Edición Impresa, Policiales

Tiros y muerte

Un clan que pisa fuerte en el sur y uno de sus miembros preso en Irar

La Cámara Penal determinó que siga detenido un muchacho al que le adjudican integrar un bando en pugna en Tablada.


Alan F., un joven de 18 años sindicado por el homicidio de Eugenio “Pupi” Solaro  y de las lesiones que recibieron otro joven y un niño en mayo pasado en barrio Tablada continuará alojado en el Instituto para la Recuperación del Adolescente (Irar) hasta fin de mes, cuando el fiscal deberá expedirse sobre el futuro de la investigación.

La resolución del magistrado de segunda instancia Alfredo Ivaldi Artacho surgió luego de que la defensa del adolescente –el hecho ocurrió cuando el muchacho tenía 17 años– presentara un recurso de apelación de la medida cautelar.

La argumentación tanto de la defensa como de la asesora de menores fue que la hermana del sospechoso ofreció su vivienda para que continúe relacionado con el proceso con prisión domiciliaria y el cuestionamiento a las pruebas surgidas de la investigación.

El chico es parte de un clan al que la Justicia tabula como una de las facciones en disputa en un sector de la zona sur, la que ha dejado desde marzo pasado 14 muertes y al menos tres decenas de heridos. Sus tres hermanos y uno de sus primos han sido mencionados en diferentes hechos como víctimas y también victimarios, al menos en las versiones que corren en los barrios Municipal, Parque del Mercado, Fonavi de Lola Mora e Hipócrates y Tablada.

Apelación

La audiencia por la apelación a la disposición que ordena mantener de manera provisoria la institucionalización de Alan F. en el Irar se realizó el jueves pasado en los Tribunales provinciales y estuvo presidida por el camarista Ivaldi Artacho. En ese marco, la defensa representada por Sergio Larrubia y Juan Pablo Audisio consideró que corresponde la aplicación de una medida provisoria de permanencia con un familiar con fundamento en la Convención del Niño. Los letrados destacaron que la privación de la libertad sólo puede ser excepcional y por un tiempo breve. En este punto, Larrubia detalló que su defendido hace cuatro meses que está privado de su libertad tras presentarse ante la Justicia y remarcó que no existen elementos que justifiquen que permanezca privado de su libertad, ya que son contradictorios los elementos de prueba o bien no existen. “En la declaración de uno de los testigos lo único que resaltó fue la fisonomía y la vestimenta y el otro testigo lo señaló (a su cliente) sólo por la voz”, contó el abogado, quien destacó que este último tuvo contradicciones, lo que llevó a una investigación por falso testimonio. En ese marco, la defensa solicitó que se aplique la medida provisoria solicitada, esto es, alojamiento en el domicilio de la hermana.

Por su parte, la asesora de menores Mónica Sutter Schneider argumentó que estaría habilitado el alojamiento con permanencia en el domicilio y expuso diversos informes realizados por la asistente social, así como también un informe ambiental. En ese sentido, Sutter Schneider aclaró que no consta una objeción formulada por la asistente social en cuanto al alojamiento del joven en este último domicilio e hizo hincapié que la privación de la libertad es de último recurso y más aún tratándose del Irar.

En la audiencia, la fiscal de Cámaras Cristina Herrera se opuso al beneficio solicitado para el menor. En primer lugar por considerar que existe peligrosidad procesal, no sólo en cuanto a la fuga dado por la pena en expectativa que en este caso es alta. En este punto, la fiscal destacó que los testimonios y los informes médicos forenses que son coincidentes en cuanto a la mecánica del hecho en cuestión, enumerando diversas causas con las que cuenta el imputado en el nuevo sistema penal, principalmente con armas de fuego involucradas. A su vez, Herrera leyó las declaraciones que existen en la causa donde dan cuenta de la autoría por parte del imputado y el miedo que la gente del barrio le tiene, mencionando diversas amenazas que sufrieron las víctimas y sus familiares.

Lo que destacó la fiscal fue la sorpresiva retractación de uno de los testigos, quien pese a desvincular al imputado de los hechos contra su primera declaración solicitó protección como testigo.

