponen en el mercado para conformar un fondo que financie el recupero”. Y recalca el protagonismo de los rosarinos en este paso, vehiculizado por el Concejo Municipal, el propio Palacio de los Leones y las organizaciones civiles que integran el comité de seguimiento del programa vernáculo de Basura Cero, aprobado en noviembre de 2008. Todos estos actores enviaron cartas a las comisiones que trataron el proyecto que rubrica Filmus, y el Palacio Vasallo emitió una declaración institucional en su aval. Es que del otro lado la oposición fue mucha: “Hubo un fuerte lobby de los fabricantes de baterías para que se quitaran los artículos respectivos del proyecto, pero al final quedaron”, recuerda el integrante del Taller Ecologista.
“Falta desarrollar la infraestructura de reciclaje, y la idea es que la plata provenga de las empresas que generan el problema al vender aparatos que duran poco, que tienen obsolescencia programada. La iniciativa contempla esto, pero el cambio se dará porque al tener las compañías que costear la gestión de los residuos de sus productos, incorporándolos a sus ecuaciones económicas, les creará un incentivo para rediseñar los equipos de manera que duren más”, interpreta Moskat en referencia a la experiencia europea. Iniciado el camino, desde Medio Ambiente de la Municipalidad reclaman ahora que siga con los envases.
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