El ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, detenido en una causa por juego clandestino, será formalmente acusado en una audiencia imputativa por el “archivo doloso” de una investigación que tenía en foco por contaminación ambiental a la firma Petroquímica Bermúdez. Se trata de otra presunta “protección” a empresarios, por lo que también está citado el propietario de la ex Electroclor, Sergio Taselli, su hermano Máximo, y su socio Matías Gallegos. El camarista Daniel Acosta ordenó que se lleve adelante la audiencia, que aún no tiene fecha, en la que también estará en el banquillo el fiscal adjunto de Estado Gustavo Luzzini. Se concretará así una instancia que estaba prevista para el pasado 23 de diciembre, pero la había impedido otro entuerto judicial.
El juez de Cámara Acosta avaló este lunes el pedido del fiscal Luis Schiappa Pietra que investiga el caso junto a su par Matías Edery. El tema surgió por una doble vía: por una parte la pesquisa sobre el fiscal, y por la otra la cuestión ambiental. El Taller Ecologista venía advirtiendo sobre esto último: “Nos llamaba la atención que con tantas pruebas no se avanzaba”, le había dicho una integrante de la ONG, Cecilia Blanco, al diario Síntesis, al dar cuenta de la “sorpresa” que les produjo que el nombre de Serjal estuviera involucrado en la cuestión: “No sabíamos que tenía injerencia en la causa”.
Todo surgió a partir de documentos judiciales que llevaban una numeración “Bis” en la pesquisa por juego clandestino que llevan adelante Schiappa Pietra y Edery. “Ya se había advertido en un decreto que había dictado Serjal que tenía unos numeración bis y que fue la famosa causa de los Toyota”, había explicado la fiscal regional María Eugenia Iribarren. Se refería así al escándalo que salpicó a Serjal tras haber archivado una causa contra el propietario de una concesionaria, en la que al poco tiempo compró dos autos, un Etios y un Corolla. “A partir de allí se nos pidió un informe sobre si era común esa numeración por lo cual nosotros hicimos una revisión del protocolo de resoluciones y detectamos otra resolución que tenía un número bis . En este caso es precisamente donde el fiscal regional le da una instrucción particular a un fiscal para que aplique un criterio de oportunidad en una causa en donde había contaminación ambiental, que es de interés público, por lo cual no sería de aplicación este criterio”, añadió.
Así, la investigación determinó que Serjal ordenó a un subordinado, el fiscal Juan Carlos Ledesma, actuar con criterios que no se condecían con la prueba colectada ni con la premura y riesgo que implicaba el caso.
Otro enredo
La audiencia prevista para antes de la Navidad de 2020 quedó suspendida por decisión del juez sanlorencino Eugenio Romanini, quien consideró que se trataba de una cuestión ya juzgada. Los fiscales recusaron al juez, y antes de fin de año la jueza de Cámara Georgina Depetris lo apartó al considerar acertado el criterio. La Fiscalía sostuvo que Romanini había tomado la decisión antes de analizar la evidencia y las argumentaciones, accionar que implicaba una pérdida de imparcialidad frente al caso.
La jueza Depetris coincidió en que el juez Romanini adelantó opinión de la causa, cuando los fiscales sólo le habían solicitado que fijara fecha para las imputaciones sin haber escuchado a las partes. Y ahora el juez Acosta completa el camino al aceptar el pedido de audiencia imputativa.
El magistrado fue contundente con la decisión de Romanini: “Es equivocada y errónea y va en contra de la Convención de Basilea y de la Constitución Nacional”. Y advirtió: “En el informe, los niveles de contaminación existentes realmente son patéticos y flagelantes, es decir hay un riesgo concreto y con el paso del tiempo el riesgo se va incrementando a niveles preocupantes”.
“El daño es inconmensurable y siempre parcial, nunca se puede haber dictado la extinción de la acción penal”, sostuvo el juez. “El daño se sigue produciendo día a día y cada vez es peor al anterior en relación al daño ambiental”, completó. Y volvió a cuestionar al juez sanlorencino: “Se apropió del conflicto y lo resuelve sin audiencia, quiero creer que lo hizo inadvertidamente”.
La “bomba ambiental”
En medio del entramado judicial está la cuestión de la Petroquímica Bermúdez. Inactiva desde 2013, es descrita como una “bomba ambiental” por el Taller Ecologista Rosario, que radicó varias denuncias y viene reclamando al gobierno provincial que actúe, ya que en las instalaciones del Cordón Industrial hay químicos peligrosos almacenados, contenidos que no se sabe dónde fueron a parar y restos en ductos, dispositivos de tratamiento y en el suelo. En 2018 la provincia hizo un acuerdo para el saneamiento de todo el predio, que se cayó por el incumplimiento de los privados, lo que terminó llevando el tema a la Justicia nuevamente.
En el centro de la escena está el empresario Sergio Taselli, quien supo tener buena relación con el ex presidente interino Eduardo Duhalde y, antes, intervenir en las privatizaciones de la década del 90. Entre otros negocios supo tener las minas de carbón de Río Turbio y la usina Sorrento en Rosario, hasta el frigorífico Santa Elena en Entre Ríos. En todos los casos el hilo conductor fue el mismo: máximo aprovechamiento de utilidades, mínimas inversiones, conflictos con trabajadores y cierres o abandono de las firmas.
El mismo esquema aplicó en Electroclor, con la que se quedó en 1994, un año después del intempestivo cierre de la firma por parte de sus propietarios de origen británico. Pocos años antes, la firma producía cloro y otros componentes químicos para abastecer el mercado interno y exportar. Electroclor había sido fundada en 1938 y en la década del 80 tenía unos 300 trabajadores, con esquema productivo que la convertibilidad 1 a 1 de los 90 había tornado inviable.
Taselli fundó entonces Petroquímica Bermúdez con sólo medio centenar de empleados, pero en 2008, informó su cierre en medio de un conflicto gremial y tras un fuerte temporal que dañó instalaciones y equipos que nunca habían recibido mantenimiento adecuado.
La resistencia de los trabajadores, que habían tomado la planta forzó que se retomara parcialmente la producción hasta que la seguridad ambiental lo tornó imposible. Y en 2013 abandonó definitivamente la fábrica, desierta desde entonces.
En septiembre de 2018, tras las denuncias por la situación ambiental, la Justicia allanó el predio y comprobó contaminación en curso y, como habían denunciado las organizaciones ambientalistas, un riesgo potencial incalculable.
“Por el tipo de producción que se llevó adelante allí, los residuos que hay son peligrosos y se tienen que aplicar la ley de residuos peligros de la provincia y de Nación”, había alertado el Taller Ecologista. “Lo único que queremos es que el plan de limpieza se reactive, que lo debe llevar adelante Taselli porque compró una empresa ya con sus contaminaciones”.
Según la ONG en la planta “hay mercurio en diferentes lugares, benceno, asbesto, dioxinas y furanos propios de los procesos que se llevaron allí, que son sustancias persistentes, de ahí el cuidado extremo que tienen que tener las empresas que lleven adelante la limpieza”.
Pero el acuerdo para el saneamiento firmado ese mismo año, se cayó al siguiente, y desde 2019 todo sigue igual, es decir, peor.
Ahora, la nueva audiencia judicial puede llegar a dar un nuevo impulso para desactivar la “bomba”.
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