Policiales

Gatillo Fácil

Un joven Qom fue asesinado en Chaco por la Policía provincial: nueve agentes detenidos

Los vecinos de barrio Los Silos, de la ciudad chaqueña de General San Martín, denunciaron que los policías le dispararon a sangre fría en el pecho a Josué Lago, de 23 años, y le provocaron la muerte en el lugar. El gobernador Capitanich repudió el hecho y ordenó la intervención de la fuerza


Un joven Qom fue asesinado a tiros por la Policía de Chaco en medio de una represión en el barrio Los Silos de la ciudad chaqueña de General San Martín y por el hecho fueron detenidos y desplazados nueve uniformados.

El caso de gatillo fácil que tuvo como víctima a Josué Florentín Lago, de 23 años e integrante de la comunidad Qom, fue cometido este viernes por la mañana cuando, según dijeron desde la fuerza, un patrullero se presentó en barrio Los Silos por un “conflicto vecinal”.

Lejos de calmar los ánimos, los policías terminaron generando disturbios con los vecinos y en ese contexto, el joven fue alcanzado por al menos dos disparos en el pecho que le provocaron la muerte casi en el acto. Si bien las circunstancias en las que estos se produjeron son objeto de investigación, medios locales y habitantes de la zona sostuvieron que las balas salieron del arma reglamentaria de uno de los agentes que se encontraban en el lugar también hubo 15 heridos.

Miembros de la comunidad Qom responsabilizaron a la fuerza de seguridad chaqueña por lo ocurrido y prendieron fuego el destacamento de la zona. En tanto, otro grupo cortaron varios puntos acceso a la localidad para impedir la llegada de otros agentes. Ante el hecho, la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña ordenó la detención de nueve efectivos de la Policía de Chaco, así como la Gobernación dispuso su apartamiento de las filas de la Fuerza.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad y la Justicia chaqueña comunicó que trabaja en el esclarecimiento del caso y la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Silvana Pérez, se constituirá como querellante en la causa, tras reunirse con familiares de la víctima y testigos del hecho.

“Desde el momento en que tomamos conocimiento de los hechos nos comunicamos con referentes de la comunidad. Fuimos con la traductora indígena Elizabeth González, y escuchamos a los familiares de la víctima, a quienes se les explicó la situación y les comunicamos que se va a garantizar que la autopsia sea realizada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) de Resistencia”, explicó la titular de la secretaría.

La funcionaria agregó que solicitaron que se aplique en la autopsia el protocolo de Minnesota, de las Naciones Unidas que dicta técnicas especiales en la recolección de pruebas para determinar si hubo violencia institucional.

“Escuchamos los testimonios del barrio y acompañamos al ayudante de la Fiscalía de Derechos Humanos César Hidalgo para que pudiera tomar los nombres y apellidos de los testigos oculares’’, amplió Pérez.

Mensaje de Capitanich

Al respecto, el gobernador Jorge Capitanich, remarcó su “voluntad indubitable” para exigir el esclarecimiento del crimen.

“En medio de tanta tragedia por esta pandemia que nos interpela cotidianamente, no es posible soportar un acción alevosa que viola los principios establecidos en la ley 2011-J de nuestra provincia”, señaló.

A través de un comunicado, el mandatario señaló que la Gobernación se contactó con los familiares de la víctima, ocasión en la que se pusieron a disposición “todas las herramientas del Estado para garantizar la transparencia y el cumplimiento de todos los protocolos de investigación del hecho”.

En ese sentido, también precisó que se decidió la “separación inmediata del director de zona y supervisores de la Dirección Regional de la localidad y la designación de un interventor” en el área.

Además, Capitanich ordenó que el Estado provincial se constituya como querellante particular en la causa y que haya una supervisión por parte del Comité de Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nacional y provincial.

“Un episodio de violencia es inadmisible. No podemos ni debemos admitir en la Policía de la provincia un integrante que cometa semejante acto de barbarie. La medida disciplinaria de exoneración debe ser automática y la aplicación del Código Penal debe ser rigurosa”, remarcó el gobernador chaqueño, quien afirmó: “Si defendemos la vida, no podemos provocar la muerte”.

Y concluyó: “Una vida no puede recuperarse, pero la Justicia debe reparar este acto siniestro. No puede, no debe haber en nuestras Fuerzas de Seguridad un miembro que admita siquiera la posibilidad de utilizar un arma para matar a otro hermano”.

Por su parte, tras mantener una comunicación telefónica con Capitanich, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, manifestó: “Valoramos la pronta reacción del gobernador, porque el repudio y la sanción desde la conducción política son indispensables para terminar con estos hechos”.

Represión a Pueblos Originarios

Diferentes organismos repudiaron los actos violentos. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), “este hecho es parte de la persistente represión policial a las protestas de las comunidades indígenas y campesinas. Los problemas históricos de estas comunidades se están agravando aun más en pandemia, en particular en el noroeste y el noreste del país”.

“Esta situación se suma a la violencia y abuso policial contra cuatro jóvenes de la comunidad Qom en la localidad de Fontana, en mayo del año pasado. Las autoridades provinciales deben adoptar medidas para prevenir actuaciones abusivas por parte de las fuerzas policiales y garantizar que no vuelvan a repetirse”, coincidieron desde Amnistía Internacional Argentina, que pidió una investigación “independiente, imparcial y efectiva”.

Por su parte, el Comité de Prevención de Tortura expresó mediante un comunicado de prensa: “La Violencia Institucional hacia los Pueblos Indígenas no resultan hechos aislados en nuestra provincia, por lo que reiteradamente este Comité viene bregando por una discusión seria en el tema para prevenir y evitar se reiteren estas situaciones”.

En tanto, la procuradora indígena Eliana González, en diálogo con ANRED, recordó a Lago: “Era un chico que vivía con el padre. Era bueno. En el barrio todos lo conocían. La comunidad salió a la calle a pedir justicia contra el abuso policial que acá es de todos los días”.

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