El senador Armando Traferri, referente del Nuevo Espacio Santafesino (NES), descartó que la investigación de los fiscales por parte de la Legislatura provincial constituya una “injerencia” y se mostró sorprendido por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 13.807 por parte de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario.
“Una República se asienta sobre el equilibrio de poderes y los controles cruzados”, argumentó Traferri al reafirmar que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tiene que tener control externo porque “en su accionar se ven comprometidos derechos fundamentales de los ciudadanos”.
En la sesión conjunta de la Legislatura provincial llevada a cabo este jueves, el senador del departamento San Lorenzo criticó en duros términos el fallo de la Sala II de la Cámara Laboral que declaró inconstitucional la ley 13.807 y afirmó que se trata de una “defensa corporativa por parte de un sector del Poder Judicial”. El legislador del NES-PJ consideró además que la sentencia tiene “errores groseros” y constituye “una curiosa interpretación de la independencia de poderes”.
Durante la sesión en que se debería haber tratado la sanción al fiscal Adrián Spelta por mal desempeño de sus funciones, lo que finalmente no sucedió por el fallo de Cámara, Traferri refutó varios de los argumentos expuestos por Lucía Aseff, Adriana María Mana y Fernando Marchionatti para declarar inconstitucional la norma que habilita a la Legislatura a investigar y sancionar a los fiscales.
“Una república se asienta sobre el equilibrio de poderes y los controles cruzados. Lo que se procura es que ninguno de ellos acumule todo el poder y no sea controlado. No parece ser lo que quiere la Cámara en el fallo, que pretende que nadie por fuera del Ministerio Público de la Acusación pueda ejercer algún tipo de revisión”, expresó el senador al responder a la sentencia, que sostiene que la investigación de los fiscales por parte de la Legislatura constituye una “injerencia de un poder extraño incluso al Poder Judicial”.
“Con su mismo criterio, nosotros podríamos decir que cualquier declaración de inconstitucionalidad es una intromisión de uno sobre el otro. Pero no lo hacemos, porque creemos en el equilibrio de poderes. Lo que sí decimos es que este fallo en particular adolece de graves fallas y prejuicios”, abundó.
Legisladores muestran los dientes tras fallo que busca limitar control sobre fiscales y defensores
Traferri recordó que la ley 13.013 “originariamente consideraba que, tanto el fiscal General como los fiscales regionales estaban sometidos a ser juzgados con la intervención de la Comisión de Acuerdos, y ser sancionados por la reunión conjunta de ambas Cámaras. Nunca nadie impugnó esa ley, a pesar de que tiene muchísimos años”. En ese sentido, explicó que la norma ahora cuestionada extendió “ese criterio para el resto de los fiscales y fiscales adjuntos del MPA”. “Esa extensión es una decisión de conveniencia dentro de las facultades legislativas, alejada de la autoridad de los magistrados, y por tanto nada tiene de inconstitucional”, reafirmó.
El senador justicialista consideró además que el fallo de Cámara demuestra un “profundo desconocimiento del funcionamiento de la Legislatura” y lo ejemplificó al señalar que los camaristas confunden la Asamblea Legislativa con la Sesión Conjunta de ambas Cámaras. “Este error solo puede ser fruto del apuro o la improvisación, ya que, si se procura declarar inconstitucional una norma, al menos se deben conocer los órganos que intervienen en su funcionamiento”, fustigó.
A continuación, también condenó de manera terminante que la sentencia insinúe que los legisladores podrían hacer uso de la ley 13.807 para “disciplinar a díscolos”. “Ello, además de constituir un intento de desprestigio hacia la Legislatura y todos los que formamos parte de ella que no puede pasarse por alto, vuelve a demostrar un fuerte prejuicio”, afirmó Traferri, para luego destacar que en la Sesión Conjunta intervienen en total de 69 legisladores, 50 diputados y 19 senadores. “Es necesario imaginar una confabulación a gran escala para que coincidan los intereses de casi sesenta personas de las más diversas vertientes ideológicas y de todos los puntos geográficos de la provincia en una sanción que tenga como única motivación el amedrentamiento de un fiscal”, argumentó.
El senador del NES recordó también que Legislatura comenzó a analizar el caso del fiscal Spelta luego de que el “trámite fuera remitido a este cuerpo por el propio fiscal General Jorge Baclini y la auditora General de Gestión del MPA, María Cecilia Vranicich”. “Fueron ellos los que en primera instancia consideraron que la Legislatura debía investigar el accionar de Spelta”, dijo, para descartar una vez más que se trate de una injerencia. Asimismo, remarcó la importancia de que el MPA tenga un control externo señalando el reciente caso de corrupción que involucra al fiscal Regional de la Segunda Circunscripción y su Adjunto.
“Nuestro sistema le otorga autonomía al MPA para ejercer la acción punitiva del Estado. En su accionar se ven comprometidos derechos fundamentales de los ciudadanos: la libertad, la honra y el patrimonio. Es ello, contrariamente a lo que dice el fallo, lo que justifica un férreo control por parte de la sociedad, que es en última instancia la que quiere conocer cómo ejercen sus funciones. Y es la propia Constitución la que otorga esa función a los representantes del pueblo elegidos por el voto popular”, resumió Traferri, para concluir: “A los legisladores solo nos motiva el hecho de cumplir con la tarea para la que los santafesinos nos confiaron su voto. Y lo vamos a hacer respetando la Constitución y respetando las leyes”.
Declaran inconstitucional la ley que faculta a los legisladores para sancionar al fiscal Spelta
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