Luego de la confusa difusión y marcha atrás sobre el nuevo protocolo para abordar los abortos no punibles en efectores públicos, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, se convirtió ayer en blanco de cuestionamientos tanto de quienes respaldan la interrupción legal de ciertos casos de embarazos como de los sectores religiosos que rechazan tajantemente que se autorice esas prácticas en casi cualquier circunstancia.
Desde el radicalismo adelantaron que intentarán formalizar una convocatoria de Manzur al Senado para que fije postura en torno a la interrupción del embarazo y también dé explicaciones sobre la llamada Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, un protocolo destinado a los profesionales de los hospitales públicos que indica cómo atender los casos contemplados ya desde 1922 por el Código Penal como exentos de penalizaciones.
Lo que ocurrió es que, luego de que la guía fuera enviada a todo el país como resolución ministerial, con lo cual no era un catálogo de recomendaciones como el anterior documento de 2007 sino una serie de directivas de carácter obligatorio, Manzur salió a explicar que no había firmado el texto. Para aumentar la confusión, desde la cartera sanitaria indicaron luego que el protocolo de la discordia sigue vigente, pero sin especificar su grado de obligatoriedad ni su contenido final.
“El presidente de la comisión de Salud del Senado, que pertenece a nuestro bloque (José Cano), va a intentar una convocatoria para que el ministro Manzur dé explicaciones sobre este tipo de instrucciones que se estarían brindando”, aseguró el titular de la bancada radical en la Cámara alta, Gerardo Morales. Trascendió además que esa iniciativa era estudiada por senadores del resto de la oposición, quienes pretenden que el titular de la cartera sanitaria detalle la situación generada tras la publicación y la posterior aclaración.
Por su parte, la diputada radical María Luisa Storani consideró que “lo del ministro es una hipocresía”, ya que señaló que trabajó varios meses para ponerla en práctica en todos los hospitales y finalmente se “echó para atrás”. Una “política acostumbrada del kirchnerismo”, cargó las tintas la legisladora, quien conjeturó que “debe haber tenido presiones”.
En sentido inverso, el abogado católico Jorge Luis Vitale presentó una denuncia judicial contra Manzur por presunta “apología del delito, violación de los deberes de funcionario público e instigación a cometer delitos”.
En la presentación, que recayó en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, también fue acusado el “cuerpo de expertos del Ministerio de Salud” por el texto, que en rigor no hace más que formalizar los procedimientos para abordar los abortos “practicados por médicos matriculados y con consentimiento de la mujer encinta” que el Código Penal despenalizó en su artículo 86 –aunque con diferencias de interpretación– hace casi 90 años: cuando se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida “o la salud” de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, si el embarazo proviene de una violación, o si es consecuencia de un “atentado al pudor” cometido sobre una mujer “idiota o demente” (designaciones anacrónicas que quedaron en la letra del texto), en este caso con consentimiento de su representante legal.
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