Ar Zinc era una fábrica de productos de zinc y ácido sulfúrico que funcionaba desde 1950, bajo el nombre de Sulfacid, en Fray Luis Beltrán. La compró la multinacional Glencore que en 2016 anunció el cierre de la planta bajo el argumento de una pérdida de rentabilidad irremontable, pese a que exportaba una parte de la producción y atendía mayoritario porcentaje del mercado interno. Dejó en la calle a 400 empleados pero no sólo eso: también, residuos tóxicos, por lo que comenzó a ser denunciada incluso desde antes de cesar las actividades. Ahora, la jueza en lo Civil y Comercial de Rosario María Silvia Beduino ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe (delegación Rosario) que informe sobre las posibles infracciones ambientales.
El abogado ambientalista Fabian Maggi había iniciado en 2015 una acción de información ambiental sobre la habilitación de la firma, bajo la sospecha de infracciones e incumplimiento de saneamiento ambiental. Aún con reiterados pedidos en el mismo sentido, nunca hubo respuesta. Encima, sobre un problema como la contaminación que se agrava con el paso del tiempo.
El letrado acudió también, en mayo de 2016, a la Secretaria de Medio Ambiente provincial, con el mismo silencio por respuesta. Junto a su colega Melisa Martiñena, insistió tras el cierre abrupto de la planta ante la presunción de que dejaría pasivos ambientales de cuya remediación la multinacional no se haría responsable. Interpusieron además un reclamo al Estado santafesino apoyado en el derecho de acceso a la información pública. Y de nuevo, nada.
Recién después de siete años, una jueza movió el tema. Beduino hizo lugar a la demanda. “Si bien el amparo por mora de la Administración no se encuentra específicamente regulado en el ordenamiento santafesino, ello no debe resultar un obstáculo en virtud del cual se le nieguen a los administrados derechos que se encuentran consagrados en la Constitución Nacional”, escribió la magistrada en su decisión, que intima a la Secretaría de Ambiente para que brinde información sobre el estado del predio abandonado por Ar Zinc, el riesgo ambiental, las responsabilidades y las acciones para remediar la contaminación si es el caso.
La denuncia del abogado Maggi no fue la única que interpeló a la empresa controlada por Glencore. Otra es la interpuesta en 2020 por la ONG ambientalista Equística Defensa del Medio Ambiente. Esa demanda de amparo se presentó en el Juzgado Civil y Comercial 2 de la ciudad de San Lorenzo y además involucraba a las autoridades políticas de Fray Luis Beltrán.
La presentación denunciaba el “incumplimiento de Ar Zinc en la presentación del plan ambiental de cierre, lo cual conllevaría responsabilidades no solo para la sociedad sino también para el propio municipio”. Habían pasado cuatro años del parate de la planta, y se alertaba sobre las consecuencias: “se mantienen esparcidos en el predio y sus inmediaciones elementos altamente nocivos como el ácido sulfúrico y cadmio, que utilizaba en su proceso productivo”. Por ello, el colectivo ecológico le reclamó a la Justicia que ordene a la empresa y al Ejecutivo local “cesar urgentemente la afectación al medio ambiente y los riesgos que el abandono ambiental conllevan para la salud de los vecinos y la región”.
Esa presentación invocó publicaciones de la Organización Mundial de la Salud en las que se afirma que “la exposición al cadmio por períodos prolongados de tiempo altera los procesos bioquímicos y fisiológicos ocasionando diversas patologías: cuadros de anemia, disfunción renal, cálculos renales, osteoporosis, osteomalacia, trastornos respiratorios, hipertensión, trastornos nerviosos (cefalea, vértigo, alteración del sueño, temblores, sudoración, paresia, contracciones musculares involuntarias), pérdida de peso y apetito, cáncer de próstata y pulmón. A su vez, puede acumularse en riñones por períodos de hasta 30 años”.
Agregaba, con remisión a la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (Iarc) y en torno a otro de los residuos, el ácido sulfúrico, que “existe suficiente evidencia de que la exposición ocupacional a fuertes rocíos de ácido inorgánico que lo contienen es cancerígeno para humanos, principalmente en laringe y pulmón”.
