Ana Laura Píccolo
“Entendemos a la salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna fortaleciendo las diversidades, deconstruyendo hegemonías y como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos. Porque cuando predomina la enfermedad se pierde la libertad”, dice el especialista en medicina integral Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la facultad de Medicina de la UNR y creador de los campamentos sanitarios realizados en 40 comunidades rurales de cuatro provincias argentinas que evidenciaron el vínculo entre las fumigaciones con agrotóxicos y el incremento de muertes por cáncer.
Para Verzeñassi, a simple vista las medidas que lanzó el presidente Javier Milei, primero con el DNU y luego con la ley Ómnibus, pueden parecer un conjunto de normativas sin relación entre sí pero tienen un hilo conductor tan claro como escalofriante.
“Es un DNU perfectamente planificado para aumentar las condiciones de enfermedad de la gran mayoría del pueblo argentino. Y cuando se pierde la salud, se pierde la libertad”, dice para resaltar la perversión del término libertad y advertir que en su nombre buscan avasallar las libertades individuales que ellos mismos dicen defender: “El objetivo fundamental es destruir la colectividad. Y los seres humanos como especie no podemos vivir en libertad individualmente”.
Hambreados y enfermos
Para Verzeñassi, que también integra la asociación Latinoamericana de Medicina Social y es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, las primeras iniciativas en materia ambiental anunciadas por Milei –eliminar la ley de Tierras y modificar la ley del Manejo del Fuego– tienen absoluta coherencia con el resto de medidas porque en conjunto responden a las necesidades de una “geopolítica de la enfermedad”. Lo explica: “Es la estrategia que tiene el poder económico del norte global para avanzar, a partir del desarrollo de condiciones que dañan la salud de las comunidades, en la apropiación de los territorios que son necesarios para garantizar habitabilidad en sus territorios”.
En ese contexto, resalta que en el DNU no hay nada fuera de lugar y es un atentado brutal a la soberanía alimentaria y a la salud.
“En primer lugar rompe la posibilidad de que tengas alimentos sanos”, dice sobre los nuevos estímulos para la producción industrial de transgénicos y venenos. “Pero además elimina la ley de Góndolas, la ley de Abastecimiento y los límites a la exportación, lo que incrementa a valor dólar el precio de los alimentos y los hace inaccesibles. O sea que no hay ninguna obligación de garantizar que en tu territorio, donde utilizaste químicos para enfermar y para producir, la población tenga acceso a la comida. Sólo podrán comprarla los que tengan dinero, que cada vez van a ser menos”, dice.
En esa lógica que rompe con la soberanía alimentaria, “el mismo DNU que nos quita el alimento, garantiza la contaminación del agua y del aire, elimina los territorios que producen oxígeno para aumentar la frontera agroindustrial o la inmobiliaria”, agregó.
“Quieren derogar la ley de Manejo del Fuego que es la que impide que alguien que tiene montes, bosques nativos o humedales pueda prenderlos fuego nada más que para transformarlos en un lugar donde se pueda hacer agroindustria, commodities con agrotóxicos o entregárselos a la especulación inmobiliaria”, dijo en referencia a la normativa que impide modificar el uso de los ecosistemas quemados, sea intencional o accidental, por 60 años en caso de bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años cuando ocurren en zonas agrícolas, praderas o pastizales. Según datos oficiales, sólo en 2022 hubo más de 700 mil hectáreas afectadas por incendios en la Argentina.
Sobre el intento de derogación de la ley de Tierras, Verzeñassi señaló que pretenden permitir “en nombre de la libertad que cualquiera pueda comprar la cantidad que quiera de territorios en nuestro país, inclusive si esos territorios tienen nacientes de ríos, arroyos, o ríos y arroyos enteros, de manera tal que pasen a ser privados y el propietario haga con ellos lo que quiera”. Y que con esas modificaciones abren la posibilidad “de la expropiación de cursos de agua, de que alguien pueda incendiar lo que quiera, contaminar nuestro aire, nuestros ríos y dañar nuestros territorios”.
“Para vivir necesitamos respirar, tomar agua y comer. La comida no la tenemos, el agua viene contaminada y ya sabemos lo que fue respirar tres años consecutivos el aire con el humo producido por la combustión de espacios como el Delta”, afirmó.
Pese a las limitaciones de las normativas en materia ambiental, agrega, ambas “evitaban el avance sobre nuestros territorios de personas o corporaciones con intereses foráneos que tienen como objetivo usar nuestros territorios para apropiarse de los elementos vitales y garantizar la habitabilidad en sus territorios. Esto es la geopolítica de la enfermedad”.
Al respecto agregó que la ley de Tierras garantizaba que no podía haber más de un 15 por ciento de territorio nacional en manos extranjeras y además “prohibía explícitamente que extranjeros pudieran comprar tierras fértiles y tierras que contengan nacientes de ríos y arroyos con lo cual todavía estaba garantizando algo de soberanía sobre los cursos de agua que es el elemento vital sin el cual no podemos vivir ni tener salud”, dijo.
“Por eso eliminar la ley de Tierras no es solamente perder soberanía sino garantizar la pérdida de acceso a la salud, porque perdemos acceso a las tierras fértiles y además entregamos la posibilidad de acceso a nuestros cursos de agua dulce, que hoy son los dos principales elementos de la geopolítica mundial que definen las guerras en el mundo: agua y alimentos. Derogar la ley de Tierras es habilitar eso, de la mano de haber eliminado toda posibilidad de que el acceso al alimento sea considerado un derecho”.
