Por Periódico Digital Pausa
Una salsa lleva tomate, cebolla y pimiento. Con el tomate pueden venir 30 agrotóxicos distintos, con la cebolla diez y con el pimiento, el más fumigado de todos, podés llegar a tragar 37 venenos diferentes. Pero a la bebé no le damos comidas con salsa, porque es chiquitita. Le damos un poco de pera y alguno de los 24 agrotóxicos que se usan en esa fruta.
Comer alimentos fumigados es envenenarse de a poco. Así se desprende de un estudio que la ONG Naturaleza de Derechos realizó sobre 258 controles en alimentos reconocidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) entre 2017 y 2019. En 7869 oportunidades se fueron detectando 80 residuos de agrotóxicos distintos en 48 frutas, verduras y hortalizas de producción nacional y uso corriente. Naturaleza de Derechos ya había hecho un estudio equivalente con los datos del lapso 2011-2016.
La cifra no debería despertar asombro, es sabido que el modelo de producción de alimentos naturales se basa en el rociado de venenos. En el estudio de Naturaleza de Derechos, titulado El veneno continúa llegando al plato, se calcula cuánto agrotóxico se está rociando para producir alimentos. La cifra es una estimación, el Estado todavía no considera relevante llevar semejantes cálculos. Según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, que representa al 85% del mercado, en 2015 se vendieron 305 millones de litros/kilos de agrotóxicos. Extrapolando esa cifra al 100% del mercado y considerando los aumentos en volumen de comercialización a la fecha, en 2021 ya se deberían haber superado los 600 millones de litros/kilos de veneno rociado sobre la comida.
Como sea, para el Senasa había cantidades de residuos ilegales, ya sea por su exceso o porque el veneno no estaba habilitado para el alimento en observación, en el 31% de los controles de las frutas, el 35% de las verduras y hortalizas y el 46% en la hoja verde.
Esos porcentajes también sirven para reflexionar sobre cómo se construye la legalidad, en estos casos. Por ejemplo, el glifosato es legal, pese a su probada cancerogenicidad, tanto por la OMS como por la pila de juicios multimillonarios que está perdiendo Bayer Monsanto en Estados Unidos. El 47% de los principios activos de agrotóxicos detectados por Senasa (38 de 80) actualmente tienen prohibición total o parcial en la Unión Europea, pero acá son legales. El imidacloprid, presente en 33 alimentos diferentes –el más difundido– está prohibido uso exterior en la Unión Europea. El clorpirifos está presente en 28 alimentos diferentes, pese a estar prohibido para su uso domiciliario en Argentina, desde 2009. Incluso, desde noviembre de 2020 la Unión Europea permite la importación de alimentos con clorpirifós en 0,01 parte por millón, una prohibición en la práctica.
De los 80 principios activos de agrotóxicos hallados, el 75 % son alteradores hormonales, el 49 % son agentes cancerígenos y el 20 % inhibidores de las colinesterasas (neurotóxicos). No considera Senasa –ni la legislación argentina– el efecto que produce la exposición crónica. Es decir: qué sucede cuando una dosis totalmente legal de agrotóxico se ingiere no una vez, sino en las 730 comidas del año. Tampoco está en consideración el efecto cóctel: no se considera qué pasa cuando se mezclan los venenos. De más está decir que la dosis legal corresponde a un adulto de 70 kilos, un peso siete veces superior al de la bebé que tenés al lado y que acaba de comerse una perita con dimetoato, un carcinógeno, disruptor endocrino de genotoxicidad positiva y neurotóxico.
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