Se conoce como Masacre de Margarita Belén a la tortura y fusilamiento de, al menos, 22 presos políticos, en su mayoría militantes de la Juventud Peronista, ultimados en un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco durante la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, en el marco de la última dictadura cívico-militar, en un lugar cercano a la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco.
En es preciso recordar que en todo el país se desplegó un plan sistemático de terror, lo cual constituiría después, a la ahora de los juicios, la categoría de Terrorismo de Estado y Crímenes de Lesa humanidad,
En ese contexto, el fusilamiento se disfrazó, como era común en la práctica genocida de la época, de un “tiroteo fortuito acaecido durante un intento de fuga de los prisioneros”.
El caso fue uno de los más de setecientos tomados en cuenta en el Juicio a las Juntas, en 1985, por lo que se condenó a los ex dictadores Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, que más tarde, en 1990, serían indultados por el entonces presidente Carlos Menem.
Con todo, en 2010, los indultos y las leyes de impunidad fueron derogados y los genocidas responsables de la masacre fueron juzgados y condenados.
Los hechos
El domingo 12 de diciembre de 1976, siete militantes de las Juventudes Peronistas detenidos e incomunicados en la Unidad Penitenciaria 7 de la ciudad de Resistencia fueron retirados de sus celdas, con el pretexto de su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Formosa.
De acuerdo con testimonios presentados ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), los encargados de la tortura pertenecían al Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército al mando del entonces teniente coronel Armando Hornos; los acompañaban agentes de la brigada de investigaciones de la policía del Chaco.
Durante la noche se presentó una comisión militar que presentó órdenes de traslado para retirar a 13 de los detenidos; estos fueron entregados y transportados en dos camiones militares, custodiados por un patrullero de la policía del Chaco, hasta un descampado vecino a la localidad de Margarita Belén.
El teniente general Ricardo Brinzoni, en declaraciones que hizo en 2001, dijo que “fue una operación militar para eliminar delincuentes terroristas” y que se trató de “un fusilamiento encubierto de detenido que estaban en la cárcel U-7”.
La versión militar de los hechos indicó que la columna que trasladaba a los detenidos en la Ruta Nacional 11, había sido emboscada mientras que los restantes huyeron.
Sin embargo, la investigación realizada por la Conadep demostró, de acuerdo con los informes proporcionados en su lecho de muerte por un parapolicial “arrepentido”, Eduardo Pío Ruiz Villasuso, que los detenidos no estaban en condiciones de darse a la fuga.
Uno de ellos, Carlos Zamudio, había recibido días antes la visita de su esposa, que confirmó en declaraciones que por las torturas recibidas no podía siquiera caminar, mucho menos huir.
De acuerdo a Ruiz Villasuso, las mujeres fueron violadas, tres de los presos varones fueron castrados, y todos ellos torturados en el camino.
Al llegar a Margarita Belén, fueron colocados en varios vehículos y fusilados.
Los cadáveres de diez de los muertos fueron llevados al cementerio de Resistencia, y allí enterrados en tumbas cuya apertura había realizado una cuadrilla de soldados el día anterior.
Ese domingo 12 de diciembre un helicóptero de Casa de Gobierno inspeccionó la ruta 11.
En la nave viajaban los oficiales Facundo Serrano (interventor militar de la provincia), Oscar José Zucconi y Alcides Larrateguy.
Su misión: ubicar el lugar apropiado montar la escena.
Veinte años después, las comisiones investigadoras descubrieron el registro donde está asentado el permiso para usar el helicóptero.
El caso de Alfredo Luis Chas
Fue comisario de la Policía de Chaco. Se desempeñó como subjefe de la Unidad de Tránsito. Integró la columna de vehículos que transportó a un grupo de presos políticos desde la alcaidía policial de Resistencia hasta Margarita Belén.
Allí cortó el tránsito de la ruta con el objetivo de que nadie pasara por el lugar al momento en el que fueron fusilados en la denominada Masacre de Margarita Belén.
Fue el único de los acusados absuelto en el primero juicio por esos hechos, realizado en 2011.
El veredicto fue apelado y en 2016 la Cámara de Casación Penal ordenó que se revisara la absolución y que se emitiera una nueva sentencia.
En 2021 fue condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario de 11 homicidios y cuatro desapariciones forzadas durante la Masacre de Margarita Belén.