Del Plan Cóndor al voto Milei
Para enmarcar el concepto de geopolítica de la enfermedad, Verzañassi repasa los últimos 70 años. Recuerda que en la década del cincuenta, Hubert Humphrey, senador de Estados Unidos y luego vicepresidente, planteaba que la dependencia alimentaria es un concepto fundamental para la política exterior norteamericana al sostener que una nación que no puede producir alimentos para su propia población es una nación débil.
Diez años después Henry Kissinger decía que si dominás el petróleo, dominás a los gobiernos, pero que si dominás los alimentos dominás a los pueblos. Y en 2001, George Bush hijo, presidente de Estados Unidos afirmaba que hablar de seguridad alimentaria es hablar de la verdadera seguridad nacional, reflexiona Verzeñassi tras señalar que el poder económico que define el norte global también puede ser China o Rusia.
En esa línea de pensamiento, agrega que al finalizar la segunda guerra mundial, en 1945, Europa entró en un proceso de industrialización en busca de un despegue económico que le generó divisas pero también alteró las condiciones de habitabilidad en sus territorios, situación que fue advertida 20 años después de iniciado ese proceso.
“Cuando en Europa y Estados Unidos se dan cuenta de que los modos de producir estaban envenenando su territorio y poniendo en riesgo su salud suceden una serie de procesos geopolíticos muy claros”, afirma Verzeñassi que vuelve sobre los dichos de Kissinger sobre la necesidad de dominar los alimentos y que además en los años 60 planteó que Estados Unidos tenía la obligación de garantizarse el acceso a las tierras fértiles y los cursos de agua dulce para asegurarse alimentos y agua.
“En ese contexto se implementa el Plan Cóndor en América Latina con el avance sobre nuestros territorios de dictaduras militares que vienen a derrocar gobiernos que habían llegado al poder con el voto popular y un fuerte discurso de soberanía nacional y defensa de los derechos de los trabajadores”, dice Verzeñassi que menciona Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Brasil.
“Había que eliminar esos gobiernos porque era una vaya infranqueable para poder lograr ese objetivo de poder apropiarse del territorio” y resaltar que lo que hicieron “fundamentalmente fue empobrecer a las sociedades, endeudar a los países y eliminar masa crítica, instalando el miedo como política de estado y domesticación social”.
En ese contexto “se garantizan las condiciones necesarias para que los gobiernos democráticos que vengan después estén absolutamente limitados en sus posibilidades de actuar para defender los intereses de los pueblos y los territorios, y la salud de los pueblos y los territorios porque la justificación ahora es que estamos endeudados”.
Al respecto señala que “las deudas externas operan como una herramienta de extorsión de los gobiernos democráticos post dictadura”, y menciona que “luego el orden global instala la idea del neoliberalismo a ultranza” con el que avanza en los 80 y 90.
¿Democratizar la contaminación?
Un dato clave que Verzeñassi repasa casi de memoria es el memorándun interno elaborado por el entonces economista en jefe del Banco Mundial, Lorens Sammer, que se filtró en diciembre de 1991. El informe sugería que había que traspasar las industrias sucias a los países del tercer mundo porque los costos que genera la enfermedad son más económicos en países subdesarrollados: los pobres mueren antes de otras cosas, están poco contaminados y tienen los salarios más bajos.
El polémico informe advierte que para estimular el traspaso de la industria sucia y democratizar la contaminación del planeta hace falta un desarrollo de infraestructura en los países subdesarrollados en cuatro áreas básicas y estratégicas: energía, transporte, agua y saneamiento y telecomunicaciones.
El 24 de marzo de 1996, precisa Verzeñassi, los gobernantes argentinos anuncian que el Banco Interamericano de Desarrollo (BIG) va a invertir en países de América Latina entre 16 mil a 20 mil millones de dólares por año, durante diez años, para garantizar infraestructura para la integración regional sudamericana en cuatro áreas: transporte, energía, agua y saneamiento y telecomunicaciones.
“Este nivel de perversión responde a la lógica de necesidad de limpiar algunos territorios del planeta a costa de enfermar otros. Nosotros somos los descartables. Y ahí es donde digo que no hay un solo punto del DNU que no tenga relación con la geopolítica de la enfermedad. Desde el punto de vista sanitario es la materialización en un solo documento de esa lógica, porque está pensado para profundizar los niveles de producción de enfermedad, destrucción de la libertad y fundamentalmente la desconexión social porque se presenta hablando de que el problema de la Argentina es lo colectivo”.
En esa línea agregó que “no podemos tener personas sanas en territorios enfermos” y así está planteado: “Te dejo sin alimentos, te dejo si agua, te dejo si aire, te dejo sin territorio y cuando te enfermés ya te dejé antes sin la posibilidad de curarte”.
Al respecto señaló que “este sistema también viene de la mano del desfinanciamiento del estado y por lo tanto del desfinanciamiento del sistema de atención pública: además de construir enfermedad van a garantizar que no puedas ser atendido. Con lo cual aumentan tus niveles de dependencia y tu pérdida de libertad”.
Tiempos de resistencia
“En este contexto creo que tenemos que ver de qué forma recuperamos la capacidad de encontrarnos los nadies de Galeano, las minorías, esos fragmentitos, y dejar de ser archipiélagos y pasar a ser realmente una comisión de islas, que tengamos puentes, redes, que nos abracemos, que nos encontremos. En tiempos de resistencia, más que nunca tenemos que tener la esperanza”, concluye.
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