La comisión investigadora independiente compuesta por diversas personalidades, movimientos sociales y familiares de las víctimas del triple crimen de Villa Moreno presentaron un informe en la puerta de Tribunales. En este documento dieron a conocer una síntesis del trabajo que realizaron en estos meses donde, según expresaron, recopilaron información de diferentes fuentes que no se ciñe a la investigación judicial de los asesinatos de los militantes del Movimiento Darío Santillán sino que intenta desentrañar la masacre y dan a conocer un entramado más complejo. El informe se refiere al cómo y al porqué se desarrollaron bandas en la zona, la vinculación de estos grupos con personal policial y con otros funcionarios, profesionales y empresarios, el flujo económico que manejan y el mercado negro de las armas.
El informe sostiene que el principal objetivo político de esta investigación es rebelarse contra la naturalización del narcotráfico, la corrupción policial y la impunidad de los delincuentes de guante blanco. Y además sostiene que el Poder Judicial “ya definió el corralito ideológico del triple crimen: ajuste de cuentas entre traficantes de drogan sin que haya ninguna necesidad de explicar por que surgieron, ni quienes los ayudaron a constituirse como bandas armadas”.
La comisión refirió que durante los primeros tres meses surgieron distintos elementos cuya difusión es necesaria dar a conocer: que existe una vinculación entre Sergio “Quemado” Rodríguez y personal policial; que hay un mercado negro de armas; la presencia de autos de alta gama involucrados en la causa que infieren un poder adquisitivo que no tiene ninguna relación con las ocupaciones de todos los involucrados y que al no ser investigado “se naturaliza una acumulación de dinero no proveniente de hechos legales”, expresa el comunicado
El informe alienta “la investigación histórica” (partiendo desde 2005) de la seccional 15ª –con jurisdicción en el barrio– y sostiene que “esas bandas armadas no pueden crecer ni en Villa Moreno, ni en ningún otro barrio sin la plena colaboración de los integrantes de fuerzas de seguridad en actividad como tampoco pueden crecer sin el auspicio de promotores o inversores económicos que no viven allí”, sostiene el documento.
El escrito fue presentado en la mañana de ayer por Pedro Salinas, vocero del Movimiento 26 de Junio y el periodista Carlos del Frade, quienes estuvieron acompañados por familiares de Jeremías Trasante, Adrián Rodríguez y Claudio Suárez y el abogado Norberto Olivares, entre otros.
Otro de los puntos presentados ayer hace mención a una serie de “señales” que se vienen dando en el barrio en los últimos años y describe la barriada como una zona donde distintas bandas crecieron a través del comercio de drogas, motos y autos de dudoso origen, donde las armas se hacen visibles. Esos grupitos están constituidos por personas que parecen integrar otras bandas mayores que exceden la villa, sostiene la comisión. Y agrega que desde fines de los años 90 la comisaría 15ª fue denunciada como “un lugar violento para los detenidos, observadora para con el crecimiento de los delitos y hasta auspiciante del negocio de la seguridad privada”.
El documento expresa que la permanente presencia del abogado Carlos Varela en la defensa de los imputados en la causa “parece confirmar una línea, una lógica de trabajo profesional al servicio de ciertas bandas de curiosa y fuerte notoriedad en los últimos años en la ciudad de Rosario, como la familia Cantero y los Monos”.
Los integrantes de la comisión explicaron que de las diversas fuentes consultadas para elaborar el escrito surgió que en los últimos diez años la ciudad “ha sufrido una profundización y democratización de prácticas económicas ilegales que llegan a todos los barrios pero que tienen financistas ajenos a esas geografías y cuentan con abogados y contadores de primer nivel”. Y agregan que distintos funcionarios estatales contribuyen al desarrollo de estas bandas no solo policías sino también judiciales, políticos y grandes empresarios, sostiene el escrito.
La comisión refirió que al no modificarse las condiciones estructurales de las relaciones ilegales y corruptas, es probable que el Quemado Rodríguez y el Negro Ezequiel (quien era buscado por balear al hijo del Quemado, hecho que habría precedido a la masacre) terminen presos pero la cadena del círculo vicioso continuará y reemplazará a esos dos eslabones por otros. Y sostuvo que el triple crimen de Villa Moreno no refleja una pérdida casi absoluta de la presencia estatal en el espacio urbano sino todo lo contrario, la presencia corrompida de parte de parte del Estado desde hace varios años, un proceso que incluye administraciones peronistas y socialistas, concluye el informe.
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