Un ex sargento de la Policía de Santa Fe fue condenado por tercera vez en los últimos seis años. El 6 de noviembre de 2017, Adrián Oscar “Tripa” Celer estaba en el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I cuando fue detenido junto a otros tres colegas por un allanamiento ilegal en la casa de un vecino del barrio Barranquitas. Ese día le secuestraron el celular y en pocos chats descubrieron su operatoria: trabajar para un narco santafesino radicado en Paraguay trayendo drogas, comprando armas y mejicaneando a la competencia. Estos fueron los cargos que reconoció en esta oportunidad a través de un juicio abreviado que se firmó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y lo penó a cinco años de prisión.
El juez federal Luciano Lauría fue el encargado de presidir el procedimiento abreviado que se conoció esta semana donde Tripa Celer, de 45 años, reconoció la autoría de los delitos de confabulación para la comercialización ilícita de estupefacientes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, encubrimiento por adquisición de cosas o efectos provenientes de un delito y por ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad, agravado por tratarse de un delito especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por tratarse de un funcionario público, según informaron las fuentes relacionadas al caso.
Por todo ello fue penado a cinco años de prisión, condena que se unificó con otras dos sentencias de la Justicia provincial en nueve años y que continuará con su cumplimiento en la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.
Tripa Celer, el policía que no pudo justificar un millón y medio de pesos de patrimonio y lo penaron
Una mejicaneada narco y un celular
El origen de esta investigación fue la madrugada del 6 de noviembre de 2017 cuando Tripa irrumpió junto a Exequiel Romero, Leonardo Velásquez y Cristian Gutiérrez, todos del Comando Radioeléctrico de la capital provincia, en una casa de Iturraspe y Terraplén.
Sin orden judicial, maniataron al morador y le exigieron que entregara todas las drogas, las armas y el dinero que tenía.
Los vecinos vieron movimientos extraños y llamaron al 911. Al lugar llegaron policías del Comando y, ante las irregularidades, detuvieron al cuarteto.
El caso quedó a cargo del fiscal provincial Ezequiel Hernández, quien los imputó por los delitos de tentativa de robo calificado, allanamiento ilegal, tenencia ilegítima de arma de guerra y falsificación de documento público.
El fiscal también ordenó peritar los celulares de los policías y en el Samsung GSM GT-I9192 Galaxy S4 de Tripa Celer, los pesquisas encontraron un grupo de Whatsapp llamado “El asado” donde compartía con sus cómplices posibles objetivos y coordinaba los horarios para llevar adelante allanamientos ilegales para mejicanear a personas dedicadas la narcomenudeo. También había un chats con un santafesino, José Luis “Gordo Pascuala” Duarte, radicado desde 2014 en Paraguay, que reveló su aporte al narcotráfico. El fiscal Hernández envió estas actuaciones a la Justicia federal.
En mayo de 2019, los cuatros policías firmaron un abreviado por el allanamiento ilegal donde Tripa Celer recibió una pena a 5 años y medio de prisión. Ese mismo año, fue procesado por la Justicia federal.
Las causas continuaron intercalándose entre los fueros a medida que descubrían los negocios de Tripa y el 1º de septiembre de 2021 también reconoció en un juicio abreviado haberse enriquecido con maniobras ilegales entre 2013 y 2017. En esa oportunidad, recibió dos años de prisión, lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y tuvo que pagar una multa de 830.268 pesos.
En el acuerdo, la Fiscalía provincial aclaró que era el 50 por ciento del patrimonio que Tripa Celer no pudo justificar y la pagó “con una lancha, un auto BMW y otro Volkswagen modelo Gol”. Para ese tiempo, Adrián “Tripa” Celer fue exonerado de la fuerza.
Polinarco con lazos en el Paraguay
Unos meses antes, en junio de 2021, el fiscal federal Rodríguez pidió la elevación a juicio de la causa del ex sargento por traficar durante 2017 cargamentos de marihuana y cocaína a la capital provincial por medio de la organización narcocriminal del Gordo Pascuala con base en Paraguay. Además del contrabando de drogas y armas, en el expediente también quedó en evidencia que el Gordo Pascuala era quien le enviaba información de los vendedores de drogas de su competencia en la capital provincial para que el policía visitara con su banda para mejicanearlos –es decir robar drogas o armas a personas dedicadas al narcomenudeo– con falsos allanamientos.
Los chats descubiertos en el celular de Tripa Celes dieron la primera pista para desandar la relación con el Gordo Pascuala. Así, la Fiscalía federal encontró indicios de que el sargento compró drogas y una ametralladora en octubre de 2017, que se la mandaron por encomienda y por las que pagó 19.100 pesos.
Además, los pesquisas determinaron que Tripa Celer alertó al Gordo Pascuala sobre una orden federal que tenía como objetivo interceptar un camión paraguayo que llevaba a Santa Fe mercadería ilegal.
“Hacé nomás el trabajo mi cuate. Tumbalo. Tumbalo nomás jefe. Tumbalo y después decime cuánto sale”, fue otro de los mensajes que le mandó el Gordo Pascuala a Celer. Esa conversación hacía referencia a Claudio “Chancha” Cardozo junto sus socios Claudio “Pulga” Casco y la esposa Lorena Melgarejo que tenía su zona de influencia en barrio Nuevo Horizonte, Laguna Paiva y Cabaña Leiva. Esta pareja se hizo conocida por estar prófuga de la Justicia federal por dos años hasta que cayeron a mediados del año pasado en Resistencia, Chaco, y ahora esperan el juicio oral acusados como organizadores del tráfico de estupefacientes a grandes escalas de la capital provincial, como así también por lavado de dinero.
Como si fuera poco, el policía también le vendía drogas a su entorno más cercano a través de una intermediaria, a quien él llamaba “fuente” o “datero” y se trataba de la mujer policía, Tamara Rodríguez, procesada en esta causa.
Pasaron casi dos años del pedido de juicio hasta la semana pasada cuando Tripa Celer reconoció estos delitos al firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión en la Justicia federal.
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