El juicio por la verdad que se sigue por la denominada Masacre de Napalpí continuó ayer con las declaraciones testimoniales de investigadores, juristas y especialistas que se llevaron a cabo en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el predio de la ex-Esma, con el objetivo de “conocer y reconstruir” los hechos que determinaron este crimen colectivo perpetrado hace 98 años en Chaco contra las etnias qom y moqoit.
La audiencia comenzó pasadas las 9 y la jueza Zunilda Niremperger aclaró que el objetivo del debate es “reconstruir y conocer la verdad histórica” a través de la prueba aportada por la fiscalía sobre esta matanza perpetrada el 19 de julio de 1924 en la zona central de Chaco, que por entonces era un Territorio Nacional.
En esa jornada, un centenar de efectivos de la Gendarmería junto con personal civil que contó incluso con el apoyo de aviones artillados, atacaron a integrantes de estas comunidades causando la muerte de más de 300 personas.
“Este juicio oral y público también se propone probar que el Estado hizo luego esfuerzos para acallar estas matanzas. Los procesos de la verdad no tienen finalidad sancionatoria penal, sino que pretenden recuperar la memoria y visibilizar a los pueblos que fueron victimizados”, remarcó la magistrada.
Sometimiento, control y disciplinamiento en las reducciones
En la jornada brindaron sus testimonios el sociólogo Marcelo Musante, el historiador Nicolás Íñigo Carrera, la antropóloga Lena Dávila, el historiador Alejandro Covello, las archivistas Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaule y el arquitecto y antropólogo Carlos Salamanca.
Musante se centró en describir “el sistema de reducciones que se implementó por el Estado entre 1911 y 1956 que contó con cuatro” demarcaciones de este tipo. “Una de ellas era la de Napalpí, que se basaba en un sistema de sometimiento, control y disciplinamiento de las comunidades indígenas”, destacó.
“Hubo momentos en los cuales hubo 7000 personas viviendo en las reducciones. Los aborígenes que estaban afuera de las reducciones eran sujetos de ser detenidos como parte de acciones militares. Eso explica por qué las comunidades preferían a veces ir a esas reducciones. En Napalpí había fuerzas apostadas dos meses antes de la masacre. Fue un hecho planificado”, fundamentó Musante.
El historiador reveló un documento de 1925 llamado Reglamento para el personal de las reducciones de indios que “redefine la mirada sobre el indígena”.
Habló también sobre el “administrador (de la reducción), a quien define como la primera autoridad” que actuaba también “como juez y comisario”.
“Por otra parte, los sujetos indígenas eran castigados, estaqueados pero no sabían por qué ya que ni siquiera conocían estos reglamentos”, añadió. Además, mostró una planilla de administración de Napalpí, en la cual se observa una “estructura burocrática para controlar el trabajo de los indígenas”.
El historiador expuso también listados de los sujetos que eran expulsados de las reducciones y calificados como “espías, ineptitudes completas para el trabajo o inadaptables porque tenían tuberculosis”.
Los objetivos de las reducciones eran “económicos, y el disciplinamiento de la población indígena mientras se producían las colonizaciones, entre otros”.
Animales, vegetales e indígenas eran puestos en un mismo plano
A su turno, Carrera analizó la masacre desde el punto de vista “económico y social y el proceso histórico en el que se produjo” y las acciones militares emprendidas contra las comunidades originarias que poblaban las regiones de Chaco y Formosa.
“También se discute en las campañas militares sobre quién es el mejor trabajador que se puede conseguir entre los indios que eran capturados. Hay estudios detallados de los territorios que se van conquistando. Le daban importancia a los recursos naturales de la zona. Se ponían en un mismo plano a los animales, los vegetales y los indígenas”, describió.
La antropóloga Dávila declaró luego que “hacia 1920 la cosecha del algodón comenzó a competir con la industria azucarera” y hubo “presiones de los propietarios sobre los indígenas con lo cual también se vieron perjudicadas sus condiciones laborales”.
A lo que se sumaron medidas que “comenzaron a molestar a los indígenas, que armaron un campamento donde también se generó una protesta” y ahí “el gobernador (Fernando) Centeno, un mes antes de la masacre, decide eliminar la quita pero luego un mes más tarde fueron asesinados los que se encontraban protestando”.
Leyó también la declaración de Rosa Grillo, la última sobreviviente de la Masacre de Napalpí que tiene 114 años, y la especialista añadió que “los números oficiales de las víctimas son menores a los reales”.
Un hecho fundante: un avión como armamento de guerra sobre el territorio
Luego de un cuarto intermedio de media hora, declaró Covello quien afirmó que Napalpí fue “un hecho fundante porque fue la primera vez que se utilizó un avión como armamento de guerra sobre nuestro territorio”.
“La misión que tenían era de escarmiento, de castigo y de sembrar el terror. Era además el procedimiento menos costoso porque permitía evitar la pérdida de vidas blancas”.
Y lo ejemplificó con diapositivas donde “en un mural del Chaco se observan mujeres y niños rezando y un avión arriba, que arroja algo que parecen caramelos pero tienen fuego detrás”.
Además puso a disposición una carta de Centeno felicitando al aeroclub, tras la masacre.
A su turno, Eva Mariana Nazar Gaule, quien participó de la recopilación de la documentación vinculada a la causa, se explayó sobre “los registros estatales” pertinentes y la importancia de los mismos.
En tanto, el jueves declarará la antropóloga Silvina Turner, la documentalista e investigadora Valeria Mapelman, el antropólogo Héctor Trinchero, el profesor y doctor en Historia Mariano Nagy, la antropóloga Diana Lenton y, por último, Eugenio Zaffaroni.
El juicio oral a cargo del Juzgado Federal 1 comenzó el pasado 19 de abril, Día de la reafirmación de los derechos de Pueblos Originarios, en Resistencia, y ya lleva cuatro jornadas realizadas a la fecha, con audiencias semanales.
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