El agitado trámite parlamentario del proyecto de Presupuesto 2013 para conseguir aprobación pinta a la perfección el marco de acuerdos políticos que hace posible la gobernabilidad en Santa Fe, que experimenta con gobierno y Legislatura de distinto signo partidario.
En la Cámara de Senadores, y en particular las bancadas justicialistas –porque se supone que las oficialistas acompañan naturalmente– tienen la llave de la gobernabilidad, desde que el primer día Antonio Bonfatti los eligió y jerarquizó como interlocutores de su administración. Los senadores del PJ pasaron de tener que convivir con un gobierno que propiciaba la unicameralidad a otro que, aunque por necesidad, los privilegia, escucha, atiende y acuerda.
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Los senadores son determinantes para la gobernabilidad, pero no los únicos. En la Cámara baja el kirchnerismo y el bloque de diputados de extracción gremial aportaron sus votos en algunas ocasiones, permitiendo sacar leyes no sin antes forzar negociaciones.
Sin embargo, lo trascendental de la experiencia institucional que vive Santa Fe en el período 2011-2015 es que todo el sistema político está en carne viva. No sólo es inédita la convivencia de Ejecutivo y legislativo de distintos partidos, sino que en este último la mayoría, que es oposición, está fraccionada en diez sub-bloques en Diputados y en dos sub-bloques en el Senado. Sólo hay que imaginar que cualquier iniciativa del Ejecutivo requiere votos de alguno de esos fragmentos de la oposición, en la que todos se acusan y sospechan y se diferencian de todos.
En tal embrollo partidario-institucional, la gobernabilidad está condenada a caminar por la cornisa, en varios sentidos.
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Ese pantanal endiablado envolvió la discusión por el polémico Fondo de Fortalecimiento Institucional, que destina 30 millones al año para multiplicar los subsidios que pueden entregar los senadores, personalmente, de puño y letra. Con este Fondo sumaron otros 144 mil pesos mensuales a las ya suculentas partidas que disponen mes a mes, aunque éstas con controles muy laxos, sin publicidad y destinadas tanto a instituciones como a personas físicas.
La realidad indica que para hacer política se necesita dinero, y los senadores, garantes de la gobernabilidad de la provincia, entienden esa lógica mejor que nadie. La otra variable a la que están muy atentos es la obra pública.
No es casualidad que fue en las dos administraciones con mayor debilidad parlamentaria, cuando los senadores agigantaron su poder. Recordemos que en el primer año del segundo mandato de Jorge Obeid, los poderosos senadores reutemistas le arrancaron nada menos que el 1 por ciento del presupuesto provincial (en 2013 ese porcentaje implica 400 millones de pesos) para un Fondo de Obras Menores, hoy aún vigente, que pasaba directamente a manos de intendentes y presidentes comunales.
El año pasado, en el primer año del mandato de Antonio Bonfatti, los senadores pidieron disponer de más recursos para hacer política (¿qué es si no un subsidio?) en sus territorios. El gobierno accedió a entregar esa valiosa herramienta, aun cuando sabe que fortalece a su competencia en departamentos con senadores del PJ. Cede en función de la gobernabilidad.
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No hay objeción legal ni constitucional a que los senadores repartan subsidios, aunque es lógica y muy atendible la protesta de quienes con buena fe dudan de un legislador armado con chequeras. También la de quienes por estos días se ruborizaron ante las justificaciones que ministros y gobernador socialistas hicieron, cuando hasta no hace mucho tiempo eran hipercríticos del festival de subsidios senatoriales, promovían la unicameralidad y blandían la regionalización y descentralización del Estado provincial como antítesis del accionar discrecional y clientelar de los caciques departamentales. La real politik obliga a estos virajes, el futuro dirá si se pueden volver a primer plano tan nobles planes.
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La idea de este artículo no es quedarse en la crítica por sí misma. Se propone aquí el ejercicio al revés: ¿qué debiera haber hecho el gobierno provincial ante el delicado escenario de gobernabilidad que dejaron las urnas en 2011?
Recordemos que hasta los 90 en Santa Fe sobraban versiones, nunca debidamente investigadas, de valijeros que iban de la Casa Gris a la Legislatura y que luego eran recompensados con altos cargos institucionales en agradecimiento por incentivar la aprobación de leyes. Más cerca en el tiempo, la Alianza, ante un panorama de debilidad parlamentaria, optó por el pago de coimas a senadores nacionales.
Desde ese punto de vista, el pomposo Fondo de Fortalecimiento Institucional que se reedita este año en Santa Fe debería ser recibido como una llave de gobernabilidad debidamente blanqueada, debatida en la Legislatura, publicitada en su origen y evolución, y sujeta a control administrativo y ciudadano.
Esto, sin ignorar que entre el pago literal de una coima como hizo el gobierno de la Alianza, a un fondo de subsidios blanqueado y publicitado, hay una enorme gama de grises que pueden pedirse y ofrecerse.
Por eso se dijo más arriba que el sistema político santafesino “camina al borde de la cornisa”. Porque se transita la delgada línea donde son cruciales las decisiones y la integridad de los hombres que están en los puestos clave de los poderes involucrados, y muy especialmente del Ejecutivo, que tiene en sus manos la decisión final.
Para abundar en el caso, es muy recomendable el film Lincoln, que exhibe los dilemas del presidente estadounidense a la hora de reunir los votos para cristalizar su decisión política contrarreloj de abolir la esclavitud.
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