La expropiación, con una ley provincial, del parque nacional Sierra de Las Quijadas por parte de San Luis generó críticas, rechazos y la decisión del gobierno nacional de presentarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir una medida cautelar que impida esa acción.
El pasado 28 de julio, la Cámara de Diputados de San Luis convirtió en ley la decisión del Ejecutivo provincial de “restituir” al pueblo huarpe las 75 mil hectáreas que tiene el parque nacional Las Quijadas, creado en 1991 por una ley que cedía jurisdicción a la Nación y la correspondiente norma federal.
“Fuimos a la Corte Suprema a presentar una medida cautelar que impida o suspenda este tema, que es de una gravedad enorme”, dijo José Manuel Ubeira, jefe de gabinete de la Administración de Parques Nacionales (APN), respecto de la sorpresiva medida adoptada por San Luis.
Al mostrarse esperanzado que el supremo tribunal (que entiende en los litigios entre la Nación y las provincias) se pronuncie esta semana, Ubeira recordó que en diciembre de 2008 la APN consiguió frenar una ley de Misiones que le daba a esa provincia el manejo del sector acuático e islas del parque nacional Iguazú, con las famosas cataratas incluidas.
En tanto, el intendente de Las Quijadas, la única área protegida nacional en toda la provincia cuyana, Rubén Neira, dijo que venía de hablar por primera vez con un funcionario provincial. “Por este tema no hubo contactos entre la provincia y la Nación”, aseguró tras definir que el conflicto supone “un camino crítico, delicado”.
“La reunión fue amable, ordenada. El ministro de Turismo, Leonardo Agnessi, se comprometió a no generar acciones violentas o invasivas”, detalló Neira y señaló que en San Luis la política es “de los hechos consumados” por lo que se negó a especular si finalmente la provincia tomará o no posesión de las 75 mil hectáreas.
El parque nacional Las Quijadas protege una antigua cuenca cerrada de profundos cañones excavados en la roca arenisca que semeja un paisaje marciano caracterizado por formaciones de color rojo y consistencia de hojaldre. El área, extremadamente seca, alberga contadas especies vegetales de figura achaparrada y conserva restos fosilizados y huellas impresas de criaturas antediluvianas.
El parque cuenta con un plantel de 16 trabajadores, tiene un presupuesto operativo de 1.300.000 pesos anuales y un crédito internacional por 800 mil pesos, precisó Neira quien aseguró, además: “Desde hace siete años avanzamos mucho, logramos prestigio, tenemos trabajo con pobladores”.
Respecto del motivo central esgrimido por San Luis para expropiar el parque: “restituirlo a sus ancestrales y originarios pobladores, el pueblo nación huarpe de San Luis, para la preservación y manejo sustentable de dicha región”, recibió serios cuestionamientos desde la APN y también de distintas ONG ambientalistas.
“Acá no hay ninguna comunidad, ni adentro ni afuera del parque”, aseguró Neira y aunque consideró “muy sensible” el argumento del gobierno provincial recordó que en la Argentina a los aborígenes “se los reconoce por sus luchas mientras que en San Luis el gobernador creó por ley las comunidades huarpe y ranquel”.
Por su parte Ubeira dijo que la de San Luis “es una forma bastarda de proteger sus derechos utilizando a un pueblo aborigen de la zona como medio” y sostuvo que “los parques nacionales no son patrimonio de un pueblo aborigen sino de toda la Nación”.
La expropiación del parque generó además severas críticas de organizaciones ambientalistas pero el gobierno provincial respondió oficialmente que “la nueva ley mantendrá el estatus jurídico de área natural protegida, según criterio de la Unesco fijado en el artículo 1º de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”.
Aclaró Ubeira que los recientes cuestionamientos a la ley 721/2010 “resultan desacertados” porque fue dictada “en completo ejercicio de facultades propias e inherentes a la provincia de San Luis, que encuentran justificación en la preeminencia de fines superadores y que hacen al efectivo reconocimiento de los derechos de propiedad comunitaria preexistentes del pueblo nación huarpe”.
El gobierno de San Luis también sostuvo que “no puede relativizarse ni simplificarse el análisis jurídico de la situación como lo hacen los críticos del proyecto cuando dicen que la ley provincial tiene jerarquía inferior a la ley nacional, por lo que no puede modificarla”.
Sin embargo, el principal argumento es que una ley provincial no puede estar por encima de una ley nacional, la 24015 que creó el área protegida nacional y, aunque la provincia cedió jurisdicción “aún no entregó a la Nación las escrituras” de las 73.534 hectáreas que APN compró a particulares.
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