A pesar de los avances en materia de derechos LGBT+, la tercera parte de los estados miembros de la ONU (69 de 193) siguen penalizando los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, según el último informe sobre Homofobia de Estado de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) presentado recientemente.
El estudio, que acaba de hacerse público y al que tuvo acceso la prensa, remarca que si bien la Argentina despenalizó la homosexualidad en 1908 y hoy tiene leyes de avanzadas de protección como el matrimonio igualitario, carece de una ley antidiscriminatoria nacional que incluya entre sus causales a la orientación sexual, que tampoco está prohibida explícitamente por la Constitución Nacional.
Criminalización de la homosexualidad con persecución incluida
El año pasado había terminado con setenta Estados en el mundo criminalizando los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo
“La cifra se redujo en uno este año, ya que Gabón (país situado en la costa atlántica de África central) derogó la disposición criminalizadora que había aprobado en 2019, la cual terminó siendo la ley de este tipo de más corta vida en la historia reciente”, señaló Lucas Ramón Mendos, el argentino coordinador de investigación de ILGA Mundo y autor principal del informe.
Por otro lado, el monitoreo demuestra que “al menos 34 Estados miembros de la ONU implementaron activamente las leyes de criminalización durante los últimos cinco años”, aunque podrían ser más los países con persecución efectiva.
“Donde aún rigen estas disposiciones las personas pueden ser denunciadas y detenidas en cualquier momento, incluso bajo la mera sospecha de haber practicado actos sexuales consensuales con alguien del mismo sexo. Los tribunales les procesan activamente y les condenan a prisión, flagelación en público o incluso a la muerte”, dijo.
Actualmente, la homosexualidad está penada con la muerte en Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (solo 12 estados del norte), Arabia Saudita y Yemen.
La mayoría de estos países se encuentran en África y Asia y las penas van desde las multas económicas, condenas de cárcel, castigos físicos como un determinado número de latigazos o bastonazos, hasta la muerte. En Yemen, el código penal recoge una pena 100 latigazos para aquellos que practiquen el coito con personas del mismo sexo.
En algunos países del Caribe, como Jamaica y San Cristóbal y Nieves, la pena para los varones es la obligación de realizar trabajos forzosos. En países como Malasia, este delito está tipificado como “coito contra natura” y puede llegar a acarrear hasta 20 años de cárcel, y penas como multas y latigazos.
Además, existen leyes que limitan la libertad de expresión y prohíben la posesión, custodia, circulación, exhibición, distribución, muestra, venta, o producción de cualquier película o material publicitario “obsceno o que esté en contra de la decencia pública”.
En este apartado aparecen algunas de las principales economías mundiales como China y Rusia. Según cita el informe, el gigante asiático emitió las Reglas generales para la producción de contenido de series de televisión que prohíben el contenido que “muestre relaciones sexuales anormales o comportamiento sexual, como la homosexualidad”, una regulación que fue arreciando en los siguientes años.
Mientras que en Rusia la Ley Federal prohíbe la promoción de relaciones sexuales no tradicionales entre menores de edad. Una legislación que según el informe, se ha utilizado para procesar a varias personas desde su promulgación, incluidos activistas, páginas web y medios de comunicación.
La profundización de la situación de vulnerabilidad por la pandemia
La pandemia de covid-19 que azotó al planeta este 2020, profundizó la situación de vulnerabilidad en la que ya estaban sumido el colectivo de la diversidad en muchos países.
“Para nuestras comunidades, los espacios seguros se redujeron drásticamente de la noche a la mañana: algunos gobiernos se aprovecharon de estas circunstancias y redoblaron sus esfuerzos para oprimirnos, perseguirnos, convertirnos en chivos expiatorios y discriminarnos violentamente”, dijo Julia Ehrt, directora de Programas de Ilga Mundo.
La organización advirtió que “las mal llamadas «zonas libres de personas LGBT» proliferaron en Polonia”, mientras que “Indonesia trató de dar un nuevo impulso a las «terapias de conversión»” y en algunos países se aprobaron “leyes que podrían restringir severamente el funcionamiento de las ONG que trabajan con nuestras comunidades”.
“En medio de situaciones tan preocupantes, las protecciones legales explícitas contra la violencia y la discriminación son, más que nunca, primordiales para salvaguardar nuestros derechos humanos y nuestra dignidad, prevenir daños y reparar las violaciones que sufrimos”, dijo Ehrt.
Avances positivos por la expansión de la legislación que protege a las personas LGBT+
Sin embargo, incluso en los últimos 12 meses atravesados por la pandemia, “se han producido avances positivos”, dado que “la legislación que protege a las personas LGBT+ de la discriminación y la violencia ha seguido expandiéndose”.
En julio de 2020, Sudán derogó la pena de muerte para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y Alemania se convirtió en uno de los cuatro Estados miembros de la ONU que prohíbe las mal llamadas «terapias de conversión» a nivel nacional.
El matrimonio igualitario es ahora una realidad en 28 Estados miembros de la ONU: Costa Rica fue el último en legalizarlo, convirtiéndose en el primer país de Centroamérica en hacerlo.
A diciembre de 2020, 81 Estados miembros de la ONU tienen leyes que protegen contra la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual: hace veinte años, solo tenían 15.
El informe incluye también el mapa “leyes sobre orientación sexual en el mundo”, que asigna uno de nueve colores a cada país, según su ubicación en un espectro de categorías que va desde el máximo nivel de protección (“Protección Constitucional”), hasta el máximo de criminalización (Pena de muerte).
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