El empresario Alberto Samid fue detenido este sábado en el país centroamericano de Belice tras permanecer tres días prófugo de la Argentina y ahora resta definir cómo será su traslado al país para comparecer ante la Justicia en la causa que lo investiga por presunta asociación ilícita y evasión.
“En Belice fue detenido por Interpol Alberto Samid. Nuestra política es clara y transparente. Quienes tienen deudas con la justicia, deben presentarse. Y nuestra política de colaboración internacional, nos permite al instante saber dónde están”, confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que la noticia trascendiera a partir de la información publicada en medios del país caribeño.
El “Rey de la carne”, como el mismo Samid se apodó, fue capturado en la isla caribeña de San Pedro, tras haberse salido “ilegalmente de la Argentina el 24 de marzo” y haber pasado por Paraguay y Panamá, antes de arribar a Belice, precisó el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman.
A partir de la detención, resta definir cómo será el traslado al país: en ese sentido, el funcionario nacional explicó que puede ser “una expulsión que decida Belice o el Tribunal tendrá que pedir la extradición”.
Asimismo, aclaró que la Argentina no posee un convenio bilateral de extradición con el país caribeño, por lo que tendrían que apelar al “principio de reciprocidad”.
El ex vicepresidente del Mercado Central no se había presentado a escuchar el veredicto que iba a dictarse el miércoles pasado en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión por lo que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini, ordenó su detención.
Horas después Samid habló en distintos medios periodísticos y afirmó que no tenía intenciones de entregarse, pero no dijo dónde se encontraba: en el alerta roja de Interpol se señalaba que Belice era un posible destino que habría elegido el empresario.
El empresario está siendo investigado por presunta evasión y asociación ilícita que comenzó en 1996 por una denuncia de la entonces Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne.
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