Policiales

Gatillo Fácil

Tras dos intentos de archivar la causa, empieza el juicio por el crimen de Maxi Zamudio

El adolescente de 16 años fue asesinado a tiros en mayo de 2015 por un prefecto en barrio Tablada. Tras cinco años de lucha por justicia, María, la mamá de Maxi, estará presente este lunes a las 14.30 cuando el uniformado comenzará a ser juzgado por homicidio agravado   


Maximiliano Zamudio tenía 16 años cuando el 27 de mayo de 2015 fue asesinado a tiros por el prefecto Ariel Condori Apaza, de entonces 32 años, en barrio Tablada. Tras cinco años de lucha en las que tuvo que resistir a dos intentos de archivo de la causa, María, la mamá de Maxi, y acompañada organizaciones sociales, estará en la apertura del debate donde será juzgado el prefecto, quien llega acusado por homicidio agravado.

La Fiscalía representada por Karina Bartocci adelantó que pedirá una condena a 20 años mientras que la querella, a cargo de Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet, solicitarán 30 años de cárcel.

El juicio no va a reflejar todo el recorrido que tuvo que hacer esa madre para que el asesinato de hijo no quedara impune, pero sí es una demostración de su perseverancia que le da fuerzas a otras familias de víctimas de la violencia institucional, quienes el jueves volverán a reclamar justicia en la 6ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.

El crimen

Faltaban algunos minutos para las 23 del 27 de mayo de 2015 cuando los vecinos de la cuadra de Patricias Argentinas al 4300 advirtieron que un automovilista transitaba muy despacio. Era el prefecto Condori Apaza, quien conducía un viejo Ford Falcon, y dobló por calle Colón a la misma altura, que en esa época era de tierra.

Según testimonios recolectados en la causa, vecinos escucharon que el prefecto llamó desde el auto a Maxi que estaba en la puerta de su casa. El adolescente se acercó a la ventanilla y después de un intercambio de palabras escucharon una detonación. El chico se hizo para atrás empujado por un plomo en las costillas. El prefecto bajó, le pegó una patada y lo remató tras gatillarle en la cabeza, dice la acusación.

Un informe que reconstruyó la mecánica del crimen indicó el hallazgo de dos vainas servidas en el suelo y una tercera dentro del Ford Falcon. Según esa pericia, la víctima tenía un disparo de frente en la zona axilar y otro en la cabeza de atrás hacia adelante. En la escena sólo estaba la pistola calibre 40, que no era la reglamentaria del uniformado, quien también estaba de civil.

En su descargo, el prefecto reconoció que disparó pero dijo que lo hizo en legítima defensa ante un intento de robo por parte del adolescente, porque supuso que tenía un arma. Declaró que esa noche había ido al lugar a buscar un equipo de música a la casa de una conocida, quien declaró en la causa.

La madre de la víctima, María, y otros testigos contradijeron esta versión y dijeron que Maxi estaba solo y desarmado.

El primer fiscal que investigó el homicidio fue Miguel Moreno, quien dejó que el prefecto continúe en sus funciones y en libertad hasta marzo de 2017 que archivó la causa. La lucha de su madre junto a las organizaciones sociales permitió que el caso sea desarchivado. Lo designaron al fiscal Rafael Coria, quien volvió a solicitar el archivo en julio de 2018, decisión que también lograron revertir las organizaciones sociales y la lucha de los familiares.

Así la causa llegó a la fiscal de la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional Karina Bartocci, quien el 10 de diciembre de 2018 imputó al prefecto por homicidio agravado.

El esperado juicio oral 

En septiembre de 2019, se hizo la última audiencia antes de que la causa sea elevada a juicio oral.

“Por las circunstancias del hecho,Condori dispara desde dentro de su automóvil (a resguardo) hacia la calle donde se encontraba el joven parado. Se comprobaron tres disparos, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de la víctima. Si la situación que se hubiera representado Condori era de mera defensa ante un supuesto robo, en principio estaríamos en presencia de un exceso por la cantidad de disparos. Sin duda agrava la situación que no se ha comprobado que el joven Zamudio haya estado en ese plan de robo o ataque sino que se encontraba en la cuadra de su domicilio y recibió dos disparos al acercarse a un auto de una persona que no era del barrio”, explicó Bartocci en su requerimiento acusatorio y pidió una pena de 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Ese día la querella coincidió presentación de la Fiscalía y pidió la pena de 30 años de prisión al considerar que se trató de un hecho sumamente grave que no cometió un particular, “sino un miembro de la fuerza de seguridad, que hizo todo lo contrario a lo que debía hacer”, explicaron desde la querella en dicha oportunidad.

Con esta acusación se sentará este lunes a las 14.30 el prefecto Condori Apaza junto a sus abogados defensores ante el tribunal –integrado por el magistrado Héctor Núñez Cartelle junto a las juezas Valeria Pedrana y Paula Álvarez– en la sala 9 del Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Virasoro.

Para Salvador Vera, uno de los representantes de la familia en la querella, haber llegado a juicio oral, ya es muy positivo al considerar la historia del proceso de búsqueda de justicia que logró revertir dos archivos fiscales.

“Que hoy llegue a juicio es un logro de la familia y las organizaciones sociales que llevaron adelante la lucha”, dijo Vera.

El querellante consideró que “hay evidencia contundente y objetiva en relación a la autoría y la mecánica. La pericia balística, las vainas recolectadas y los lugares donde las hallaron junto a la reconstrucción integral que se hizo en su momento dieron un panorama concreto donde está acreditada la situación de la ejecución de Zamudio por parte del prefecto Condori Apaza”.

El debate será lunes, martes y miércoles donde habrá testigos tanto de la acusación como de defensa. “Desde la querella tenemos expectativas elevadas de condena por la contundencia de las evidencias objetivas. Esperamos que el juicio tenga el resultado que esperamos, que sea justicia”, señaló Vera.

Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional informaron que como en todos estos años seguirán al lado de María pero por la situación epidemiológica de público conocimiento, la cobertura la realizarán por redes sociales.

Como antesala, desde la Multisectorial organizaron una proyección con el caso para este domingo a partir de las 20 en los Silos Davis en bulevar Oroño y el río y pidieron a los usuarios de las redes sociales a sumarse con posteos para apoyar la causa.

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