Este jueves inició un juicio oral y público contra un pastor evangélico, que supo ser policía y contaba con una vieja condena por apremios ilegales en su haber. El hombre está acusado de abusar y acosar sexualmente a feligreses, algunas de ellas menores de edad. Además, enfrenta cargos por amenazas coactivas por el uso de armas. Las nueve víctimas coinciden en que siempre estaba armado. La fiscal Luciana Vallarella solicitó 37 años de cárcel para el religioso. El debate está a cargo de los jueces Gonzalo López Quintana, Carlos Leiva y Lorena Aronne.
La fiscal contó que todas las víctimas son mujeres, dos de las cuales eran menores al momento del ultraje, muchas de ellas muy jóvenes que asistían a una iglesia evangélica dirigida por el acusado. “Esa es la importancia del debate que tiene que ver con quién era esta persona y como, por ser quien era, se abusó de la vulnerabilidad de estas mujeres que asistían en situaciones de mucha necesidad a la iglesia y como se pudo mantener la impunidad de esta persona por tanto tiempo”, aseguró Vallarella.
Las víctimas fueron acompañándose hasta llegar a hacer la denuncia, se fueron enterando, buscando y acompañando para poder denunciar. Demostrar que esto era cierto generaba o podía generar la disgregación de una comunidad que en su momento también las había contenido, explicó.
Hay algunos hechos que ocurrieron en la iglesia, otros en una fábrica, en descampado, en moteles también y algunos ocurrieron en una casa que era parte de la iglesia. Como había una granja de rehabilitación, había una casa de mujeres que hospedaba a chicas muy jóvenes a las que llevaban a la escuela y también se generaban estas situaciones de abuso. Esa casa estaba ubicada en el mismo lugar donde el pastor vivía con su pareja e hijos, contó la fiscal.
Valarella dijo que había cierto patrón en los abusos. Todas las víctimas asistían a la iglesia. El acusado las contactaba por redes sociales, les ofrecía tener relaciones sexuales a cambio de dinero y algunas situaciones se agravaron hasta llegar a abuso que son los objetos de este juicio. También las amenazaba, y hubo secuestros de vainas en el domicilio, todas dicen que siempre portaba armas, explicó. El acusado “era un policía retirado que tiene una condena vieja por apremios ilegales, con lo cual esto también generaba en ellas muchísimo temor en las víctimas a la hora de hacer la denuncia y ese temor subsiste al día de hoy”, refirió.
El templo que presidía el acusado, identificado como Héctor Calixto Cabrera, estaba ubicado en Battle y Ordoñez al 1800. Vallarella contó que hostigó a una víctima menor de edad que vivió en el alojamiento para mujeres. Le mandaba mensajes a través de las redes sociales y en el tiempo que trabajó para él, le decía que era su discípula preferida, le ofrecía dinero a cambio de relaciones sexuales y mediante engaños la manoseó.
Otro de los hechos por el que enfrenta juicio ocurrió en 2013 cuando en una visita a la casa familiar abusó sexualmente de una menor de edad, contó la fiscal. En 2015 agredió sexualmente a una víctima que asistía al culto en las instalaciones del templo religioso a quién amenazó con un arma. Y el 4 de abril de 2016, atacó a otra víctima mientras la trasladaba en su auto. La joven también asistía al templo. En esa oportunidad se ofreció a llevarla pero cambió el recorrido y la violó detrás del cementerio de Villa Gobernador Gálvez mientras la amenazaba con un arma de fuego. Luego volvió a amedrentarla con un arma con el fin de que no cuente lo ocurrido, contó la fiscalía.
Otra de sus víctimas, que también vivió en el alojamiento para mujeres, fue agredida sexualmente en reiteradas oportunidades entre el 2016 y 2017, dijo Vallarella. Mientras que el 26 de mayo de 2018 intentó abusar de otra de las mujeres. El hecho ocurrió en una fábrica ubicada en Entre Ríos al 2600 aunque no logró consumar la agresión, refirió.
En ese mismo año acosó sexualmente a otra feligresa a quién le mandaba mensajes insinuándose sexualmente. Un año después, la víctima fue una mujer que trabajaba haciendo la limpieza en la fábrica ubicada en Entre Ríos al 2600 a quién abusó mientras le mostraba un arma de fuego. Además atacó sexualmente, en al menos tres oportunidades, a otra víctima en el año 2020,aseguró la fiscal que lo acusó de reiterados hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto y amenazas coactivas.
El debate continuará tras un cuarto intermedio por una cuestión más técnica.
Condena por apremios
Cabrera fue condenado por dos hechos de apremios ilegales a la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo más reglas de conducta, junto a otros tres uniformados. Uno de ellos era el comisario Roberto De la Torre, que fue condenado por encubrimiento del homicidio de Claudio “Pocho” Lepratti, durante la represión policial de 2001.
Los hechos ocurrieron en la subcomisaría 20° de barrio Las Flores. El primer hecho ocurrió el 19 de abril de 2002, cuando un plomero que trabajaba en una vivienda en zona sur fue trasladado a la seccional a raíz de una denuncia por robo que presentó la dueña de casa. Según el fallo, el trabajador fue golpeado dentro de la dependencia policial por Cabrera, el entonces sumariante Edgardo Orgaz y otro hombre no identificado, sufriendo lesiones en los riñones y la espalda. Todo ello en presencia del entonces comisario De la Torre. Finalmente el hombre golpeado quedó desvirtuado cuando la denunciante volvió a la seccional para explicar que se había tratado de un error.
El otro hecho tuvo lugar el 8 de enero de 2003, cuando un repartidor de pollos y su empleado fueron golpeados por personal policial en Villa Gobernador Gálvez. Esa mañana los distribuidores llegaron a un comercio y estacionaron la camioneta en doble fila. En el lugar se presentó un vehículo particular con 3 personas de civil que dijeron ser policías. Les exigieron la apertura de la chata y los derivaron a la seccional, porque el vehículo no contaba con equipo de frío. En esas circunstancias y según el fallo se produjo un forcejeo, donde el dueño del vehículo fue golpeado. El empleado intentó separarlos y recibió una trompada en el ojo. Posteriormente uno de los policías se trasladó con los demorados en la camioneta hasta la seccional y en el camino le impidió al conductor que llamara a su abogado arrebatándole el celular. Una vez en la comisaría y, según el testimonio del dueño del reparto de pollo, lo dejaron de golpear cuando llegó el comisario y les dijo: “Basta”. En el relato, la víctima detalló que luego de recibir los golpes lo llevaron a otra oficina donde estaba su hermano y otra persona enviada por el frigorífico para el que repartía la víctima. Allí, Cabrera le pidió 300 pesos para dejarlo ir y no armarle causa, dinero que luego el uniformado se guardó en el bolsillo, según refiere la sentencia.
En este caso, Cabrera y Javier Arostegui fueron señalados como las personas que trasladaron a los demorados a la seccional por averiguación de antecedentes y fueron condenados por apremios ilegales y exacciones ilegales al igual que De la Torre. Respecto de este último, el juez sostuvo que si bien no desarrolló personalmente la acción permitió que un efectivo a su cargo cometiera abusos.
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