Vecinos que forman parte de la Asamblea de Empalme Graneros anunciaron ayer que el gobierno provincial presentará un proyecto de expropiación sobre las 12 hectáreas de la zona noroeste de la ciudad que lindan con el cauce del arroyo Ludueña donde desde hace 30 años residen unas 3 mil personas sobre las que pendía una orden de desalojo. El predio en cuestión tiene 12 hectáreas y está ubicado en Sorrento hacia el sur, Cullen al oste, Campbell al este y en la parte norte la barranca del curso de agua. En 1984, cuando los primeros residentes –en su mayoría familias de carreros– ya habitaban allí, una empresa privada, la Compañía Santafesina de Tierras adquirió el suelo. Y más de una década atrás, cuando las obras de contención de inundaciones del Ludueña avanzaban, comenzó a reclamar judicialmente los terrenos, obteniendo una sentencia firme de desalojo que no se concretó, a la espera de una solución de consenso a la que tampoco se arribó hasta ahora.
En diálogo con El Ciudadano, Facundo Peralta, integrante de la organización Causa, que trabaja en el territorio, sostuvo que desde hace años buscan una solución para los vecinos y que en ese marco habían presentado un proyecto en la Legislatura a través del diputado Carlos del Frade, que incluso había logrado despacho en la comisión de Viviendas. Esa iniciativa contemplaba un fideicomiso en el que se obligaba a la empresa a vender las tierras, al Estado a hacerse cargo de las obras de urbanización del suelo, y a los vecinos a pagar una cuota mensual de 700 pesos por diez años.
“Para nosotros es una alegría enterarnos que el gobernador (Miguel Lifschitz) presentó un proyecto en la Legislatura de expropiación. Es una lucha que llevamos adelante durante muchos años”, agregó Peralta, quien descuenta que el oficialismo cuente con el consenso suficiente como para que el proyecto se apruebe.
Según explican los vecinos en un comunicado, desde hace 15 años más de 3 mil personas están en conflicto con la Compañía Santafesina de Tierras, la empresa que afirma ser la legitima propietaria.
En agosto de 2009 el actual gobernador Lifschitz, quien entonces era intendente de Rosario, remitió al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia la declaración de interés social y público para el predio en cuestión. A través de esa herramienta la Municipalidad se comprometió ante los vecinos a apoyar la gestión para evitar el desalojo hasta no tener una solución habitacional para ellos.
En agosto del 2010 se realizó una nueva audiencia donde, frente a los organismos del Estado, los ocupantes se comprometieron a garantizar la eventual operación de compra. La demandante manifestó su voluntad de vender si se llegaba a un acuerdo de precios y el Estado era garante. Para ello, los ocupantes ofrecieron afectar el 20 por ciento de sus ingresos a tal fin.
“El proyecto que presenta el Estado también incluye la autoconstrucción de viviendas, por lo que el anuncio que se va a hacer mañana (por hoy) a las 17 en la escuela Ortolani (Génova 3218), va a traer tranquilidad al barrio”, detalló la entidad vecinal.
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