Política

A rendir cuentas

Un intendente cordobés preso en caso de presunta estafa

Diego Bachis, jefe comunal de la ciudad de Pilar, fue detenido en torno a una causa en la que se investiga la venta de 11 hectáreas de la costanera en un millón de pesos, aunque luego se supo que el lugar costaba 56 millones.


Diego Bechis, intendente de Pilar, fue detenido en las últimas horas.

Pilar es una ciudad de la provincia de Córdoba ubicada al noroeste del departamento Río Segundo, que posee según el último censo unos 17.000 habitantes. Y hoy es noticia porque el intendente Diego Bechis fue detenido en torno a una causa en la que se investiga una presunta estafa con la venta de terrenos públicos.

Según informaron medios locales, la causa que instruye la fiscal Patricia Baulieu es la misma por la cual había sido detenido en diciembre pasado el asesor letrado del municipio, el abogado Cristian Moyano.

La detención de Bechis estuvo a cargo de efectivos de la Dirección de Investigación Operativa.

Bechis ya había sido imputado por “administración fraudulenta calificada” y “abuso de autoridad”.

No obstante, el arresto del jefe comunal se llevó a cabo por “obstrucción de la investigación y alteración de pruebas”, según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

La investigación es por la venta de once hectáreas de la zona de la costanera de la localidad en un millón de pesos, aunque estudios posteriores los tasaron en unos 56 millones.

Además del intendente, están involucrados en la causa el ex secretario de Gobierno Martín Biagiole; los concejales Pedro Botta, Rodolfo Rodríguez Zamudio, Carlos Inaudi Villegas y Ana Canalis, y el ex secretario de la Juventud Pablo Guío, además de un particular, informpó el sitio de la radio Cadena 3.

La ordenanza que permitió la operación fijó un precio de venta de las tierras en un millón de pesos y se justificó especialmente en el bajo valor de esa tierra por considerarla no apta para edificar, potencialmente inundable y con pocas condiciones de uso.

A partir de la denuncia, la Fiscalía actuante ordenó una pericia geológica y una nueva tasación de la tierra.

El estudio determinó que al menos cinco de las once hectáreas eran aptas para edificar sin ninguna mejora, mientras que las otras seis demandaban una obra de contención, por lo que tazó los terrenos en 56 millones de pesos.

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