A las 11.15, en la Casa Gris, el gobernador Hermes Binner y el ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, firmarán el contrato con la nueva concesionaria de la autopista Santa Fe-Rosario y así pondrán fin a un semestre agitado, en el que hubo una contratación directa, un dictamen adverso –para el Ejecutivo– del Tribunal de Cuentas, una denuncia penal en la Justicia provincial y, en paralelo, un proceso de licitación, atravesado por una fuerte disputa política.
En el acto de esta mañana el gobierno y la nueva concesionaria –llamada Arssa (Autopista Rosario-Santa Fe SA)– rubricarán un acuerdo por diez años y darán a conocer las nuevas tarifas de peaje. Arssa –conformada por Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA– incluyó en su oferta económica una tarifa por vehículo pasante a 4,98 pesos.
El Ejecutivo la redondeó en 5 pesos, a los que agregará un adicional para la constitución de un fondo de obras.
La nueva concesionaria operará la autopista desde mañana. Si bien no fue confirmado oficialmente, es un hecho que el peaje –hoy en 3,50 pesos– aumentará en forma considerable. Para los autos se ubicaría en 6 pesos y, a partir de allí, el resto de los vehículos –camiones, camionetas, colectivos– abonarán el peaje con un aumento porcentual similar al de los autos.
En el acto de esta mañana se anunciarían además beneficios –por ejemplo, descuentos– para vehículos patentados en la provincia.
Cierre de un capítulo
Con la adjudicación a favor de Arssa, el gobierno cierra uno de los capítulos más conflictivos. La salida del anterior prestador –Aufe SA– obligó al Ejecutivo a negociar un contrato temporal mientras se avanzaba en la nueva licitación.
Con poco margen, se entregó la autopista a Consorcio Vial SA –conformada por Supercemento y Edeca SA– por 180 días, plazo que vence mañana. La contratación directa del prestador fue objetada por la oposición e incluso por algunos sectores del oficialismo, como la UCR y el bloque de Pares de Antonio Riestra, quien reclamó salir de la lógica concesionaria de los 90 para que la conexión vial fuera administrada por el propio Estado santafesino.
Mientras el tema se discutía en los medios y en la Legislatura, el Tribunal de Cuentas de la provincia estudió el expediente en el que constan las actuaciones oficiales que derivaron en el acuerdo con Consorcio Vial, y emitió un dictamen lapidario para el Poder Ejecutivo.
Según el órgano revisor, el gobierno de Binner no pudo demostrar que se trató de una medida tomada con urgencia. Ese dictamen sirvió como argumento para que los diputados del PJ –encabezados por el kirchnerista Luis Rubeo– llevaran el tema a la Justicia.
La Fiscalía de Estado también estudió el expediente, pero arribó a una conclusión distinta. Según el fiscal Jorge Barraguirre, los actos administrativos resultaron inobjetables y la “urgencia” invocada por Binner y Ciancio fue motivo suficiente para justificar la decisión de contratar al operador –aunque en forma provisoria– sin compulsa de precios.
El argumento oficial se centró en que negoció hasta último momento con el anterior concesionario, Aufe SA, quien sobre el final del contrato –que ya había sido prorrogado– decidió apartarse de la concesión de la autopista. Además, desde el gobierno explicaron que la licitación de la autopista Rosario-Santa Fe coincidió con el proceso iniciado por el gobierno nacional para los más codiciados corredores viales del país, por lo que el interés de las empresas que operan en el rubro por la autopista santafesina fue casi nulo.
Obras centrales y complementarias
Mientras tanto, la nueva licitación siguió su curso. En agosto se abrieron los sobres y hubo tres interesados. El 10 de noviembre el gobierno adjudicó la autopista a Arssa, que comenzará a operar desde mañana y por diez años.
En el pliego se estableció que el concesionario se hará cargo “de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la autopista”, aunque esas tareas se realizarán con los recursos de un fondo de obras conformado a partir del sobreprecio que fije el Ejecutivo respecto de la tarifa propuesta por la empresa ganadora.
Entre otros trabajos, se prevé la repavimentación completa de la autopista y la construcción de accesos a las ciudades de Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Santo Tomé. El pliego contempla readecuaciones hidráulicas en las intersecciones con los arroyos Colastiné, Bragado y Los Padres. Se prevé la colocación de 15 mil nuevos árboles y cinco mil arbustos en los dos primeros años de concesión.
El nuevo concesionario también deberá mantener un corredor ambiental en ambos costados de las calzadas para la generación y mantenimiento de la biodiversidad, a fin de recomponer el estado original de la región.
La primera medida del gobierno, antes de la licitación –cuando Consorcio Vial se hizo cargo de la autopista– fue prohibir el cultivo de soja en las banquinas, práctica que se hizo en los últimos años en forma conjunta entre el anterior concesionario y las comunas con jurisdicción en la zona.
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