El Ciudadano
Claudio Andrés Tavella, histórico abogado defensor del condenado ladrón de autos y procesado como narco Esteban Alvarado, fue sentenciado este jueves a la pena de 3 años de prisión efectiva y al pago de una multa equivalente a dos veces el valor de la operación de lavado imputada –estimada en 720 mil pesos–, además de 3 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, por los delitos de asociación ilícita con cohecho activo, encubrimiento agravado, falsedad ideológica de documento público y dos hechos de uso de instrumento público falso, con el delito de blanqueo de activos de origen ilícito, uso de certificado falso, destinado a la habilitación para circular de vehículo automotores; todos en calidad de autor en grado consumado.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada le atribuyeron diversos hechos a Tavella:
Uno fue el 3 de agosto de 2012, en momentos en que personal de Gendarmería se encontraba en la puerta del domicilio de Alvarado y previo a haber recibido un llamado en el que éste le pidió a Tavella que se dirigiera a su casa para averiguar los motivos de la presencia policial; le informó que lo estaban buscando y que tenían todos los lugares para allanar. Así, Alvarado le manifestó que le preguntara a los funcionarios policiales si podían poner que no lo habían encontrado y que luego se presentaría en el Tribunal. Los fiscales indicaron que Tavella, detenido el 21 de noviembre de 2019, acató la orden pero recibió como respuesta de los gendarmes que “era imposible” y por eso Alvarado redobló la apuesta y le dijo a su abogado que les ofreciera dinero, el cual también rechazaron, según la información brindada por voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El otro hecho por el que aceptó su responsabilidad fue el 15 de agosto de 2014 cuando gestionó a pedido de Jorge Benegas (ya imputado), el ingreso con una identidad falsa de Jorge Laferrara (también imputado en esta causa) al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca)para que fuera atendido por una herida sin que su identidad fuese develada dado que corría riesgo de que lo detuviesen. Las gestiones de Tavella consistieron en hablar con diferentes personas, policías, personal del Heca y ofrecerle dinero para concretar el ingreso de dicha forma.
Durante el 2012, siguiendo las órdenes de Alvarado el letrado también redactó el boleto de compraventa mediante el cual se transfirió contra la voluntad de su titular Rodrigo O. (ya imputado) la propiedad de Misiones al 800 de Roldán en favor de otra integrante de la asociación, quien finalmente la escrituró en fecha 7 de agosto de 2012 y constituyó allí el domicilio fiscal de su sociedad anónima de Toia SRL.
A Tavella también se le atribuyó haber hecho uso de un certificado impreso en cartulina blanca con el título “Certificación de firmas o de impresiones digitales con un sticker que decía Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe”, donde se manifestó que era el titular en carácter de escribano público y estaba certificado, adjuntado a una autorización para conducir un vehículo con documentación; y una foja de legalización impresa en cartulina con firma y sello del Colegio de Escribanos de Santa Fe. Ambos certificados no cumplimentaban los códigos de autenticidad expedidos por el Colegio de Escribanos. Este documento fue secuestrado el 21 de noviembre de 2019, en el allanamiento en el domicilio donde residía Tavella de Freytes al 1200 en Rosario, dentro del vehículo Jeep modelo Renegade Sport tipo rural, el cual finalmente fue incautado y decomisado.
También el 29 de noviembre de 2018, Tavella se presentó en el domicilio de Alvarado y de su pareja Rosa Capuano (acusada en la misma causa), ubicado en el Country San Marino donde personal de la Prefectura conjuntamente con el del Organismo de Investigaciones (OI), estaban allanando dicha finca y le ofreció a Pablo Báncora –ya condenado a un año como parte de la asociación de Alvarado por plantar un celular para acusar a la banda Los Monos– la suma de un millón de pesos para omitir detalles del allanamiento en el acta.
El abogado reconoció a su vez que el 7 de mayo de 2019 llamó a uno de los fiscales de la causa, Schiappa Pietra, y le consultó sobre unos teléfonos celulares secuestrados. Se hizo presente en las oficinas del MPA sugirió que en los teléfonos habría mensajes que podrían desincriminar a su cliente Alvarado. Ello haciendo referencia a dos teléfonos que Alvarado y dos jefes de la Policía de Investigaciones (PDI) junto con Báncora habían hecho ingresar en la investigación con el fin de plantar evidencia con el objetivo de distraer la investigación del MPA.
Por último, la Fiscalía le achacó haber participado de una maniobra ilícita tendiente a disimular el carácter ilícito de un bien que había sido adquirido con dinero de procedencia ilícita, junto con ocultar al verdadero dueño del mismo, Esteban Alvarado. “El activo involucrado en las maniobras imputadas es una fracción de terreno de campo localidad de Coronel Bogado. Tavella simuló la compra a nombre propio con conocimiento de la procedencia ilícita de los activos utilizados para efectuar dicha adquisición, los que provenían de la actividad ilícita desplegada por Alvarado en el marco de la asociación ilícita de la que era jefe”, fue lo que enumeraron en la acusación.
A un año de su detención, este jueves la jueza Hebe Marcogliese resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa de Tavella. También se procedió al decomiso de la fracción de terreno de campo localizada en la localidad de Coronel Bogado y el vehículo Jeep modelo Renegade Sport.
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