Tras las argumentaciones de las partes, el camarista resolvió mantener la institucionalización en el Irar del imputado y pidió que la Fiscalía se expida en cuanto a continuar hacia la instancia oral o desistir de la investigación antes de finalizar el año en curso.

Crimen de Solaro

Pupi Solaro tenía 26 años cuando fue asesinado de dos disparos en la cabeza el Día del Trabajador pasado en un pasillo donde los jóvenes de Villa Manuelita hacían cola para comprar en un quiosco ubicado en Ayacucho y Ameghino. Ese día, el homicida apareció encapuchado y le gritó: “Esto es por culpa de tu hermano que mató a mi mamá”. A los dos tiros fatales en la cabeza le siguió una lluvia de plomos sin control. A dos metros, un nene de 11 años y otro de 18 cayeron heridos.

Los plomos fueron atribuidos a una venganza por la muerte de Mariela Miranda, asesinada el 11 de marzo en el marco de una disputa entre el clan Caminos, asentado en el barrio Municipal, y el clan F., que supo habitar en el lindero Parque del Mercado pero que dejó el barrio en 2013 tras denunciar hostigamiento por parte del clan Caminos. Por el crimen de Solaro Ulises F., de 20 años y hermano del ahora imputado, quedó demorado, pero fue liberado por falta de pruebas. Según los testigos, no fue el autor de los disparos.

Tras la desvinculación de Ulises –quien luego fue víctima de una balacera que lo dejó internado–, la pesquisa comenzó a investigar a su hermano menor Alan F. A tres meses del crimen éste se presentó ante la Justicia y quedó alojado en el Irar.

Cartografía delictiva

El barrio Municipal está pegado al Fonavi del Parque del Mercado. Delimitado por las calles Grandoli, Lamadrid, Esteban de Luca y Alice ese territorio está dominado desde hace décadas por el clan Caminos, el que mantiene una pelea histórica con el clan Ungaro, el que manda en el Parque del Mercado. A uno de los integrantes de este bando le adjudican ser histórico socio del jefe el clan F., apodado Gordo, y esposo de Mariela Miranda. “En un momento, Jorge «Gordo» F. también era socio de los Caminos, pero en 2013 denunció a Alexis, a su tía Rosa y a su tío Alberto (alias Tato) por amenazas e intento de usurpación”, recordó un pesquisa. Tras esto los Funes se mudaron a Tablada y recrudeció la disputa por territorio para la comercialización de droga y también por la barra brava de Newell’s.

Uno de los casos que dio cuenta del viejo vínculo entre los F. y los Caminos surgió en la pesquisa por el crimen de Maximiliano Nota, asesinado el día de la primavera de 2011. Los investigadores detallaron que el móvil del asesinato tuvo su origen cuando Nota le ganó una pelea a golpes a Lautaro “Lamparita” F., hermano por parte de padre de Alan. Por ese tiempo, Lamparita se juntaba con los herederos del Clan Caminos. Pasaron unos días y la banda de Alexis, hijo del luego asesinado ex líder de la barra leprosa, Roberto “Pimpi” Caminos, arremetió a los tiros contra el joven. Por este crimen, un sobrino de Pimpi fue condenado a 12 años de prisión y Alexis quedó desvinculado ya era no punible por ese tiempo.

El nombre de Alan surgió también en la pesquisa por una balacera ocurrida en Alice al 5000, donde un adolescente de 14 años terminó con un tiro en la pierna. Ese día, testigos señalaron a Jorge y su hijo Alan como los ocupantes de la moto desde donde partieron los disparos.

A su vez, sus hermanos Lamparita, Ulises, Jonathan y su primo José María aparecieron en las crónicas policiales cuando los vecinos los sindicaron como los autores en diferentes enfrentamientos y tiroteos que se sucedieron en barrio Municipal. También Lamparita apareció como víctima tras ser corrido a tiros en barrio República de la Sexta.

En este año se acrecentaron los enfrentamientos entre las facciones, quienes sumaron cada vez más poder de fuego. En 9 meses el saldo es hasta el momento 14 homicidios y al menos 30 heridos.

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