Política

Riesgos laborales

Trabajadores de la Ansés rechazan decreto sobre indemnizaciones por “aberrante”

El sindicato que los nuclea, el Secasfpi, que conduce Carlos Ortega, repudió este martes el decreto oficial 669/19 de recálculo de indmnizaciones por incapacidad laboral definitiva, muerte o enfermedades profesionales y lo calificó de "aberrante, regresivo e inconstitucional"


El Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), que conduce Carlos Ortega, repudió este martes el decreto oficial 669/19 de recálculo de indmnizaciones por incapacidad laboral definitiva, muerte o enfermedades profesionales y lo calificó de “aberrante, regresivo e inconstitucional”.

“La medida redujo el monto del pago indemnizatorio. El gremio lo repudia y rechaza por echar mano directamente al bolsillo de los trabajadores”, puntualizó un documento firmado por Ortega, de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT).

Ortega rechazó la justificación oficial ante “los recientes acontecimientos económico-financieros” y señaló que fueron “provocados” por “el propio Ejecutivo Nacional”.

“Los acontecimientos económico-financieros fueron provocados por el propio gobierno, en complicidad con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, puntualizó.

Ortega realzó el rol del gremio del personal de la Ansés en relación con la salud y la prevención de riesgos laborales con la publicación del libro “Trabajo y salud en puestos de atención al público”, sobre “riesgos psicosociales” de esos empleados.

“El sindicato trabaja hace años en la construcción de una cultura preventiva de la salud y seguridad en el trabajo, por lo que rechaza una decisión totalmente ilegal y contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales”, enfatizó.

Añadió Ortega que el decreto redujo “el precio de la vida de los trabajadores” y que “el nuevo ataque contra quienes resistieron las políticas regresivas, antipopulares y antinacionales y la obsesión extemporánea de flexibilizar relaciones laborales, rebajar salarios y jubilaciones, destruir empleo y convertir el país en factoría, tiene fecha de caducidad” y es “una pesada herencia de los ricos contra el pueblo”.

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