Los trabajadores del call center Hey Latam siguen la lucha en defensa de los 300 puestos de trabajo y ahora llevaron sus reclamos a las puertas de la sede de la Gobernación en Rosario exigiendo respuestas y rechazando la represión.
El conflicto laboral que ya lleva casi un mes y medio y todo indica que está lejos del resolverse, sumó un nuevo capítulo cuando los trabajadores del call center denunciaron en un comunicado al empresario Martín Stauffer, dueño de Hey Latam, que busca “la represión contra el acampe y la criminalización de las medidas que venimos tomando”.
Varias organizaciones de derechos humanos y referentes de la lucha contra la impunidad sumaron su apoyo a los trabajadores. El CEPRODH, Walter Valente de asociación Anahí, Héctor Medina, Asociación Ex Presos Políticos, Verónica Gauseño, Presidenta de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la diputada provincial del PS Lionela Cattalini, Ana Moro y Darío De Vicenzo, Ronda de Madres de Plaza 25 de mayo y Ángel Ochagavía, la legisladora porteña del PTS – FIT Myriam Bregman, la Asociación de Abogados Laboralistas, Hijos Rosario, exigieron al fiscal fiscal Aurelio Cicerchia que no se criminalice a los jóvenes y trabajadores que pelean por sus fuentes laborales y rechazaron cualquier tipo de resolución represiva.
En el comunicado, los empleados de Hey Latam manifiestan que el empresario se maneja desde la total ilegalidad: “Llevamos meses sin cobrar, no nos pagó el aguinaldo y dejó a cientos de familias, madres, padres y jóvenes sin trabajo. Pasamos Navidad y Año Nuevo en la calle. Martin Stauffer fue intimado por el Ministerio de Trabajo a cumplir con sus obligaciones patronales pero desoye a las autoridades. Incluso fue multado pero prefiere estar en falta e impulsar una salida represiva a este conflicto”.
Más adelante el documento se refiere a la actual situación de la empresa: “La crisis que dice tener (la empresa) es una mentira. Dentro del edificio mantiene en funcionamiento los servidores que utiliza para otra firma de su misma propiedad y que funciona con total normalidad, por eso buscan desalojarnos, criminalizando nuestro legítimo derecho a reclamar por los puestos de trabajo”. “¿Cómo puede acreditar una quiebra si además trabajamos todo el año?”, se preguntan.
Alarmante antecedente
Tanto los trabajadores como los organismos de derechos humanos, sociales y políticos que los acompañan solicitaron “el cese del tratamiento penal y reafirmaron la preocupación debido a que sería un alarmante antecedente contra los trabajadores que ejercen su derecho a defender sus puestos y salarios adeudados. No se puede responder con palos a quienes pelean por defender sus únicas fuentes de ingresos”.
Finalmente el documento señala que “el conflicto es de naturaleza laboral y resulta inaceptable que se avance en el fuero penal. Incluso se encuentra abierta una instancia en el Ministerio de Trabajo. Es inadmisible, y un peligroso precedente, que se dé lugar a una denuncia penal para dirimir un conflicto y atenta contra el derecho constitucional de los trabajadores a la protesta y a la defensa de los puestos de trabajo”.
Los trabajadores del call center, considerados esenciales durante la pandemia, enfrentaron desde hace tiempo suspensiones y despidos en lo que fue una lucha inédita para quienes se desempeñan en ese sector del mercado laboral. Ahora reclaman el pago de los haberes de diciembre y del medio aguinaldo y sobre todo contra el cierre y la quiebra que pretende el empleador para el despido masivo de sus trabajadores.
Presencia intimidatoria
En el inicio del conflicto en los primeros días de diciembre como forma de protesta los trabajadores de Hey Latam decidieron cortar calle Buenos aires al 1400 frente a las oficinas de la empresa. Como gesto de buena voluntad y para descomprimir la situación mientras esperaban avance en las negociaciones entre sus representantes, la directiva de la Asociación de Empleados de Comercio y los directivos de la empresa, decidieron levantar el corte el día previo a Navidad, decisión tomada tras una asamblea. Esto ocurrió al día siguiente de un despliegue policial que los presentes interpretaron y denunciaron como una intimidación; aunque de igual modo mantienen una carpa –ahora en la vereda– con una guardia rotativa, a modo de custodiar los bienes de la empresa, ante el temor a un vaciamiento de las que a la vez eran sus herramientas de trabajo, y visibilizar a la población sus reclamos.
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