Policiales

Delitos de uniforme

Un policía y su novia quedaron presos tras ser acusados de amenazar de muerte a una familia

El oficial prestaba servicios en Rosario y fue imputado por un violento episodio perpetrado la semana pasada en el barrio Yapeyú de Santa Fe, donde tiene domicilio. Una mujer dijo que le apuntó con el arma a ella y a sus hijos y les prometió "volver" 


Yanina Tolosa, la fiscal del caso.

Un agente policial de 31 años que prestaba servicios en Rosario y su pareja de 30 fueron imputados y quedaron presos por amedrentar a una familia radicada en el barrio Yapeyú de Santa Fe. Las acusación principal recayó sobre el oficial Fabián “Puchi” Giménez por ingresar a la vivienda de una vecina y apuntarla a ella y a uno de sus hijos con su arma reglamentaria –pese a que estaba de licencia– para luego amenazarlos de muerte. La pareja del oficial también quedó con prisión preventiva por el delito de amenazas simples, por un episodio que ocurrió momentos después dentro de la comisaría cuya víctima es otro de los hijos de la denunciante. A ese joven, de 19 años, también le imputaron un hecho de abuso de armas.

“Este no es el ejemplo del policía que queremos que nos cuide en la calle”, dijo la fiscal que investiga el caso, Yanina Tolosa, luego de exponer las graves acusaciones contra el uniformado ante la jueza Rosana Carrara, quien ordenó que el oficial permanezca detenido el tiempo que dure la pesquisa.

Según la acusación, el jueves 17 de marzo a las 14, el oficial Giménez, quien circulaba en su moto, armado y acompañado por su pareja, se presentó en una vivienda ubicada en avenida 12 de Octubre al 9600 de barrio Yapeyú y amenazó a una familia que vive en el lugar. “Sacó su arma reglamentaria, le apuntó a ella y a uno de sus hijos, los amenazó de muerte, les dijo que volvería y finalmente se fue”, contó la fiscal.

“Minutos más tarde, en la sede de la subcomisaría 17ª, amenazó a otro de los hijos de la mujer, lo señaló con el dedo y con su mano simuló tener un arma con la que le apuntaba”, agregó la fiscal Tolosa.

Según la denuncia, en esa oportunidad el oficial le advirtió al joven, apodado Cacarato: “Ya te vamos a manotear, si no sos vos, uno de tus hermanos va a caer”.

La pareja del policía, identificada por sus iniciales como V. C. G., de 30 años, también fue imputada por propinarle amenazas al muchacho dentro de la comisaría, delito por el que se le dictó prisión preventiva.

En su defensa, el policía declaró que ese jueves escuchó tiros de una forma descomunal en el barrio Yapeyú y que cuando dejaron de resonar vio a Cacaroto guardando un arma y le pidió “a gritos” que dejara de tirar.

Según el oficial, en esos momentos llegó el personal de Comando Radioeléctrico: “Colaboré con ellos y quedé a disposición”. No obstante, según el parte oficial de los efectivos del 911, al llegar al lugar se encontraron con dos versiones cruzadas, la del agente, sin uniforme, y la de la mujer que lo denunció por amenazas y apremios ilegales. Su hijo Cacarato fue imputado en la misma audiencia por el delito de abuso de armas.

Plata y plomo

Según expuso en la audiencia de este lunes la fiscal Tolosa, la bronca entre el policía encarcelado y la familia de la mujer amenazada viene de vieja data. La fiscal contó que en 2018, el joven Cacarato golpeó a un familiar del policía Giménez por el robo de una garrafa. Ese hecho, que podría parecer menor, derivó en una enemistad desproporcionada. Es que según la fiscal, ya son dos los testigos que declararon haber escuchado al policía Giménez ofrecer a los pibes del barrio 80 mil pesos y un arma “para sacar a Cacarato del barrio”.

Luego de escuchar a las partes, la jueza Carrara aceptó la calificación penal que pidió la fiscal. Para el policía por la autoría de los delitos de amenazas coactivas calificadas y de amenazas simples y para su pareja por amenazas simples. Para ambos dictó prisión preventiva. De esa manera, el oficial Fabián “Puchi” Giménez quedó a disposición del Servicio Penitenciario de Santa Fe para ser alojado en una de sus dependencias.

La prisión preventiva “sin plazo” se dispuso por pedido de la fiscal Tolosa quien argumentó la existencia de peligrosidad procesal, principalmente para evitar el entorpecimiento probatorio, ya que los testigos del caso son vecinos y el uniformado está acusado de propinar amenazas.

 

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