El Ciudadano
El Tribunal Oral Federal 1 de Salta rechazó este miércoles el pedido de un fiscal para que juzgue a los hermanos Delfín y Raúl Castedo, actualmente enjuiciados por asociación ilícita y lavado de activos producto del narcotráfico, por el crimen de la productora Liliana Ledesma, ocurrido en 2006, en el norte salteño, informaron fuentes judiciales.
El fiscal general Carlos Amad solicitó al tribunal que sume este hecho al juicio, en el marco de una nueva audiencia seguida contra los hermanos Castedo, por asociación ilícita y lavado de activos, por considerar que la muerte de la puestera es “un crimen del narcotráfico” y que los acusados serían los autores intelectuales.
El Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Federico Díaz y Marta Snopek, se negó a juzgar a ambos hermanos por el asesinato de Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006, en la localidad salteña de Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, a más de 400 kilómetros al norte de la capital provincial.
Se trató de un planteo de competencia formalizado por Amad, de la Unidad Fiscal Salta, en el juicio que se sigue contra ambos hermanos; la ex mujer de Delfín Castedo, Mabel Araujo; los comerciantes Alberto, Luis y Mario Yudi; y el martillero público Eduardo Torino.
Todos ellos están siendo juzgados como sospechosos de conformar una asociación ilícita y realizar maniobras de lavado de activos de origen delictivo.
Al fundamentar su pedido, Amad sostuvo que, a lo largo del debate, iniciado el 3 de noviembre de 2021, se han escuchado ya numerosos testimonios que vinculan el crimen de Ledesma con los hermanos Castedo y mencionó a varios testigos que, al declarar ante los jueces, admitieron las amenazas que Ledesma recibió de parte de los acusados, las cuales se cumplieron con el asesinato a cuchilladas de la mujer.
“Está probado que todos estos hechos son producto de una mafia del narcotráfico que, en sus inicios, era dirigida por el diputado provincial Ernesto Aparicio -fallecido-, socio de los principales acusados de este juicio”, resaltó el fiscal.
Luego, agregó que no solo las testimoniales de puesteros, vecinos y familiares de Ledesma prueban la relación con los Castedo, sino también varios informes que reflejan diversas escuchas telefónicas.
“Liliana Ledesma representaba un peligro exponencial para los acusados, pues era la única que denunciaba su verdadera actividad dentro de la finca, la que no era otra que el tráfico de drogas”, indicó.
Los voceros explicaron que el fiscal tampoco dejó de lado el hecho de que las organizaciones dedicadas al narcotráfico tenían protección del poder político, de la policía y del entonces juez federal Raúl Reynoso, quien cumple una condena por favorecer a narcotraficantes.
Al momento de referirse al planteo de la fiscalía, la Unidad de Información Financiera, representada a través de la abogada querellante Emilia Figueroa, no adhirió al pedido del fiscal, el que consideró extemporáneo y adujo que, de ser admitido, se afectaría el debido proceso del debate.
En los mismos términos, la defensa de los Castedo y del resto de los imputados se pronunciaron por el rechazo del pedido de competencia, el cual también fue denegado por el tribunal, prácticamente por los mismos argumentos defensivos.
Según el tribunal, la competencia ahora reclamada por la fiscalía ya fue dirimida oportunamente por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta al momento de resolver un planteo similar, oportunidad en la que se ratificó la jurisdicción de la justicia provincial en la causa por el crimen de Ledesma.
El juicio contra los hermanos Castedo, por el crimen de la productora rural que los había denunciado en 2006 por utilizar un camino vecinal en Salvador Mazza para traficar drogas, debía comenzar en mayo del año pasado, pero fue suspendido porque en ese momento el Servicio Penitenciario Federal no pudo trasladar a los presos desde Buenos Aires, y el debate aun no tiene fecha nueva.
El crimen de Ledesma fue cometido en una pasarela peatonal, donde recibió siete puñaladas, dos de ellas mortales -en el estómago y en el corazón-.
Días antes de ser asesinada, la víctima había denunciado públicamente a los Castedo y al entonces diputado provincial Aparicio, por cerrar un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia, para utilizarlo para traficar drogas.
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