Bruno Bettiol
Funcionarios del Poder Ejecutivo de Santa Fe junto con los jefes de fiscales del Ministerio Público de la Acusación brindaron una conferencia de prensa en la sede de Gobierno, en San Lorenzo y Moreno, con motivo del ataque a balazos a las casas donde vivió uno de los jueces que sentenció a los jefes de la banda Los Monos, Ismael Manfrín. Fue por la gravedad institucional de la intimidación, efectuada casi como una provocación luego del desembarco en Rosario de 200 gendarmes, que Pablo Farías, ministro de Gobierno, Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad, Ricardo Silberstein, ministro de Justicia, y los jefes de fiscales Jorge Baclini y Patricio Serjal se expidieron durante media con declaraciones en las que la palabra Monos jamás fue pronunciada, pero la referencia implícita a la banda con origen en barrio La Granada, cuyos jefes fueron condenados hace dos meses en un resonante juicio, fue constante, ya sea bajo los motes de “los violentos” o “la banda”. Los funcionarios no precisaron con seguridad las motivaciones de los atentados, uno de las cuales tuvo como blanco una vivienda donde el magistrado había vivido hasta hace dos meses, en Italia y Cerrito –lo que causó el estupor del actual morador– y minutos después en Montevideo al 1000, aunque deslizaron que la agresión se atribuye a la decisión conjunta entre el gobierno de Santa Fe y Nación de trasladar a Ariel Máximo Cantero, alias Guille, y Jorge “Ema” Chamorro a penales federales alejados de la ciudad. Ambos ya fueron condenados a 22 y 12 años, respectivamente, en el fuero provincial por los delitos de asociación ilícita y homicidios, y están a la espera de sentarse en el banquillo por la causa federal conocida como Los Patrones, por tráfico de drogas. Durante la exposición se reveló que ya está en marcha un mecanismo de protección y custodia destinado los magistrados que estuvieron a cargo del proceso penal que juzgó a la banda.
El ministro Farías fue quien tomó la posta en la conferencia, con una breve introducción protocolar que refirió a la alegada decisión del Estado provincial de no dar el brazo a torcer ante un hecho de impacto institucional, tal como definió el funcionario la intimidación dirigida a Manfrín. “Contra el narcotráfico, contra las bandas, desde el gobierno provincial estamos haciendo esfuerzos permanentes para mejorar la actividad preventiva de investigación y persecución. Creemos que este camino es correcto, que vamos a poder ver avances y a lograr los objetivos. Obviamente estos hechos buscan desalentar la acción que estamos haciendo. Si lo que buscaban era evitar el traslado que se realizó en la madrugada de hoy les decimos que de esta manera no van a lograr ese cometido”, dijo Farías con relación a los traslados de Guille y Chamorro a cárceles federales de Reconquista, Chaco, y Rawson, en Chubut, una decisión resistida a toda costa a través de las presentaciones de sus letrados, Fausto Yrure y Carlos Varela.
“El narcotráfico, en todas partes del mundo, actúa de la siguiente manera. (Los narcotraficantes) primero pretenden no ser detenidos. Una vez que son aprehendidos lo que pretenden es tener condenas bajas o prisión domiciliaria. Una vez que tienen condena lo que buscan es elegir el lugar donde quieren encontrarse detenidos. Lo que ustedes vieron acá es la reacción ante la última estructura de defensa del crimen organizado. No hablo de soldaditos. Hablo de estructuras donde hay inteligencia, profesionales, donde verdaderamente hay una estructura de organización”, analizó Silberstein, quien sintetizó: “Lo que estamos viendo es la reacción ante este cerco que se van encontrando”.
El fiscal general, Jorge Baclini, y su par regional Patricio Serjal, expresaron de forma sucinta algunos pasos que se llevan a cabo para dar con los autores de los disparos atribuidos a intrépidos motociclistas y aclararon la consulta de cronistas sobre si el magistrado ya había sido víctimas de amenazas con anterioridad. “No están verificadas denuncias anteriores. No sabemos con precisión el motivo de la ataque. Si es la condena o el traslado –se inclinan más por esta última hipótesis–. O quizás haya algún tipo de motivación”, señalaron. Los jefes del MPA expresaron que se puso en marcha un protocolo de seguridad destinado a la protección y la custodia de los magistrados actuantes en el juicio Monos.
Atrás quedaron los tiempos de cortocircuitos entre el ministro Pullaro y la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich. Hoy, las diatribas entre ambos mutaron en elogios y durante la conferencia de prensa el funcionario se mantuvo en esa línea: la ratificación del actuar conjunto entre fuerzas provinciales y federales, la tan mentada coordinación entre los fueros locales y de jurisdicción nacional. “Debíamos trasladar a estos violentos a cárceles federales”, ratificó.
Pullaro no perdió oportunidad de criticar a los abogados defensores de Chamorro y Cantero, al atribuirles que primero presentaron de “manera errónea y equivocada” un recurso de hábeas corpus ante Manfrín para impedir el traslado de penal, “equivocándose de magistrado que iba a resolver”.
“De manera incorrecta el escrito invocaba al doctor Manfrín, que no fue el juez que decidió sobre la cuestión de fondo”, insistió el titular de la cartera de Seguridad.
“Si a través de estos hechos quisieron amedrentar a un juez y a una política que lleva adelante el Estado bajo ningún concepto de van a poder concretarlo. Estamos juntos con el gobierno nacional”, remarcó Pullaro, quien dijo que mantiene comunicaciones constantes con Bullrich: “Es lo que la sociedad santafesina nos reclama”.
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