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Trabajar en medio de la tragedia

Por Ana Laura Piccolo.- Desde marzo funciona en Dorrego 3980 el Centro de Acceso a la Justicia Para Todos, integrado por personas de entre 26 y 37 años que aseguran sentirse “parte orgánica del barrio” en un espacio “articulador” entre el vecino, su problemática y el Estado.


El demencial ataque a tiros que inauguró el año con la ejecución de tres militantes barriales de Villa Moreno dejó muchas cosas en claro. Por un lado, los códigos mafiosos que rigen entre las bandas que se disputan el negocio de la droga. Por otro, el ineficiente –o cómplice– rol que juega la Policía ante los sofisticados recursos de los narcos que reclutan pibes de barrios pobres. Pero también mostró una emergente forma de inclusión que se gesta en las zonas más postergadas: la militancia.

Jeremías “Jere” Trasante, de 17 años; Claudio “Mono” Suárez, de 19 y Adrián “Patom” Rodríguez, de 21, participaban del Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán. Ello no evitó que la brutal forma en la que fueron asesinados en la madrugada del 1º de enero pasado se haya etiquetado, en principio, como un ajuste de cuentas. Las masivas movilizaciones con fuerte repercusión nacional derivaron el 11 de enero, diez días después de la masacre, en una reunión entre referentes del Movimiento y familiares de las víctimas con la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. De ese encuentro surgió la promesa de crear un Centro de Acceso a la Justicia Para Todos, que desde fines de marzo se levanta en pleno corazón de Villa Moreno y está integrado por cinco jóvenes de clase media que aseguran sentirse “parte orgánica del barrio”. Tienen entre 26 y 37 años, militan desde muy temprano y aseguran que el espacio que funciona en Dorrego 3980 –bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación– es un “articulador” entre el vecino, su problemática y los niveles del Estado que debería resolverlos.

En diálogo con El Ciudadano, los integrantes del equipo, entre ellos una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, contaron su experiencia en la militancia barrial, las necesidades más visibles de los vecinos y la marca que dejó el crimen de los tres militantes de Villa Moreno, que nada tenían que ver con la feroz lucha territorial de los vendedores de drogas.

“La picardía del 1º de enero es pensar en eso. Que estigmatizó sobremanera un barrio que es netamente de laburantes, donde hay sectores muy minoritarios que están en el negocio de la falopa, en el entorno de lo ilícito. Para construir nuestro local (del Movimiento 26 de Junio que abrió el 17 de diciembre de 2011) tuvimos cuatro meses de trabajo intensivo. Y es indiscutible que entrar a barrio Moreno a las 7 de la mañana es ver albañiles en bicicletas o personas tomando el bondi para ir laburar. Y eso es muy concreto, objetivo y tangible”, dijo uno de los jóvenes.

La tarea del Centro de Acceso a la Justicia está relacionada con un posicionamiento ideológico: “Por definición, hay que llevar al Estado donde está la necesidad”, dijeron. Y añadieron: “Entendemos la Justicia desde el acceso a los derechos humanos. En el cumplimiento efectivo de derechos sociales. Nuestro trabajo es escuchar cuáles son las cosas en las que podemos orientar a los vecinos e intervenir”.

De acuerdo a sus estadísticas, el problema más frecuente es habitacional y le siguen las consultas de violencia de género, aunque “muchas veces es una misma la situación conflictiva”.

Según dijeron, “hay muchos laburantes en negro que no puede acceder a programas estatales de vivienda. No se pueden anotar ya que los servicios públicos exigen un ingreso al que solo accede un número reducido en relación a la gran demanda que hay. Servicio doméstico, changas de albañilería y demás oficios marginados en lo laboral hacen que mucha gente no pueda acceder a un estándar mínimo para regularizar nada”.

El problema habitacional muchas veces acarrea situaciones de violencia de género, en particular sobre chicas “muy jovencitas con hijos, cuyas parejas también jóvenes tienen algún problema de consumo, y quedan solas sosteniendo toda la situación familiar de la enfermedad del marido o criando a los pibes sin acceso a una vivienda digna. Son situaciones de mucha carga sobre la mujer”, explicaron.

La violencia como identidad

El flagelo de la droga en adolescentes de barrios pobres es un fenómeno complejo, lleno de aristas, y fuera de agenda. Para los integrantes del Centro de Acceso a la Justicia, el consumo no es el problema fundamental, aunque es dónde otras problemáticas hacen síntoma.

“La droga es un problema, de los menores, aunque se convierte en uno gravísimo. Pero el problema es otro”, resumió una de las jóvenes mientras que su compañero, consultado sobre las bandas narcos en el barrio, se explayó: “Hay distintas formas de mirar el narcotráfico. En un plano se habla de políticas públicas destinadas a la recuperación de pibes, cuando el hecho está consumado. Después se puede hablar de prevención. Nosotros tenemos un miramiento que tiene que ver más con la imposibilidad de que el pibe pueda darle un sentido existencial a su vida. Como no encuentra identidad en entidades estatales que han sido desbordadas, termina identificándose con grupos violentos”.

Y agregó: “Si uno piensa cómo encarar estructuralmente el tema del narcotráfico hay una cuestión fundamental que es un saneamiento integral y profundo de la fuerza policial, porque la mafia hoy está enquistada ahí. Y para peor, la Policía es la primera institución estatal con la que tienen contacto directo los pibes de los barrios populares. Es un mecanismo perverso que se genera, ya que la escuela no puede contenerlos, los clubes de los barrios casi no existen y las familias están  prácticamente destituidas”.

“Hay un miramiento bastante torpe y miope que tiene que ver con encarar el problema de la juventud y su ligazón con el narcotráfico en términos dinerarios: cómo el pibe tiene una salida inmediata y puede generar plata fácil. Pero hay algo mucho más profundo que tiene que ver con el orden simbólico de la identidad, de la subjetividad, de la oportunidad que los pibes tiene para interrelacionarse, cuerpeándole a la violencia propia y cotidiana de su entorno”, concluyó el integrante del Centro de Acceso a la Justicia Para Todos.

Militar, un proyecto de vida

Ver estudiantes universitarios comprometidos con la problemática de los barrios populares es cada vez más habitual y muestra, en el resurgimiento de la militancia, un genuino proyecto de transformación social. Consultados sobre el tema, los jóvenes que desde hace más de un año ponen el cuerpo en Villa Moreno dijeron lo suyo. “Entiendo la militancia como una opción de vida, uno lo transforma en proyecto, en decisión y en opción”, dijo una chica, mientras otro agregó: “El capitalismo te impone una segmentación social. Si sos de clase media nunca tenés contacto con sectores populares, porque no hay nada en la vida que te lleve, por ejemplo, a la vía onda. Lo único que rompe eso es la militancia. Y una vez que descubrís esa otra realidad tenés que ser muy forro para irte a dormir tranquilo”.

En otra de las reflexiones dijeron que “la principal tarea del militante es brindar opciones de organización popular lo más horizontal y democráticas posibles”, en las que se incluyeron como “parte orgánica del barrio” en una militancia que “no encaramos desde el sentimiento de culpa”.

La búsqueda de generar conciencia apunta “a un futuro que nos contemple a todos”, dijo una de las chicas y afirmó: “Este mundo me da certeza de que la organización, la militancia, es una propuesta integral. Por eso es lo único que puede llegar a competir en los barrios con la seducción de los circuitos delictivos que les brinda guita fácil a los pibes. La propuesta de militancia política acapara toda la vida”.

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