La Federación Agraria Argentina (FAA) realizó ayer un tractorazo en Rufino para protestar contra la política oficial de comercialización del trigo. La manifestación de los productores agropecuarios finalizó frente a las puertas de la cerealera Cargill de esa ciudad del sur santafesino. “Queremos que se abra definitivamente la exportación de trigo y que las multinacionales no tengan excusa de no pagar el precio pleno que debe cobrar el productor, ya que hoy recibe 200 pesos menos por tonelada de trigo”, aseguró Natalio Lattanzi, dirigente de la filial FAA en Rufino. Eduardo Buzzi, presidente de la entidad, y Alfredo De Ángeli, titular de la filial de Entre Ríos, también participaron del tractorazo y lanzaron críticas al gobierno nacional.
El ministro de Agricultura nacional, Julián Domínguez, recibirá mañana y por primera vez en el año a integrantes de la mesa de enlace agropecuaria, encuentro que tendrá a la comercialización del trigo como uno de sus temas principales. En este sentido, la administración de Cristina Fernández presentó ayer una línea de crédito bancario a tasa cero que apunta a financiar a productores para defender el precio del trigo (ver aparte).
La marcha de los ruralistas arrancó después de las 17 de ayer en el acceso a Rufino, sobre la ruta 33, a unos 270 kilómetros de Rosario. La movida fue convocada por Federación Agraria y reunió a un centenar de tractores, unas 200 camionetas y autos, y unos quinientos productores de la zona. El tractorazo pasó por la planta de acopio de granos de Cargill. El reclamo que hizo más ruido fue por el sistema de comercialización del trigo.
“El tractorazo es una forma de manifestación firme y contundente, y será un símbolo fuerte del sector agropecuario de sacar los tractores del campo: se busca llamar la atención para que se solucione en este caso un problema concreto como es la comercialización de trigo”, indicó Buzzi.
“La comercialización de trigo está infectada por manejos arbitrarios que provoca (la gestión de) Guillermo Moreno en beneficio de empresas multinacionales y los grupos más concentrados del comercio de granos”, agregó, y reconoció que esto resulta “en perjuicio del productor agropecuario que recibe 60 centavos por kilo de trigo y el consumidor que paga el pan de 6 a 8 pesos el kilo”.
Por otra parte, Buzzi reclamó ayer a la presidenta Cristina Fernández “tomar medidas de reconciliación con el campo” e insistió que el tractorazo tuvo como propósito denunciar los “malos manejos” en el mercado triguero local. En la misma sintonía se pronunció De Ángeli: “Este gobierno que dice ser nacional y popular está beneficiando a 80 empresas”, opinó el dirigente de Federación Agraria.
El ministro de Agricultura Julián Domínguez había pedido a las exportadoras de cereales que paguen el precio FAS teórico a la producción triguera (el precio internacional menos las retenciones). El funcionario acusó a las grandes empresas del sector de “robarle la plata” al productor si no cumplían con el compromiso firmado junto al gobierno nacional.
En tanto, Domínguez recordó que las cerealeras que no respetaban el precio pleno del trigo, como Cargill y Bunge, estaban siendo investigadas por la Afip a raíz de evasión impositiva. El funcionario nacional recibirá mañana a las cuatro entidades agropecuarias nucleadas en la mesa de enlace, donde el tema trigo será prioridad.
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