La iniciativa, llegó en revisión con modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, estableciendo que el gasto anual que demande la transferencia, prevea un mecanismo de actualización, similar al ya votado por el Senado, pero que a su vez otorgue un plazo de diálogo de 60 días corridos a partir de la sanción de la presente ley para que el Gobierno Nacional junto con el de Caba, mediante la intervención de la Comisión Federal de Impuestos, fije los montos requeridos para afrontar ese traspaso en materia de seguridad .
La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta, María de los Ángeles Sacnun, fue la miembro informante del proyecto en el recinto, aclarando “que no se está discutiendo coparticipación ya que la misma, está claramente establecida en el artículo 75, inciso 2 párrafos segundo y cuarto de la Constitución Nacional, pero que en su párrafo quinto habla de que las transferencias deben ir acompañadas de los recursos correspondientes”.
“Se ha banalizado la palabra federalismo y su concepto, porque ni bien asumió Mauricio Macri, tomó la determinación mediante un decreto, de avanzar en ese acuerdo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional ampliándole la participación en los recursos del 1,40 al 3,75 por ciento, sin tener en cuenta el principio de razonabilidad que debe fundar a todos los actos de gobierno y en detrimento de las provincias argentinas”, sostuvo.
“Estamos hablando de 24.500 millones de pesos que se transferirán a la Ciudad de Buenos Aires para atender los gastos de Seguridad”, insistió la Senadora, al tiempo que recordó varios de los fondos enviados por el Gobierno Nacional a CABA.
A modo de ejemplo mencionó que “en concepto de ATP, unas 106.609 pequeñas y medianas empresas fueron asistidas, porque requerían de ese aporte para evitar el cierre de las mismas y sostener los puestos de trabajo; otros 26 mil millones de pesos en IFE para los que no tuvieron otros ingresos, también como consecuencia de la pandemia y además todo lo vinculado al Plan Detectar, que tuvo a la ciudad autónoma como el primer distrito en ser asistido, por lo que nadie puede hablar de discriminación”
La legisladora santafesina también recordó que “durante el último trimestre del Gobierno de Macri, les fueron transferidos, solo en inmuebles, unos 14 mil millones de pesos y 30 millones de dólares en más de cien inmuebles formalizados en 34 escrituras al Gobierno de la ciudad. Entre ellos, figuran los contemplados en convenios como el Paseo del Bajo, de viaductos, de playas ferroviarias y la cárcel de Caseros”.
“Mientras esas y muchas otras transferencias de recursos fueron otorgadas por el gobierno anterior en beneficio de CABA, al interior nos quitaban el Fondo Nacional Solidario destinados a las provincias argentinas y puesto en marcha en 2009 por Cristina Fernández de Kirchner. Ese fondo, fue una de las políticas más virtuosas que se llevaron adelante, por su automaticidad en la distribución a municipios y comunas de toda la argentina y por no estar atado las decisiones del gobierno de turno, ni a las pertenencias partidarias de esos distritos”.
“A Santa Fe, la perjudicaron en 3.147 millones de pesos, a Córdoba en 3.127 millones, a Chaco con 1.757 millones, a Entre Ríos con 1.719 millones y a Tucumán 1.675 en millones, solo por citar algunos ejemplos, de los perjudicados por la quita de dicho fondo, sumando además los recursos correspondientes las tarifas sociales energéticas, provocando un fuerte impacto, no solo para consumidores sino para las Pymes, fuertemente afectadas por ese modelo económico” destacó.
“Esto refleja las múltiples asimetrías que tenemos aún para el interior del país. En el caso de mi provincia, Santa Fe, tiene profundas desigualdades con nuestro norte que ha sido condenado por diferentes modelos económicos extractivistas, desde la Forestal hasta Vicentín, a la expoliación de sus recursos. Pero también tenemos desigualdades dentro de las ciudades “ricas”, con enormes bolsones de pobreza, productos de esos modelos generadores de desarraigo, hacinándose en los conglomerados urbanos de las grandes ciudades, como Santa Fe, Rosario y otras localidades del Gran Rosario, produciendo un desequilibrio territorial que nuestra Constitución determina evitar, remarcó Sacnun.
“Hay que avanzar hacia un federalismo real con anclaje directo en las economías regionales, para garantizar que todos los estados en la República Argentina tengan las mismas oportunidades. En ello radica el arraigo, y que no sean los condicionantes económicos o territoriales los que definan el destino de sus pueblos”.
“El verdadero federalismo tiene que ver con construir ese arraigo del que hablamos, y por ello las capitales alternas no son una formalidad, sino que tienen que ver con un gabinete que establezca un modelo de desarrollo en el que se escuche a toda la comunidad organizada. Propongo ir hacia la teoría de la irrigación y no del derrame, que nunca llegó, solo se repartió pobreza durante los cuatro años del Gobierno de Macri” sentenció la Senadora.
Finalmente y frente a los planteos de judicialización de la tarea legislativa, Sacnun reivindicó las atribuciones del parlamento, “porque si resignamos las facultades del Congreso de la Nación, estaremos socavando el sistema republicano, representativo y federal y avanzando hacia una democracia amañada, a la que llamaría “democracia judicial”. En cuyo caso, no importarían las atribuciones del Presidente de la Nación ni del Poder Legislativo, total siempre habrá un juez, que al final tome una determinación tirando por el piso las definiciones autónomas que adoptamos”.
“Este año ha sido el que más ha trabajado el Senado Nacional, comparado con 2019 en el que solo tuvimos siete sesiones y sin pandemia” concluyó Sacnun.
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