Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
El presidente electo Alberto Fernández encabezó un encuentro entre diferentes actores políticos, sociales y mediáticos donde presentó un programa contra el hambre que promete implementar cuando asuma su gobierno. En lo que se supo por su adelanto, la propuesta busca atacar directamente este flagelo con medidas de diverso tipo que ponen el foco inmediato en el aumento de los saldos de dinero para las personas con niveles de ingreso más bajos, a fin de que puedan acceder a una canasta básica de alimentos.
Si bien la medida atiende una necesidad material que por su urgencia no se puede postergar, existe un consenso generalizado de que la única manera de erradicar definitivamente el hambre en Argentina es mediante la incorporación de las personas al mundo del trabajo como medio para su inclusión social junto con el de todo su entorno familiar. Esto tiene que ver con que el hambre tiene su base en la falta de recursos económicos, pero también en la incultura y la ruptura del entramado social.
Tanto para los que tienen al trabajo como objetivo político, como para los que (tristemente) se apresuran a afirmar que hay que bajar el gasto porque “no se puede mantener más a los vagos”, existe un consenso generalizado acerca de que la manera de revertir la grave situación socio económica que acarrea el país en su faceta material es mediante la creación de puestos de trabajo genuinos por parte del sector privado.
De hecho, la creación de trabajo y riqueza es un desafío de todos los gobiernos del mundo, principalmente de los países desarrollados, que encuentran a sus habitantes cada vez más pretenciosos en cuanto al nivel de consumo y la calidad de vida. Para los países que todavía ni siquiera han logrado igualar las condiciones de vida digna entre sus habitantes, es un imperativo todavía más urgente y necesario, incluso para garantizar la paz y el orden social.
Donde no hay acuerdos tan claros es en los medios para generar valor y trabajo. En Argentina abundan quienes dicen que la manera es permitir que los sectores más competitivos vinculados a la actividad agropecuaria de exportación puedan acumular más y permitir que la generación de divisas sea parcialmente transferida a los sectores “retrasados”, aunque ello implique (en rigor) la adopción de políticas sociales altamente cuestionadas por este mismo grupo de ideología afín. Desde esta posición se reclama, por ejemplo, la eliminación de las retenciones al comercio exterior de granos, mientras se acepta el endeudamiento externo para políticas sociales de contención de la pobreza y los sectores vulnerables.
En septiembre pasado, en el acto de la apertura de la 126° Exposición Rural de Ganadería, Industria y Comercio de Gualeguaychú, el ministro Luis Miguel Etchevehere indicó: “Hoy estamos produciendo alimentos para más de 400 millones de personas y en 2030 podemos llegar a 800 millones y generar un millón de puestos de trabajo”.
Los dirigentes del campo tienen en claro que el problema del hambre no puede estar ajeno al lobby agropecuario. Pero de sus palabras surge que el mecanismo para resolver los problemas alimentarios de las personas (¿incluirá a los argentinos?) es aplicando todas la medidas necesarias para que el campo duplique las exportaciones. Lo que no está claro es cómo llega a crear un millón de puestos de trabajo un sector capital intensivo que se caracteriza por la producción a gran escala y en el que abunda el trabajo informal.
Las cifras oficiales indican que el sector agropecuario no explica más del 5% del empleo formal privado en el país, participación que no ha sufrido grandes cambios a lo largo de los últimos años. Es cierto que existe una correlación positiva entre las exportaciones y la cantidad de empleo contratado. Sin embargo, el nivel de creación de nuevos puestos de trabajo es muy magro por su escasa incidencia sobre el total de empleos privados, sin generar un impacto considerable en términos de las necesidades de trabajo a nivel nacional. Por ejemplo, en 2016 las exportaciones agropecuarias crecieron un 20%, pero el nivel de empleo sólo creció un 2%, creándose tan sólo 6.400 puestos de trabajo formales.
El valor agregado que pueda generar este sector también tiene sus particularidades. Actualmente los productos primarios representan alrededor del 23% del total de ventas al exterior del país y los principales ítems que lo componen son los cereales, semillas y frutos oleaginosos. Otro inconveniente resulta el empleo informal, que según estudios privados oscila entre el 45% y el 85% dependiendo la provincia que se analice.
Es importante resaltar que el sector agropecuario argentino tiene una gran importancia económica, sobre todo por la generación de divisas que puede aportar; no hay dudas ni cuestionamientos en su relevancia. Sin embargo, si las prioridades y urgencias de la Argentina de hoy están enfocadas en la resolución de los graves problemas sociales (¡y humanos!) como el hambre, el trabajo y la inclusión, la orientación de las medidas económicas no puede reincidir en las recetas que ya fracasaron, ancladas en la infundada ideología del efecto derrame, la selección de sectores competitivos, la libertad total para liquidar divisas y la vuelta al modelo agroexportador.
La industria argentina, así hecha añicos, postergada y retrasada como está, genera el 20% del empleo formal del país y resulta un sector clave en la generación de valor y acumulación de riqueza nacional. Seguramente la industria que se necesita no es la que tenemos hoy, puesto que deberá adaptarse a los cambios y desafíos del siglo XXI. Pero nunca se logrará terminar con el hambre si la industria no se transforma en un medio políticamente estratégico para que, más allá de los lobbies, tenga el rol dinamizador que se le debe asignar a la hora de pensar en alternativas viables y sustentables para resolver el hambre, la exclusión y el subdesarrollo de Argentina.
(*) fundación@pueblosdelsur.org
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