El 21 de julio se cumple un año desde que comenzó el intento (fallido) por parte del gobierno de normalizar el Indec. Ese día de 2009 se promulgó el decreto 927, firmado por la presidenta Cristina de Kirchner, el ministro de Economía, Amado Boudou, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández en el que, entre otros aspectos, se dio creación al Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (Caes), grupo conformado por cinco universidades que deben evaluar la metodología del IPC y también analizar la organización interna del organismo dirigido por Ana María Edwin.
Sin embargo, casi un año después hubo casi nulos avances en esta iniciativa. Además de la creación del Caes, el decreto también daba origen a otro grupo, que era el Consejo de Observación Económico y Social, que debía estar conformado por representantes del sector primario, del secundario, comercial y servicios, así también como representantes de los trabajadores, usuarios y consumidores.
Los representantes del Caes, a fines del año pasado, hicieron una presentación a la prensa en la que acusaron al Indec de no entregar la información necesaria para realizar la evaluación para la que habían sido encomendados. Meses después, se preparan ahora para concretar la difusión de un informe final. En ese sentido, durante esta semana, las universidades de 3 de Febrero, de Tucumán, y la UBA presentarán a las otras casas de estudios que conforman el Caes los documentos que redactaron para sanear el Indec y modificar la metodología del IPC. Sin embargo, pese a que a fines de año pensaban emitir un juicio de valor acerca del Censo Nacional, optaron ahora por hacer sólo una declaración testimonial sobre este operativo, que se realizará el 27 de octubre próximo.
Además, una vez que las cinco universidades hayan leído lo elaborado por cada una de sus pares, se reunirán alrededor del 15 de julio para acordar un documento final, a casi un año de creación del Caes. “De los documentos que se presentaron al rector, Rubén Hallú, dentro de uno que es de carácter técnico hay una referencia al Censo Nacional pero no es pormenorizada”, explicó Enrique Zuleta Puceiro, de la UBA. En ese sentido detalló que sí se hará un análisis en profundidad del IPC y que se sugerirán cambios en su metodología de elaboración.
Si bien el Caes presentará al Ministerio de Economía su informe final en las próximas semanas (luego de que se reúnan a mediados de este mes), esperan que cuando se debata en el recinto del Congreso la ley que modifique al Indec se tomen en cuenta las sugerencias que harán. “Vimos los distintos proyectos de la oposición y, en general, se basan en críticas de ex técnicos que fueron desplazados. Son importantes, pero el aporte del Consejo va a ser muy útil”, sostuvo Zuleta Puceiro.
Los integrantes del Consejo Académico coinciden en que, más allá de las críticas, lo más importante es cómo se sale de la situación de falta de credibilidad de las cifras del Indec.
“El documento que vamos a difundir es crítico porque el punto de partida lo fue. Todos coinciden con la falta de gobernabilidad institucional en el Indec que derivó en la falta de legitimidad en la opinión pública”, sintetizó Zuleta Puceiro. Es por eso que harán propuestas concretas –según indicaron– en torno a las cuestiones institucionales, organizativas, metodológicas, y de gestión y evaluación de la calidad, tanto en las estadísticas en sí como en la estructura del Indec, pero no sobre el Censo Nacional.
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