Un 80% de las Pymes rosarinas tuvieron que solicitar asistencia financiera para seguir funcionando

Un informe elaborado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de la región, expuso los efectos colaterales de la pandemia sobre la cadena de pagos. Un 80% de las pymes tuvieron que buscar algún tipo de asistencia financiera para sostener su funcionamiento durante los últimos sesenta días y de esa manera apenas pudieron cumplir con los salarios.

Durante el aislamiento más del 65% de las empresas operaron a la mitad del nivel que mantuvieron previo a la pandemia. Más del 50% de las relevadas trabajó con la mitad de su personal o directamente estuvo cerrada durante la cuarentena.

Este escenario profundizó la crisis preexistente producto de una recesión económica ininterrumpida desde el segundo trimestre de 2018 durante el mandato de Mauricio Macri. Ante este combo y la escasa actividad que posibilita el aislamiento, la única herramienta disponible para la producción es el endeudamiento.

Un 80% de las empresas consultadas tuvieron que recurrir a alguna de las ayudas dispuestas por el Estado nacional para atravesar la situación. Solo un 20% pudo sostenerse ante la crisis sin tener que acudir a algún auxilio financiero. La situación generó demoras en la cadena de pago.

Entre los rubros consultados, un 30% está representado por comercios mayoristas y minoristas, un 25% por la industria metalmecánica, un 10% por construcción y el mismo porcentaje por servicio de montajes y telecomunicaciones. El resto corresponde a los sectores transporte y logística, seguridad y limpieza, textil, gastronomía y a servicios financieros.

En muchos casos tuvieron que acceder a más de una de las líneas crediticias disponibles. Los beneficios más utilizados fueron el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), donde el Estado se encargó de depositar la mitad de un salario mínimo vital y móvil por trabajador, y los créditos al 24% anual a través de entidades bancarias.

Si bien la mayoría tuvo acceso al ATP, todavía existe un porcentaje que no puedo hacerlo por incumplir alguno de los requisitos, a pesar de haber bajado notablemente su productividad. Se trata de empresarios que no corrieron la misma suerte que Carlos Eduardo Bacher, CEO de Techint Construcciones, responsable de los 1450 despidos al inicio de la pandemia y que cobró parte de su sueldo a partir de esa ayuda financiera.

El CEO de Techint que despidió a 1.450 trabajadores cobró parte de su sueldo del Estado

Otro de los paliativos al que acudieron las pequeñas firmas de la ciudad fueron los créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas. Una herramienta que solo da la posibilidad de efectuar compras a través de la habilitación de una tarjeta del banco proveedor.

En último lugar apareció la opción de algún tipo de crédito privado. Un 27% de los encuestados consideró que los bancos ponen demasiadas trabas a la hora de otorgar los beneficios y un 13 reconoció la imposibilidad de acceder a alguno de los beneficios del Estado.

Cadena de pagos

Las dificultades para sostener el funcionamiento normal de las empresas y garantizar el flujo de dinero, generaron inevitables irregularidades en la cadena de pago. Entre las variables afectadas aparecen los salarios, que en muchos casos no pudieron ser completados.

El 60% de las pymes consultadas registró retrasos de 60 o más días para las cobranzas a sus clientes. Esto generó una consecuencia lógica a la hora de tener que cumplir con sus proveedores y con sus trabajadores.

Consultados por el pago de salarios, un 34% reconocieron dificultades, e incluso una parte de ese universo no pudo pagar. Un 27% abonó los sueldos sin ningún tipo de adicional y un 39% pudo cumplir normalmente.

Desde Apyme aseguraron que algunas de las empresas apelaron a herramientas de financiamiento solo para llenar el bolsillo de los trabajadores, ya que los montos no llegaron si quiera a cubrir aportes o contribuciones. Con este panorama descuentan la posibilidad de destinar parte de esos recursos económicos a inversión productiva.

Entre los empresarios solicitan “modificaciones sustanciales” respecto a obligaciones impositivas de orden municipal, provincial o nacional. Aseguran que este año “no podrá cumplirse los pagos de los anticipos de ganancias presunta como tampoco los pagos sobre Ingresos Brutos o Drei”.