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Un negocio donde el afectado es el cliente

Las telefónicas admiten que la venta de celulares robados no los perjudica.

Otra voz en el teléfono. La gente compra más en locales “oficiales” tras ser ultrajada.
Otra voz en el teléfono. La gente compra más en locales “oficiales” tras ser ultrajada.

“Estamos al margen del tema”. “La verdad que estos delitos poco nos afectan”. Así de sencillas y directas (en varios casos off the record) fueron muchas de las respuestas que obtuvo ayer este medio al consultar a representantes de las tres compañías de telefonía móvil que operan en la ciudad, Personal, Claro y Movistar, sobre la influencia en sus negocios de la creciente venta ilegal de celulares robados. La consulta a las corporaciones y varios agentes oficiales de las mismas fue realizada luego de que El Ciudadano publicara una nota en donde se informaba sobre la denuncia en Tribunales que la Guardia Urbana Municipal llevó a cabo contra cinco comercios de la ciudad dedicados a la presunta comercialización de aparatos sustraídos.

En la Argentina hay 48 millones de teléfonos móviles habilitados, de acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones, y un cálculo extraoficial realizado durante 2009 asegura que se roban alrededor de 250.000 aparatos por mes; es decir, más de 8.000 por día, y así puede seguir la cuenta para adornar la estadística con números que impresionan. En tanto, para la GUM, en el mercado negro de compra y venta de celulares robados se mueven unos 30 millones de pesos mensuales.

Si bien los datos hablan de información a nivel nacional, Rosario, obviamente, no escapa a esa realidad. Al respecto, desde la GUM vienen realizando en los últimos tiempos varios operativos en pos de dar con comercios u oficinas donde se intenta vender productos hurtados. Ayer, este medio informó de una denuncia presentada el miércoles en los Tribunales provinciales contra cinco comercios de la ciudad dedicados a la venta y reparación de teléfonos celulares que estarían implicados en la comercialización de aparatos robados.

Tras la nota, este medio intentó indagar si este fenómeno que no deja de crecer afecta de algún modo a las empresas del sector. Y las respuestas, en algún punto, no dejan de sorprender.

Si bien nadie lo plantea públicamente, off the record no son pocas las fuentes que aseguran que si las empresas que prestan el servicio de telefonía celular no aceptaran habilitar líneas en aparatos “desbloqueados” o en aquellos de los cuales no tienen todos los datos de los usuarios, el mercado negro de los teléfonos robados disminuiría notablemente.

“En realidad, el negocio grande se hace con la venta de servicios. A las empresas y los agentes oficiales poco les interesa lo que pase con los aparatos. Ellos venden decenas de chips y si bien deberían registrar a los compradores, no siempre lo hacen. Además las empresas ganan siempre; hacen un gran negocio con la venta de tarjetas telefónicas, no les importa mucho quién las usa ni en qué teléfono lo hace”, confió el empleado de una de las tres compañías. A pesar del avance de distintos tipos de formas consumo de telefonía móvil, el de la tarjeta prepaga sigue siendo el más utilizado por los usuarios, pese  a ser el más costoso. 

En diálogo con El Ciudadano, el gerente de Relaciones Públicas de Telecom y Personal en la ciudad, Ricardo Scaglione, sostuvo que la masiva comercialización ilegal es un acto delictivo “ajeno a la empresa”. “No está en nosotros investigar los casos. El damnificado es la persona a la que se le roba. Nosotros no tenemos por qué investigar y no podemos meternos; es un tema de la Justicia”, explicó luego.

Sin embargo, tal vez  lo más llamativo sea que, al menos oficialmente, desde la firma dicen no tener información acerca de si este fenómeno afecta negativamente los negocios de la empresa. “La verdad que no se cómo impacta en las ventas el robo de celulares”, expresó, Scaglione. Cuesta creer que las firmas tampoco reciban ningún tipo de denuncias sobre robos y que no haya acciones de ningún tipo para combatir la reventa de aparatos sustraídos.

En tanto, este medio también recorrió ayer algunas agencias oficiales de las tres compañías del centro de la ciudad para consultarlos sobre cómo los afecta la creciente industria ilegal. “Es difícil saberlo eso. Todo el tiempo viene gente a comprar o consultar precios porque le robaron el celular. Si bien deben ser mochos los que compran en los circuitos ilegales, la verdad que a nosotros nos compra mucha gente a la que le robaron”, explicó Iván, empleado de un agente oficial de calle Rioja casi esquina Italia.    

“Mirá, la verdad es que sinceramente creo que a nosotros nos beneficia el robo. Porque es impresionante la cantidad de personas que compran porque le sacaron el móvil. Te diría que casi ese es el motivo principal por el que la gente se acera”, sostuvo en la misma línea Luis, el encargado de un local de venta y reparación al público, en este caso representante legal de la empresa Movistar, ubicado en calle Córdoba al 2100.  

El empleado de otra agencia oficial, esta vez de la empresa Claro, detalló por qué las empresas también se benefician con el crecimiento del negocio ilegal. “Una vez que el aparato es robado, en la cadena los que siguen son los que cobran por la activación, quienes también luego tienen su comisión por vender ese aparato, si es que se lo quedan”, sostuvo, para luego explicar, en un acto de sinceridad, que “la compañía gana siempre a través de la venta de tarjetas telefónicas que sirven para recargar el servicio prepago. Y lo más común es que la persona que se quedó sin celular a causa de un robo vuelva en poco tiempo al proveedor oficial para comprar un nuevo aparato. Y así, el negocio le cierra a todos, menos a los usuarios”.

En la denuncia a la Justicia presentada por la GUM se recuerda que en agosto de 2008 la presidenta de la Nación Cristina Fernández anunció la firma de un decreto para que las personas que compren celulares dejen sus huellas dactilares impresas para formar un registro de usuarios. Ese proyecto quedó en la nada y, desde la GUM, apuntan que “en la actualidad sólo es necesario presentar el documento de identidad” para comprar un aparato telefónico en el mercado legal. A lo que se suma –como ya se dijo– la venta informal de chips, sin necesidad de presentar documentación alguna, “con la consiguiente imposibilidad de localizar siquiera al mero tenedor” del teléfono ante cualquier hecho.

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