El Concejo Municipal de Rosario está trabajando en una ordenanza que busca establecer un canal de denuncias para situaciones de violencia obstétrica en el proceso del parto. El proyecto aguarda por las últimas modificaciones antes de su aprobación.
La propuesta se abordó en la reunión semanal de la comisión de Feminismos y Disidencias. El encuentro fue presidido por la titular de comisión, Caren Tepp, de Ciudad Futura. Asimismo, participaron Marina Magnani, de Unidad Ciudadana; Lorena Carbajal del bloque Socialista; Susana Rueda, de Rosario Progresista; y Daniela León, de Unión Cívica Radical-Juntos por el Cambio.
La norma es impulsada Magnani y plantea crear un canal de recepción de denuncias administrativas ante situaciones de violencia obstétrica, mediante la utilización del teléfono verde.
El objetivo, además de recepcionar las denuncias, es acompañar a la paciente frente a una situación de violencia obstétrica por parte del personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas gestantes.
Estas condiciones se pueden dar ante casos de “trato deshumanizado”, “falta de información fidedigna”, “abuso de medicación”, entre otros.
Ante una denuncia se iniciará en un proceso administrativo, pudiendo la denunciante contar con el derecho de continuar con el proceso judicial si así lo decidiese.
El proyecto aguarda todavía por su redacción definitiva tras los pedidos de modificación de la reunión de hoy. En caso de aprobarse y continuar el circuito legislativo, será tratado luego en la comisión de Salud, y posteriormente en su par de Presupuesto y Hacienda.
Para referirse al proyecto sobre violencia obstétrica se presentaron en la comisión de Feminismos y Disidencias María Petraccaro (CAMET), Andrea Caminotti (OVO Rosario), Ofelia López (Doulas de Rosario), y Cintia Retamozo.
Inició Magnani sobre la posibilidad de establecer sanciones en el marco público; y prosiguió Tepp, quien destacó la importancia del teléfono verde y la posibilidad de pensar en un Registro para contar con estadísticas. Y ver si aparecen en forma recurrente denuncias sobre determinados efectores de salud.
Más tarde, López contó sobre la tarea que realizan las doulas desde hace 15 años. “Este es un paso, es para celebrar. La importancia de que esto se visibilice y se difunda”, señaló sobre el proyecto en tratamiento.
Por su parte, Petraccaro manifestó su preocupación por la condición del teléfono verde, que no es agente receptor de denuncias hasta el momento. Y reflejó la importancia de la capacitación del personal.
En tanto, Caminotti marcó las variables “estadísticas, sanciones y formación” para darle visibilidad a la problemática desde la comunidad hasta la denuncia formal.
Sobre el final del intercambio con las referentes de violencia obstétrica, Carbajal indagó por la inclusión y la articulación de sus organizaciones en la mesa del Departamento Ejecutivo que trabaja sobre estas denuncias.
Los argumentos
“Hay leyes nacionales como la de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la de parto humanizado, pero no se crearon a nivel provincial ni municipal mecanismos de denuncia y registro de casos de violencia obstétrica; y ahora tenemos la posibilidad de establecerlos en el marco del Código de Convivencia que se está discutiendo para la ciudad”, señaló Maganani a la hora de justificar su proyecto.
Y explicó luego: “Lo que proponemos es crear un canal de denuncia administrativa para que las mujeres que padecen violencia obstétrica puedan denunciarlo y el municipio tenga la obligación de investigar los casos, incorporando estas prácticas como conductas sancionables en el Código de Convivencia, para que sean juzgadas y multadas por la Justicia Municipal de Faltas, ya que no siempre se trata de situaciones que se puedan calificar como delitos penales”.
“La violencia obstétrica es una de las formas de violencia de género, que se da cuando una institución de salud expone a las personas gestantes a situaciones de maltrato, despersonalización, humillación, medicalización innecesaria, patologización o violencia física y aislamiento, al momento de la gestación, parto y post parto”, recordó la concejala.
“Durante las necesarias medidas de aislamiento y distanciamiento social, las instituciones sanitarias, sobre todo las del sector privado, agravaron aún más las situaciones de violencia obstétrica, a través de diversas acciones. Por ejemplo, la exigencia del pago compulsivo de hisopados, contrariando un decreto del Ministerio de Salud provincial, que se sumó a los plus obstétricos, una práctica ya naturalizada e ilegal que castiga a las personas gestantes. Y también se incumplió el derecho de acompañamiento”, agregó la legisladora local.
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