La asociación civil Animalista de Santa Fe presentó una acción judicial para exponer la situación que se vive en la localidad de Álvarez en relación a los animales. Contó que existe riesgo en la salud pública y afectación del medio ambiente ya que la perrera comunal se encuentra en condiciones inaceptables y no hay control de la del crecimiento de la población de animales domésticos. El planteo fue aceptado por el magistrado actuante que dispuso el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la comuna en la materia. Lo que implicará, entre otros compromisos, campañas de esterilización quirúrgica gratuita y masiva y el fomento de la tenencia responsables de animales domésticos.
En la demanda la asociación civil explicó que mediante la Ordenanza 794/2018 la comuna regula la tenencia de animales domésticos y el control poblacional de perros y gatos mediante campañas de castración masiva, sistemática, gratuita, temprana, extendida y abarcativa, en lineamiento con la ley provincial 13.383 y nacional 14.346.
Dijo que en 2018 constataron en la perrera local la existencia de un criadero clandestino de cerdos, material biológico, cadáveres de animales y guaridas de ratas, además del hacinamiento de los animales , que no tenían los cuidados de higiene y alimentación que necesitaban, ni las vacunas correspondientes. Agregaron que no se implementó un plan de castraciones masivas para controlar la población animal y que existe una importante cantidad de animales en la calle, lo que deriva en peleas, suciedad ya que orinan y defecan en los lugares públicos y muerden a los vecinos.
Intimaron a la comuna para que brinde un informe del estado de la perrera y regularice la situación. En 2019 firmaron un convenio de cooperación mutua que no se cumplio y en febrero del 2020 intimaron a la comuna a su cumplimiento. Pero la falta de respuesta derivó en el inició un reclamo ante la Justicia, contaron.
Agregaron que además no hay un control de la población humana respecto a sus mascotas y no se implementó el objetivo de la tenencia responsable ni se hicieron censos sobre los animales comunitarios.
El caso quedó en manos del juez Marcelo Quaglia a cargo del Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 14° Nominación. Si bien en el transcurso de la tramitación la situación de la perrera municipal se modificó, lo que volvió abstracta la petición, el planteo continuó respecto a la falta de implementación de un plan de castraciones masivas de animales y de un sistema de obligaciónes de dueños responsables.
El magistrado evaluó la ordenanza vigente y el convenio firmado por la comuna donde se compromete a asumir obligacones vinculadas al control cel crecimiento poblacional de animales domésticos entre otras obligaciones. Tras evaluar si las obligaciones asumidas por la comuna fueron cumplidas el juez entendió que si bien el plan de esterilización quirúrgica acordado no se cumplió conforme lo pactado, existieron circunstancias como la pandemia y la declaración de emergencia que admiten considerar una atenuación de las obligaciones asumidas.
Si perjuicio de ello, y teniendo en cuenta que el periodo de emergencia terminó y existe un contexto diferente a los años anteriores corresponde que la comuna reconduzca su actuación y lo adecue a lo que pactó oportunamente, dijo.
Por lo que resolvió ordenar a la comuna que cumpla lo dispuesto en la ordenanza 794/2018 y lo acordado en el convenio de cooperación mutua con la demandante y dijo que su incumplimiento implicará una desobediencia a un mandato judicial lo que puede generar la aplicación de sanciones.
A su vez dispuso que se lleve adelante la esterilización quirúrgica gratuita y masiva para controlar el crecimiento poblacional de los animales. Esto deberá ser debidamente difundido, informando días, horarios y lugares en los que se llevarán a cabo. Además, deberán elaborar un programa para el control de zoonosis a través de informes técnicos expuestos ante la Comisión Comunal y tendrán que identificar aquellos animales sin dueño que son criados y cuidados por distintas personas en los barrios.
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