El operativo ordenado por el Juzgado de Garantías de San Justo a cargo de Marcelo Giomendez, a pedido de la UFI Nº3, fue realizado por personal de la División Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
De las entrevistas surgió que otras 22 mujeres adultas que estaban en los prostíbulos serían víctimas de la trata, debido a que por sus dichos “se les imponía una cuota fija, en concepto de alquiler y vestimenta, y multas que les descontaban del dinero que cobraban por sus servicios”, dijo el subcomisario Marcelo Gerez.
Según la Ley de Trata vigente, “sólo a las menores se las considera automáticamente víctimas de ese delito. Las mayores pasan a tener esa condición sólo si niegan su consentimiento, lo que no es común porque estas mujeres no se ven como víctimas”, explicó el jefe policial.
“Sólo después de varias entrevistas en que se les hace ver su situación de sometimiento, se reconocen como tales”, explicó el comisario.
No obstante, en este caso las mujeres “no negaron que fueron captadas e incluso trasladadas, sin embargo no se acogieron al resguardo de personal de la oficina de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia, bajo cuya protección quedó la adolescente”, señaló Gerez.
Los allanamientos se ejecutaron simultáneamente en distintos prostíbulos, cabarets y clubes privados de las zonas de Virrey Del Pino e inmediaciones de San Justo, tras lo cual fueron clausurados por orden del juez.
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