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Transición de 90 días para anotarse como adoptante

En la Justicia de Menores no realizan más el trámite. El Ministerio de Justicia tiene que crear la estructura.

Los santafesinos que deseen inscribirse para adoptar un niño deberán esperar al menos 90 días debido a la transición del Registro del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego que el gobierno reglamentara la semana pasada la ley que lo habilita. Los cuatro jueces de menores de Rosario anunciaron que ya no realizan este trámite, que ahora depende de la Dirección Provincial de Registros. Su titular, Santiago Lemos, explicó a El Ciudadano que si bien se interrumpen las nuevas inscripciones, el interín servirá para actualizar las listas de adoptantes, que según fuentes judiciales, desde 1998 hasta la última inscripción llegó a casi 1.800 registraciones.

“Es un tema muy delicado y hay que ser minucioso. En la reunión de hoy (por ayer) conversamos sobre la posibilidad de mandar el proyecto (a la legislatura) de las dependencias donde funcionará el registro con el Presupuesto. Es necesario incluirlo para la planta y personal que estará en las primeras dependencias en las ciudades Rosario y Santa Fe. Luego llegará a cubrir los 5 nodos de Santa Fe, con sedes en Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto”, explicó en diálogo con este medio el secretario de Justicia provincial, Roberto Vicente. El funcionario provincial se refirió a la jornada de trabajo entre representantes del gobierno y las ONG dedicadas al tema donde se trató el pasaje del trámite de adopción de los Juzgados de Menores de los Tribunales provinciales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Santa Fe tal como lo estableció la nueva ley.

El cambio, dilatado en el tiempo, se oficializó el lunes pasado cuando el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, firmó el decreto que reglamentó la ley 13.093 que crea el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Santiago Lemos, titular de la Dirección Provincial de Registros ––que lleva adelante los tres registros: de Desarmaderos, de Cultos y de Aborígenes–, sostuvo que “en el interín no se van a hacer nuevas inscripciones, sino que se va a tomar ese tiempo para hacer una evaluación de las personas que hace tanto tiempo se encuentran en la lista”. De acuerdo con el funcionario, la información de los distintos juzgados les permitirá entender cuántas familias en la actualidad se encuentran en condiciones de adoptar. “Los registros son del 96, 97 por lo que es probable que la situación de esos inscriptos haya cambiado”, detalló Lemos, que como director del Registro de Adoptantes contará con el auxilio de un Consejo Consultivo Asesor, el cual se desempeñará “ad honorem” y a su requerimiento. El mismo estará integrado, entre otros, por la Secretaría de Justicia y la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

Durante los próximos 60 días, según explicó Roberto Vicente, un equipo interdisciplinario de profesionales analizará las viejas inscripciones a modo de garantizar la antigüedad de las mismas. “Luego el equipo empezará a analizar los casos para ver si su condición de adoptante se modificó. Habrá una campaña de difusión previa, que también contará con la facilidad de realizar parte de la inscripción vía web, tal como señala la normativa”, añadió el secretario.

Cabe destacar que el pasaje corresponde a una de las opciones de adopción actuales, en la que el chico se encuentra en situación de “adoptabilidad”, es decir hijos que por distintas situaciones sociales no se encuentran contenidos en su grupo familiar originario. La tarea de declararlo “adoptable” recae sobre la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, quien luego de ello pide al Registro de Adoptantes un grupo familiar idóneo para ese chico. La otra posibilidad es la vía directa: una mamá, o una mamá y un papá, deciden darle a una determinada persona o a un matrimonio, un bebé. Según explicó en su oportunidad el juez Molina, “es difícil” este tipo de adopción. “Es muy complicado conseguir una mamá que te vaya a dar a un hijo. Además, y en teoría, esto es sin ningún tipo de cargo, no es a cambio de algo”, explicó.

Tal como explicó a este medio anteriormente la diputada socialista Lucrecia Aranda, impulsora de este proyecto, lo que se busca es “crear un registro único, en toda la provincia, de personas que quieran adoptar; un registro que centralizaría la información y generaría más transparencia en los trámites”. Según ella, antes de este proyecto, “cada juzgado resolvía «a su mejor entender» qué familia iba a recibir al niño; había una realidad variada, desigualdad”. Así, la creación del Registro busca terminar con esto, planteando también que las familias que adoptan tienen que poder acceder a la información, a los registros, consiguiéndose “más transparencia en el sistema y un pie de igualdad para todas las personas”.

Libro viejo

Desde los Tribunales indicaron que no recibieron notificación formal del cambio, a pesar de que la ley sancionada el 25 de junio del año pasado ya los declaraba incompetentes. Sin embargo, desde entonces hasta la reglamentación los Juzgados de Menores mantuvieron una preinscripción. El libro de postulantes que lleva tribunales se inició en el año 1998 tras una propuesta de los jueces de menores a la Corte porque había un vacío legal al respecto. Según indicaron fuentes judiciales, el improvisado registro estaba a cargo del juzgado de turno, por lo que luego se realizaba una distribución de los postulantes que era asignado proporcionalmente a cada juzgado. En el mismo, cuyas inscripciones llegaron hasta el 15 de marzo de este año, hubo 1.789 registraciones, añadieron las fuentes judiciales. “Esto no significa que todas las personas que se registraron estén en espera; hay gente que desistió y otros que ya realizaron la adopción, habría que ver qué pasó en cada caso. Pero este número demuestra el interés de la comunidad rosarina sobre el tema en los últimos 12 años”, apuntaron.

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