Alvaro Arellano
El proyecto para cobrar un impuesto a la riqueza en Argentina que impulsa el oficialismo pretende gravar patrimonios valuados a partir de los 3 millones de dólares por única vez. Tendrá como finalidad abastecer al sector sanitario, cubrir el déficit alimentario y asistir a pequeñas y medianas empresas durante el parate económico producto de la cuarentena por coronavirus.
Economistas locales coincidieron en la progresividad de la medida aunque aportaron nuevas cuestiones a al debate. Por un lado, evitar errores no forzados en la elaboración del proyecto para que no naufrague antes de su tratamiento. Por otro, considerar el contexto como una nueva oportunidad para plantear un nuevo sistema productivo.
La iniciativa cobró vigor a través de la decisión política de diputados del Frente de Todos encabezados por Carlos Heller y Máximo Kirchner. Ambos se reunieron este martes con el presidente Alberto Fernández, quien apoyó la propuesta pero dejó en claro que será un debate que le corresponde dar al Congreso.
Ante la inactividad económica generada por la pandemia, se retomó la discusión sobre quién debe financiar la crisis. Entre las demandas más urgentes aparece la atención sanitaria, la situación de aquellos que generan ingresos en el día a día y la vulnerabilidad que padecen las pequeñas empresas.
El diputado nacional por el Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que esas tres demandas son destino prioritario para lo que se logre recaudar en caso de aprobarse el proyecto. A su vez sostuvo que el impuesto se aplicará sobre quienes tengan un patrimonio declarado por encima de los 3 millones de dólares.
El proyecto
Germán Martínez le explicó a El Ciudadano que se trata de un “tributo extraordinario con finalidad específica”. Es decir que de aprobarse se cobrará por única vez y lo recaudado tendrá un destino particular.
Ese dinero irá en primer lugar a lo que demande el sector sanitario: “Equipamientos, medicamentos y elementos de protección”, enumeró Martínez. Otra parte de los fondos irían a un apoyo alimentario para personas de bajos recursos. Mientras que el otro eje apunta a “sostener a las pequeñas empresas”.
El impuesto sería aplicado a personas humanas que hayan presentado en su última declaración jurada un patrimonio superior a los 3 millones de dólares. “No es un impuesto a los que tienen la plata afuera, es un impuesto extraordinario aplicado al patrimonio”, manifestó el diputado nacional del Frente de Todos.
El espíritu del proyecto busca gravar a quienes cuenten con un patrimonio total superior a ese monto, y no específicamente a quienes tengan el dinero fuera del país. Los legisladores quieren dejar en claro ese concepto, ya que en principio se habló de un impuesto a quienes tienen dinero en el exterior.
A su vez, detalló: “A esas personas les aplicaríamos una escala progresiva que va del 2 al 3,5% del patrimonio declarado en bienes personales”. Hablan de un alcance sobre unas 12 mil personas humanas que representan un 1,1% de los contribuyentes que presentaron declaraciones de bienes personales.
En base a estos cálculos, estiman que lo recaudado estaría entre los 3 mil y 4 mil millones de dólares. La diferencia entre una cifra y otra tiene que ver con que existe poca precisión sobre la base imponible. “No podemos calcular con precisión a cuántos estaríamos afectando”, aseguró Martínez.
El legislador adelantó que de salir todo como esperan desde el bloque oficialista, la presentación del proyecto tendrá lugar entre final de esta semana y principios de la que viene. Tras ello, el texto iría a comisiones y de ser aprobado en la Cámara baja, quedaría en manos del Senado, siempre y cuando la Corte habilite el tratamiento por teleconferencia.
Una tendencia mundial
Por su parte, el analista financiero Federico Fiscella consideró que este tributo a la riqueza es una discusión que se está dando a nivel mundial a partir de los efectos colaterales que ocasionó la pandemia por coronavirus.
En este contexto consideró adecuado dar el debate en referencia al patrimonio declarado y no sobre lo que se blanqueó durante el gobierno de Cambiemos. “Una doble imposición invalidaría la ley porque durante el blanqueo el Estado se comprometió a no ir después para atrás en cuestiones impositivas”, explicó.
Si bien compartió la progresividad de la medida, insistió en no cometer errores forzados que podrían significar obstáculos para su tratamiento. En ese sentido analizó: “El sector del blanqueo es el que más herramientas tiene para ir a la Corte para decir que ya le cobraron por eso”.
Fiscella también rebatió un argumento que sostienen detractores de la medida en declaraciones a la prensa: “El argumento que frenaría la inversión es mentiroso, porque gravaría en su mayoría a capital ocioso, que no está puesto en inversión sino que está acumulado sin ningún tipo de colocación”.
Por último aseguró que aunque se trate de un tributo que se concentrará en actores de Capital Federal, en Santa Fe habrá más de un afectado. “En Rosario no superan los 10 o 15 tipos, son empresas de las grandes ligas”, consideró.
Nueva estructura productiva
A su turno, el economista de Fundación Pueblos del Sur, Esteban Guida, brindó a este diario otra perspectiva sobre el tema. Más allá de apoyar la lógica de la medida, pidió que sirva para trazar una nueva estructura productiva.
“Por supuesto pienso que los impuestos a la riqueza son progresivos, mucho más cuando son riquezas generadas por mecanismos evasivos de impuestos, pero yo concentraría el esfuerzo en coordinar con el sistema financiero, con quienes administran los recursos y los que generan trabajo, para darle sustentabilidad al modelo”, analizó.
Su postura apunta a un cambio de paradigma económico, incluso en este escenario, donde esos actores formen parte de un nuevo modelo y donde el Estado conduzca el fenómeno. “En este contexto, si vamos a hacer semejante esfuerzo y recaudar 3 mil millones de dólares, espero también un plan que lleve a la Argentina a un esquema sostenible”, estimó.
Guida agregó que la situación actual representa “una oportunidad” para reorientar el eje productivo. “Necesitamos un modelo donde podamos fabricar bienes nacionales, generar trabajo y emplear gente, aumentando la recaudación fiscal y redistribuyendo esa riqueza equitativamente”, concluyó.
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