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sin amparo

Trabajadores de la danza piden la aprobación de la ley nacional

Artistas locales buscan que el Estado financie las producciones y los reconozca y les dé cobertura como profesionales.


Después de tres intentos fallidos, el proyecto para que se apruebe la ley nacional de Danza será finalmente tratado en el Congreso. La iniciativa establece como punto central la profesionalización del baile y la promoción de financiamiento estatal para las actividades vinculadas. El proyecto perdió estado parlamentario dos veces y ahora se encuentra en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

En Rosario hay cerca de 1.300 alumnos que estudian danza en la escuela municipal “Ernesto de Larrechea” y el instituto provincial “Isabel Taboga”. Según explicaron a este diario, los profesionales del instituto provincial cobran un sueldo docente –que no incluye presupuesto para producciones no tienen licencias por giras y los insumos para el vestuario son costosos. Unas zapatillas de punta de baile cuestan alrededor de 4 mil pesos y se renuevan cada 15 días.

“Como trabajadores de la danza la ley representa la dignificación de nuestro trabajo. En la ciudad hay una ordenanza municipal de teatro y danza a la que no podemos acceder por no tener la ley en vigencia. Siempre tenemos que incluirnos en los subsidios desde el teatro, pero la danza tiene un valor cultural intangible y fugaz que hace necesario ese marco legal”, explicó a El Ciudadano Amalia Aguirre, bailarina y referente regional del colectivo que promueve la ley.

Trabajadores de la danza

El proyecto establece que los bailarines, coreógrafos, productores y docentes serán considerados como trabajadores de la danza. Ésta será objeto de promoción, estímulo y apoyo por parte del Estado. Para eso, se creará el Instituto Federal de la Danza (Ifda). Conducido por miembros del Poder Ejecutivo y seis representantes de la danza por región, el ente tendrá a cargo el apoyo financiero y la difusión de los artistas y espectáculos. El financiamiento se obtendrá de lo recaudado por el Estado a través de los “impuestos internos” y del impuesto a los juegos de azar.

También se creará un registro nacional de obras, circuitos de la danza para difusión, y una red de teatros y espacios amigos de la danza que comprometan parte de su programación a este tipo de actividades. El proyecto prevé la actuación de bailarines o grupos nacionales cuando se presenten espectáculos extranjeros, tal como lo regulado por la ley nacional de la Música. Además, promueve una línea de fondos y créditos para proyectos y apoyo financiero a espacios escénicos no oficiales.

“La ley de la Danza empezó a trabajarse en 2009. Convocaron a la comunidad de todo el país y la redacción del proyecto quedó centralizada en tres personas en Buenos Aires. Lo presentaron y nos fuimos sumando. En paralelo, se creó el Sindicato de Trabajadores de la danza, que integran profesionales del teatro Colón, del ballet de folclore y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea”, señaló Aguirre. En Rosario, la convocatoria surgió desde el Colectivo de Artistas del Movimiento (Cobai), que agrupa a bailarines y docentes de la región.

Aguirre dirige desde el año pasado el elenco de danza clásica del instituto provincial Isabel Taboga. En la escuela conviven cuatro elencos, integrados por seis bailarines y un director. El salario se establece en horas cátedra y no incluye presupuesto para producciones. Estos grupos son los únicos rentados y el staff se renueva cada dos años. La escuela municipal de danza también cuenta con tres ballets: clásico, español y folclore, pero el trabajo es ad honorem.

“La cobertura médica que tenemos es la misma que cualquier otro docente, pero exigimos el cuerpo desde otro lugar. No tenemos licencia si nos queremos capacitar o ir de gira. Muchas salas no están preparadas: carecen de un piso y un tapete especial. Los insumos que usamos son costosos: unas zapatillas de danza cuestan alrededor de 4 mil pesos. Una bailarina profesional debe renovar el calzado cada 15 días”, comentó la bailarina y docente.

Desde la institución advirtieron que en los últimos años creció el número de personas que se volcaron a la danza. La matrícula de 2017 fue de 150 ingresantes, cuando otros años apenas alcanzaba los 70. “Hay muchos grupos y academias de danza, pero son pocas las producciones debido al costo. Existen muestras a fin de año de las academias, pero durante el resto de los meses la producción es escasa en comparación con toda la gente que estudia danza”, explicó Aguirre.

En relación con la expectativa puesta en el tratamiento de la ley, el regente del instituto Tagoba, Pablo Ruíz Díaz, señaló que el contexto actual es desfavorable. “Es muy reciente lo que pasó con el instituto de cine (Incaa). Pero necesitamos la creación de un lugar concreto que desarrolle políticas específicas de financiamiento para que todas las regiones del país puedan tener acceso a estas posibilidades. Necesitamos políticas para el fomento de la actividad, para que el público pueda tener acceso y para que los profesionales puedan capacitarse”, concluyó el docente.

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