Sebastián Farina, representante legal de Equística, indicó que le pasó lo mismo que a su colega Maggi: “Lo primero que hicimos fue investigar si había algún plan de cierre por parte de Ar Zinc que estuviera aprobado o en ejecución, y no tuvimos ningún tipo de respuesta”.
Las irregularidades, sin embargo, no comenzaron allí. Antes del cierre intempestivo, hubo denuncias por afectaciones a la salud de los empleados. Daniel Santillán, integrante del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y ex trabajador de Ar Zinc, recordó en 2020 los “problemas de compañeros contaminados con arsénico, con plomo, con cadmio. Todo esto controlado por los médicos del gremio, con documentación fidedigna”. Y coincidió en cuestionar la vista gorda estatal: “No nos olvidemos que esto tiene que ver con el poder económico y ellos incidían de esa manera sobre el poder político”.
Santillán resumió entonces los padecimientos laborales frente a la desidia corporativa y la ausencia del poder público: “Nosotros no trabajamos con dulce de leche, lo hacemos con productos químicos de alta toxicidad. Y quien diga que un producto químico no contamina, está mintiendo”.
En julio de 2018, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó además un proyecto de comunicación en la Cámara baja de Santa Fe advirtiendo una situación peligrosa sobre un producto, la “Jarosita”, residuo del proceso de creación de chapas de zinc electrolítico que, según su presentación, dejó Ar Zinc.
La ex Sulfacid
Ar Zinc SA comenzó a operar en 1950, aunque entonces era Sulfacid SA. Fue pionera en Argentina en el mercado del zinc electrolítico y el ácido sulfúrico. La multinacional suiza Glencore adquirió la mayoría de su paquete accionario en 2005. La compra estuvo alentada por un promisorio negocio de largo plazo, pero una década después, sorpresivamente, la controlante extranjera decidió bajar las persianas. Fue en febrero de 2016. El 4 de marzo siguiente, a través de un comunicado, la firma anunció que había alcanzado un acuerdo con el 88% del personal despedido y prometió iniciar un plan de cierre ambiental que quedó a medio camino e incluso en el aire.
Una multinacional de negocios y denuncias diversificados
Informe Sombra de Las Operaciones de Glencore en Latinoamérica by Claudio de Moya on Scribd
La gravedad de los incumplimientos es aún más relevante porque se trata de una corporación global con capitales de sobra para afrontar las obligaciones ambientales. Glencore fue fundada en 1974 y en 2005 se convirtió en líder del comercio de materias primas como metales, minerales, hidrocarburos y productos agrícolas, dentro de un modelo de negocios diversificado. Controla el 60% del comercio mundial de zinc, la mitad del de cobre y el 45% del de plomo.
A través de su división Agrom de la Argentina, opera puertos en Rosario, Necochea y Bahía Blanca. Tiene fábricas de aceite en General Villegas, Daireaux y Timbúes, además de plantas de agrocombustible en Rosario y Pilar más una red de acopio en la región núcleo de la producción agraria. Es controlante de la pampeana Oleaginosa Moreno y de Molino Libres en Corrientes. Fue, a la vez, una de las principales socias de Vicentin en la explotación de la planta de Renova en Timbúes.
Los negocios se extienden a la minería: es propietaria de Minera Alumbrera, que extrae oro y cobre en Catamarca, de Pachón, en San Juan, de Mina Aguilar en Jujuy
El emporio nacido en Suiza fue acusado reiteradas veces por su desprecio a las consecuencias ambientales de sus unidades de negocios. En 2012, organizaciones ecologistas y sociales de Argentina, Bolivia, Colombia y Perú crearon “Red Sombra: Observadores de Glencore” para sumar información de los atropellos ambientales de la multinacional en América latina.
El informe de la Red recuerda que “Glencore enfrenta más de 40 investigaciones y sanciones administrativas y judiciales en varios países por graves daños e impactos ambientales, como contaminación de personas, aire y suelos, desviación ilegal de ríos e intervención ilegal en áreas protegidas”.
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