Paola Cándido
Luego de un operativo que hicieron policías federales a las órdenes de la Justicia, un hombre, sus padres y sus dos hijos -de 10 y 11 años- fueron rescatados el martes pasado de una situación de explotación rural en la localidad de Las Bandurrias del departamento San Martín.
La familia era sometida a trabajar de sol a sol por el propietario del campo, un veterinario que se desempeña como docente de la Universidad Nacional de Rosario (cuya identidad no fue informada), quien le pagaba “unos 140 pesos cuando quería” por hacer trabajos de cuidado vacuno, alambrado, siembra y mantenimiento de maquinaria agrícola al peón del establecimiento. A los dos menores, les abonaba 200 pesos diarios por hacer tareas de alimentación de animales, según el relato de Andrés Alasia, delegado del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) Santa Fe Sur.
El operativo se hizo luego de una orden de allanamiento dictada por el juez federal de Rafaela, Reinaldo Rodríguez, en una explotación agrícola llamada San Julián, ubicada a la altura del kilómetro 115 de la ruta provincial 40, cerca de Las Bandurrias.
Andrés describió que las personas fueron engañadas por su empleador, quien les había prometido estabilidad laboral y remuneraciones acorde con sus tareas. Sin embargo, se los sometía a vivir en condiciones muy precarias.
“Esta familia trabajaba los siete días de la semana, les adeudaban pagos, le descontaban el costo del gas, no tenían acceso a la salud y estaban bajo amenazas”, detalló Alasia.
El funcionario contó que “la primera inspección en el campo San Julián fue en octubre del 2020 y detectaron indicios de explotación rural de un peón, sus padres y sus dos hijos menores”.
“Hicimos la denuncia al 145 por trata de personas y trabajo infantil. En principio la Fiscalía desestimó la causa. Seguimos vinculados con el trabajador y la situación iba empeorando”, contó el funcionario.
Y siguió Alasia: “En marzo pasado se volvió a hacer una inspección y otra denuncia con documentación. Luego, los juzgados emitieron un oficio donde nos convocaron junto a la Policía Federal, la Afip, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, el programa de rescates y la Secretaría de Derechos Humanos santafesina, para hacer un allanamiento y posterior liberación de las víctimas. El operativo fue el sábado pasado donde se pudo hacer el allanamiento que duró muchas horas, pero no el rescate”.
Luego del allanamiento, los cinco integrantes de la familia quedaron en el campo con custodia policial, hasta que finalmente el martes pasado fueron trasladados a una vivienda que le adjudicó la provincia.
“Se pudo actuar con las fuerzas federales, la Justicia y con organismos nacionales y provinciales. A la familia se le está dando contención, asesoramiento jurídico por parte de Uatre y desde la Asistencia a la Víctima están en la búsqueda de un trabajo registrado en el ámbito rural, que es lo que quiere la familia”, explicó Alasia.
El funcionario explicó que “durante los operativos nunca encontraron al dueño del campo”. Y agregó, que “según el peón rural solía ir los fines de semana”.
“Ahora el caso está en manos de la Justicia. Esperamos que haya una imputación y condena porque es un delito penal”, cerró Alasia.
Del rescate a las víctimas también participó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificadas por el Delito de Trata, personal del Ministerio de Trabajo de la Nación y de Santa Fe, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Secretaría de Derechos Humanos santafesina.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos santafesina informaron que lograron el traslado y la reubicación de la familia, para lo cual contaron con la colaboración de los presidentes comunales de lLs Bandurrias y Pueblo Casas. Ahora, trabajan en la restitución de derechos del grupo familiar desde aspectos vinculados con la salud, la educación y el trabajo remunerado acorde con la normativa vigente.
“Junto con otros organismos y el laburo del equipo de la Secre restituimos derechos para una familia explotada por un dueño de un campo que encima es docente universitario. Esto corre por mi cuenta, sin comprometer a mi Institución, pero que un «colega» del claustro docente haga este tipo de cosas, me indigna sobremanera. Por suerte, o mejor dicho por el laburo inter-institucional hecho, podemos decir con satisfacción que la familia está feliz de la ayuda del Estado, que vuelven a vivir dignamente, y que quieren laburar cuanto antes para quien los respete como personas. En ello estamos, acompañando y reparando las cagadas de los «privados»“, dijo Santiago Bereciartua, secretario de Derechos Humanos de la provincia.
Línea 145
El 145 es una línea de atención telefónica gratuita para recibir información, solicitar asistencia y denunciar ante casos de trata de personas. Es atendida por profesionales capacitados en la problemática y funciona las 24 horas durante todos los días del año bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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