Guillermo Correa
“Muchos nos quisieron ver por mucho tiempo así: firmando la rendición. Y hoy estamos firmando el futuro”. Así, indisimuladamente exultante, el ex concejal, dirigente y fundador del Partido Ciudad Futura Juan Monteverde estampó la firma en un papel, de pie sobre una mesa al aire libre y con un tractor y una tolva de fondo. Fue uno de los momentos culminantes –no el único– del acto que tuvo lugar ayer en ese escenario físico, el terreno del Tambo La Resistencia, y en un cardumen de pantallas virtuales en las que se podía ver a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa; a la secretaria de Integración Socio Urbana de esa cartera, Fernanda Miño; a la ministra de Infraestructura de la provincia, Silvina Frana, y al intendente de Rosario, Pablo Javkin. Todo estaban allí a la distancia virtual que impone la pandemia de coronavirus, para un anuncio descripto como histórico: el lanzamiento en la práctica del Programa para la Integración Socio Urbana de Barrios Populares, con epicentro en Rosario: es que de los 13 primeros territorios seleccionados para llevar adelante el plan el castigado Nuevo Alberdi se convirtió en su mascarón de proa.
“Después de años de lucha y resistencia, se firma el convenio por el cual Nuevo Alberdi se suma como uno de los 13 primeros seleccionados para comenzar la integración de barrios populares en Argentina. Desde el Tambo La Resistencia, en comunicación con Capital Federal”, había anunciado Ciudad Futura a los cuatro vientos, y la transmisión en vivo a través de Youtube de la ceremonia, que abrió la concejala Caren Tepp, reunió a miles de concurrentes.
El nombre formal completo del plan, que es Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, fue publicado apenas poco más de un mes atrás, el pasado martes 14 de julio, en el Boletín Oficial, a través de la resolución 52/2020 firmada por la ministra Bielsa. El objetivo primario del plan es financiar con fondos nacionales “proyectos de infraestructura urbana y mejoramiento del hábitat, tendientes a la integración de barrios y áreas urbanas vulnerables”.
Para cristalizar el programa donde hiciera falta se llevó adelante un vasto censo a nivel nacional, relevando las urgencias de muchos territorios a lo largo y a lo ancho del país. Esos barrios fueron incluidos dentro del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (Renabap), y a posteriori se abrió el juego a proyectos de urbanización que podían ser presentados no sólo por gobiernos provinciales o municipales sino también por asociaciones o cooperativas. Es que el plan tiene en uno de sus apartados principales el eje laboral: “contemplando las necesidades particulares de cada territorio, las obras que demanden deberán ser ejecutadas al menos en un 25% por organizaciones comunitarias y trabajadores de la economía popular, teniendo prioridad aquellas que realicen su actividad en los barrios a ser intervenidos”, se estableció en la resolución.
Y la integración, además deberá marcar como objetivos “garantizar el acceso de los habitantes de los barrios populares a los servicios básicos, la salud, el trabajo, la educación, el transporte y la seguridad, así como a una mejor infraestructura”.
No son las únicas improntas que le sumó Bielsa, arquitecta de profesión, al plan nacional tras su arribo a un ministerio nacional. También se estableció que los proyectos, tienen que tener “enfoque de género y diversidad” y tomar en cuenta entre otros puntos “la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares”. Y también la regularización dominial, que en todo el país tiene a maltraer a familias, en particular de sectores vulnerables, respecto a tierras que han ocupado por generaciones, pero de las que en no pocos terminaron expulsados.
Todas esas cuestiones no sólo reflejan la realidad y situación de Nuevo Alberdi, con un largo proceso de litigio entre desarrolladores urbanos privados y residentes, incluyendo el mismo tambo que fue escenario del lanzamiento.
Así lo hizo ver la propia ministra Bielsa: “Es muy bueno saber que esto llega de una manera construida desde el consenso. Nosotros estamos convencidos de que las leyes dan derecho, y que la mejor manera de vincularnos es estar todos juntos con la decisión de que se empiecen las obras en Nuevo Alberdi”.
La funcionaria nacional, que de hecho tiene un recorrido en el seguimiento del caso de franja del noroeste rosarino y de los conflictos que la han caracterizado en las últimas décadas, expuso su “enorme agradecimiento” a los propios vecinos de Nuevo Alberdi: “A todas y todos los que han habitado y preservado el suelo y la actividad productiva del lugar y pudieron construir un escenario de consenso trabajando con distintas autoridades municipales y gobernadores y con la Intendencia”.
En la conferencia, de la que también participaron el secretario provincial de Hábitat, Amado Abel Zorón; el subsecretario de Planificación del Hábitat de Santa Fe, Ignacio Rico; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, entre otros, se brindaron también los detalles del acuerdo, que se firmó con la asociación civil Instituto de Gestión de Ciudades (IGC), en representación de vecinas y vecinos de Nuevo Alberdi.
En este sentido, se proponen tres líneas de acción: ejecución de Proyectos de Obras Tempranas, complementarias y/o de asistencia crítica; servicios vinculados a la formulación y elaboración e implementación de un Proyecto Ejecutivo General para la Integración Socio Urbana.
Las obras de infraestructura, que ahora serán el paso práctico del acuerdo, están enmarcadas en la ley 27.453, que creó –y declaró de “interés público”– el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Esta norma, aprobada en octubre de 2018, surgió como resultado del decreto 358/2017 empujado por organizaciones sociales y cooperativas para crear un instrumento específico: éste es el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) base del todavía flamante Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares.
Con todo, el plan, cuya implementación concreta en proyectos y la ejecución presupuestaria de de estos, estarán monitoreadas por la Auditoría General de la Nación, tiene otros dos territorios santafesinos en vista: el barrio La Lagunita, en el extremo oeste de Rosario, y el barrio Playa Norte, en el límite norte de la ciudad de Santa Fe, sobre la costa de la laguna Setúbal.
En el primer caso una de las organizaciones que tallan es el Movimiento Evita, del que forma parte el subsecretario Ignacio Rico, y en el segundo la asociación civil Manzanas Solidarias, que se inició con la crisis de 2001-2002 en el barrio Guadalupe de la capital provincial, y que hace cuatro años atrás resistió el traslado de vecinos residentes, precisamente, en Playa Norte.
Choque al vuelo
La firma del convenio de este jueves tuvo como correlato una escaramuza en la red social Twitter. Allí escribió la concejala de Juntos por el Cambio Ana Laura Martínez se quejó a través del pajarito de que el intendente Pablo Javkin “avala la ocupación ilegítima del tambo de Monteverde (con tres instancias de desalojo para la Justicia) al participar hoy de un acto del gobierno nacional”. Y apuntó: “Una cosa es un pacto político y otra muy distinta un encubrimiento”.
A través de la misma red le contestó el propio Juan Monteverde, quien en forma bastante picante le recordó su todavía no tan lejano papel como legisladora nacional del PRO, cuando era oficialismo: “Pero Anita, vos cómo diputada votaste la ley de barrios populares que salvó al Tambo y a todo Nuevo Alberdi. Eso pusimos en marcha. Te lo agradecen lxs vecinxs que viven en ranchos de chapa al lado del country donde vivís vos. Ahora también van a ser propietarios de su tierra”.
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