Vecinos de la zona de 27 de Febrero y Colombres no tenían dónde vivir y ocuparon el predio que es parte del Refugio de Cristo, donde trabaja el sacerdote Joaquín Núñez. Fue así que hace más de dos semanas las tres familias se resguardaron en esta edificación, hasta que, ayer, llegó la orden de desalojo. Un episodio análogo ocurrió a metros de ese lugar pero con tres diferencias clave: una, que la ocupación comenzó mucho antes; otra, que involucró a unas 40 familias; y la última y más compleja, que todas refirieron que los lotes que ocuparon los “habían comprado de buena fe”. El dato, que sorprendió a la Justicia, la Policía y la Municipalidad, resultó corroborado por precarios boletos de compraventa “impresos en computadora” que les entregaron a cambio del pago por el espacio de tierra, según confirmó una fuente oficial, que además refirió que las familias habían pagado 4 y 5 mil pesos. Con ello el caso, que comenzó siendo tomado como algo no excepcional y vinculado a la trama social, desbarrancó en compleja trama delictiva: “Ahora se seguirá investigando quién o quiénes están detrás de la comercialización de estas tierras, debido a que es una estafa. Y luego se verá cómo se trabajará con la gente que hace más de 8 meses está ocupando lo que pensó que era «su» terreno”, explicó a El Ciudadano el titular de Control Urbano de la Municipalidad, David Sánchez.
“Estamos hablando de más de 40 familias, es un grupo muy grande”, advirtió Sánchez refiriéndose también a la dimensión de la maniobra. Pero eso no es lo peor: “De no haber sido por la denuncia de la ocupación del edificio del padre Núñez no nos hubiéramos enterado de la estafa a los demás vecinos con los terrenos vendidos”, admitió el funcionario municipal.
La denuncia del sacerdote recayó en el titular del Juzgado Correccional Nº 5 Carlos Rubén Leiva, quien ordenó el desalojo de la edificación donde trabajaba el religioso, operativo que anoche ya se había ejecutado. Pero a la par, el magistrado hizo algunas averiguaciones de oficio sobre la ocupación anterior y su trama, con mucho, más compleja. En ese marco, aunque ningún funcionario hizo referencia, se desprende que uno de los puntos a indagar es si ocurrieron o están ocurriendo episodios análogos en otras zonas de la ciudad. No lo fue, al menos, la ocupación al predio donde se levanta la obra de la monja María Jordán, quien marcó que el intento, ya desactivado, de loteo fue protagonizado por vecinos de la zona, algunos de los cuales asisten al centro comunitario o envían a sus hijos al jardín que forma parte de la obra.
“Dimos con la punta del ovillo. Ahora hay que terminar con la organización que toma terrenos en la ciudad”, marcó Sánchez, afirmando que Control Urbano y personal policial pusieron en marcha la investigación sobre quienes vendieron ilegalmente terrenos.
La oportunidad de un techo
El caso de Janet es doblemente dramático. La mujer, de 36 años, es uruguaya y llegó hace 6 con sus hijos tras correr una maratón en la ciudad. “Quería cambiar de vida y me gustó el lugar, por eso aproveché y me quedé”, expresó. Claro que la situación en Argentina no le ha sido fácil y si bien agradece haber tenido mucha ayuda de los vecinos que fue teniendo, sus chances parecen haberse evaporado. “Nunca imaginé terminar así, sin un lugar dónde estar con mi hijos”, lamentó. Asimismo, pidió ayuda para poder realizar su DNI argentino, ya que ella y sus cuatro hijos tienen uno uruguayo, a excepción del quinto, que nació en Argentina. “Sin un documento no puedo recibir ayuda, no puedo trabajar, no puedo hacer nada”, dijo.
Ante la llegada de agentes de Control Urbano, Janet mencionó que éstos los iban a ayudar con materiales siempre y cuando consiga un lugar dónde quedarse. “Por suerte una vecina me dijo que me iba a dar una partecita de su terreno, así puedo hacer una piecita para mis hijos, eso sería una bendición”, agradeció.
Por su parte, Yoana (20), junto a sus dos hijos, su hermano y su cuñada, también vieron la posibilidad de contar con un techo y llegaron a la edificación donde estaba trabajando el padre Núñez. “Hace dos semanas que estamos acá, vimos que esto estaba todo roto, con mucha mugre, así que aprovechamos y pudimos tener una casa por unos días. Sabíamos que en cualquier momento nos iban a venir a sacar, pero no nos vamos a ir hasta que nos den un lugar dónde vivir. Acá todos hablan pero hasta el mismo juez tiene su casa donde pasar la noche. Yo no me voy a ir con mis hijos a la calle”, sostuvo.
En ese marco, la secretaria de Promoción Social, Cecilia González, explicó que se entrevistó a cada una de las familias y más allá de que durante el fin de semana cada uno habitará en la casa de algún familiar, vecino o amigo, a esperar la semana que viene. “El lunes nos reuniremos en Promoción Social para estudiar cada caso y ver la ayuda que podemos brindarle”, se comprometió.
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