En diciembre pasado, la Legislatura provincial sancionó una ley que permite que una persona pase hasta cuatro días privada de la libertad sin ser llevada ante un juez penal, con la sola orden verbal de un fiscal. La Defensoría Pública de Santa Fe planteó la inconstitucionalidad de esa reforma del código procesal penal, cuestión que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia provincial.
Así lo señala un comunicado que detalla que Jaquelina Ana Balangione, a cargo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe, planteó la inconstitucionalidad de la normativa junto a los defensores regionales de las cinco circunscripciones y representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y a la Asociación Pensamiento Penal (APP). Este martes, esas tres instituciones se constituyeron como amicus curiae (amigos del tribunal) ante la Corte Suprema de Santa Fe durante una jornada realizada en el Centro de Justicia Penal.
De esa manera, el Cels, el Inecip y la APP, instituciones de vasta y reconocida trayectoria nacional en la defensa del Estado de derecho y una política de seguridad democrática que no descuide la vigencia de los derechos y garantías individuales vigentes a nivel constitucional y convencional, se presentaron “para dar una opinión experta en derecho que no intenta favorecer a una de las partes en litigio, sino a la aplicación justa y razonada de las leyes vigentes en un tema que tiene interés público puesto que afecta a un número indeterminado de personas y moldea el funcionamiento mismo del sistema penal”, dice el comunicado.
En el caso que se encuentra a decisión de la Corte santafesina, la Defensa Pública pretende la declaración de inconstitucionalidad de una parte de la ley 13.746 sancionada por la Legislatura local en diciembre del año pasado, según la cual una persona puede estar hasta tres o cuatro días privada de su libertad sin ser llevada ante un Juez penal, con la sola orden verbal de un fiscal. Entre los principales argumentos, “se encuentra que la ley es regresiva ya que establece un estándar peor al que antes estaba vigente, a contramano del texto expreso del art. 9 de la Constitución provincial que prevé un plazo de 24 horas para que una persona sea puesta a disposición del juez; a contramano del art. 7 de la Convención americana de Derechos humanos según la cual el Estado nacional se ha comprometido a implementar un mecanismo de protección efectivo contra las detenciones arbitrarias; y a contramano de la interpretación que la propia Corte santafecina hizo del art. 9 de la Constitución provincial en el precedente “Ramírez, E.” en el año 2014”, según argumentaron en el comunicado.
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